Estudios de precios de transferencia en El Salvador

Las reglas de Precios de Transferencia tienen como fundamento el cumplimiento del principio arm´s Length (en su acepción inglesa) o plena competencia, el cual se materializa en virtud del apartado del art. 9 del Modelo de Convenio Tributario de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Este sirve de base para los tratados bilaterales y multilaterales para evitar la doble imposición que se suscriben en materia tributaria y que se replica según el punto 1.6 de los “Lineamientos en materia de precios de transferencia para empresas multinacionales y administraciones tributarias” elaborado por OCDE.

El objeto del Principio de Plena Competencia es tratar a los miembros de un grupo multinacional como empresas independientes en lugar de como partes inseparables de una sola empresa unificada, con la finalidad de prevenir esquemas elusivos que disminuyan la tributación de diferentes jurisdicciones.

Ahora bien, en la legislación salvadoreña, según lo establece el art. 62-A del Código Tributario, los contribuyentes están obligados a determinar los precios y montos de las contraprestaciones considerando, para esas operaciones, los precios de mercado utilizados en transferencias de bienes o prestaciones de servicios de la misma especie, entre sujetos independientes, cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes:

    1. Existan operaciones entre sujetos relacionados;
    2. Existan operaciones con sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en países, estados o territorios con regímenes fiscales preferentes, de baja o nula tributación o paraísos fiscales.

Debemos traer a colación que, en 2014 mediante Decreto Legislativo número 763 del 31 de julio de 2014, publicado en el Diario Oficial de esa misma fecha, se reformó el art. 62-A del Código Tributario señalando, en su inciso segundo, que para efectos del cumplimiento de la obligación de determinar los valores de las operaciones a precios de mercado, se utilizarían los procedimientos y métodos técnicos contenidos en el Código Tributario y los lineamientos sobre Precios de Transferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, señaló que dichos lineamientos también eran aplicables a la Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades, efectuando, en su caso, la determinación de precios de mercado correspondiente y los ajustes impositivos respectivos.

No obstante, esta reforma fue declarada inconstitucional mediante las sentencias con referencias 96-2014 del 28 de mayo de 2018, y 126-2014, del 12 de diciembre de 2018.

Como producto de lo anterior, a la fecha, la legislación nacional no establece una obligación que señale directamente la necesidad de contar con un Estudio de Precios de Transferencia, sino que, únicamente establece la obligación de los contribuyentes (en cualquiera de las situaciones antes descritas) de establecer sus precios y contraprestaciones a valor de mercado.

Por su parte, el criterio que actualmente sostiene la Administración Tributaria es que los contribuyentes pueden continuar utilizando las directrices yécnicas de la OCDE, lo cual se confirma con el contenido de la Guía de Orientación para Facilitar la Determinación de Precios de Transferencia (Guía de Orientación No. DG-001/2018), de fecha 21 de marzo de 2018, que retoma la metodología de la OCDE. La citada guía regula los métodos siguientes:

    1. Método de precios comparable no controlado;
    2. Método de precio de reventa;
    3. Método de costo adicionado;
    4. Método de margen neto de la transacción;
    5. Método de partición de utilidades.

Sin embargo, si la Administración Tributaria cuestiona la determinación de Precios de Transferencia, no podría utilizar la Metodología de la OCDE, sino que deberá aplicar lo regulado en los artículos 199-A y 199-B del Código Tributario, los cuales regulan la potestad de la Administración Tributaria de estimar la base imponible de los impuestos, si por cualquier razón el precio de transferencia de bienes muebles o el monto de la remuneración de los servicios no fueren fidedignos o resultaren diferentes al precio corriente de mercado.

Finalmente, debemos señalar que según lo establece el art. 124-A del Código Tributario, existe la obligación de informar sobre operaciones con sujetos relacionados o sujetos domiciliados constituidos o ubicados en países, Estados o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales, siempre que tales operaciones sean en forma individual o conjunta o sean iguales o superiores a USD $571,429.00. Dicho informe debe presentarse ante la Administración Tributaria dentro de los primeros tres meses siguientes de finalizado el ejercicio fiscal.

Ante el incumplimiento de esta obligación formal, según el art. 244 del Código Tributario se podría recibir una sanción equivalente a multa del 0.5% sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de activos no realizado, la que no podrá ser inferior a tres salarios mínimos mensuales (USD $1,095.00).

A modo de conclusiones, podemos señalar los puntos siguientes:

    1. La legislación salvadoreña no impone la obligación de contar con un Estudio de Precios de Transferencia, pero sí la obligación de establecer precios y contraprestaciones a valor de mercado, y para tal efecto, los contribuyentes pueden utilizar las directrices técnicas de la OCDE. Ante un incumplimiento de esta obligación, la Administración Tributaria puede determinar si dichos precios están o no de acuerdo con valores de mercado, de acuerdo a la regulación del Código Tributario.
    2. Si estas operaciones superan el monto de USD $571,429.00, deberá emitirse un informe a la Administración Tributaria, de lo contrario, estaríamos ante una infracción sancionable con multa del 0.5% sobre el patrimonio o capital contable que no podrá ser inferior a tres salarios mínimos mensuales (USD $1,095.00).

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