La prevención de delitos ambientales se ha convertido en una prioridad para las empresas que operan en Centroamérica. Como es de amplio conocimiento, las constituciones políticas de los diferentes países, entre ellos los del Istmo Centroamericano, garantizan a todos los ciudadanos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y para la satisfacción de sus necesidades.
Ese derecho, hoy, se traduce en obligaciones concretas para el sector privado: quien contamina responde, tanto en el plano administrativo como en el penal.
I- El marco internacional de protección ambiental
El avance tecnológico y la industrialización han degradado el medio ambiente natural, que continúa siendo amenazado. Por esa razón, los Estados han aprobado instrumentos legales orientados a su protección, tanto en el ámbito interno como en el internacional.
En el plano internacional destaca la suscripción y ratificación de tratados y convenciones mediante los cuales los Estados se comprometieron a adoptar medidas para preservar el medio ambiente natural y para enfrentar los efectos devastadores del cambio climático, que afecta gravemente a los países centroamericanos.
Entre esos instrumentos internacionales destacan los siguientes:
- Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
- Protocolo de Kioto.
- Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.
- Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
- Acuerdo de París.
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Estos tratados y convenciones sirven como marco para que los países aprueben leyes y adopten medidas de protección ambiental.
II- Buen gobierno corporativo y estándares ISO
Asimismo, no deben olvidarse los principios de buen gobierno corporativo de la OCDE y del G20, ni los estándares internacionales sobre compliance creados por la Organización Internacional de Normalización (ISO), principalmente la norma ISO 14001:2015.
Esta norma recomienda la gestión ambiental como elemento clave dentro de la estrategia empresarial y resalta la necesidad de comprender el contexto ambiental y su impacto en la organización.
La norma también destaca el liderazgo. En consecuencia, la alta dirección debe adoptar decisiones para que la gestión ambiental se integre en la realización del negocio, en procura de un uso racional y sostenible de los recursos naturales.
El objetivo es prevenir los impactos ambientales negativos. Para lograrlo, la ISO 14001 recomienda implementar un sistema de evaluación del desempeño ambiental, mediante indicadores que permitan obtener resultados medibles.
III- Sanciones administrativas y penales en Centroamérica
Frente a los graves daños que está causando el cambio climático, la contaminación y la deforestación, y atendiendo a las exigencias y recomendaciones de los instrumentos internacionales, los Estados —entre ellos los de Centroamérica— han aprobado leyes de naturaleza administrativa y penal para combatir los ilícitos y los delitos ambientales. Algunas de esas legislaciones admiten, además, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Los ilícitos administrativos se sancionan principalmente con multas. En el caso de los delitos, las consecuencias son considerablemente más severas:
- Penas de prisión y multas;
- Suspensión de las actividades en las cuales se produjo el delito;
- Clausura de locales y establecimientos;
- Prohibición de realizar en el futuro las actividades en las que se cometió el delito;
- Prohibición de contratar con el sector público.
IV- Por qué su empresa necesita un programa de cumplimiento ambiental
Cabe resaltar que la responsabilidad penal de las personas naturales y jurídicas se admite tanto en los delitos dolosos como en los imprudentes o culposos. Por tanto, resulta fácil incurrir en responsabilidad penal cuando, por un descuido o por infringir el deber de cuidado, se contamina el ambiente.
Como puede apreciarse, resulta evidente la necesidad que tienen las empresas de implementar programas de cumplimiento que les permitan identificar, evaluar y gestionar los riesgos inherentes a su giro comercial.
Para ello es necesaria la implementación de políticas y controles internos que abarquen, entre otros aspectos:
- El manejo adecuado de residuos no especiales, peligrosos y clínicos, así como de aguas residuales;
- Los requerimientos y la frecuencia con la que deben realizarse los análisis de DQO y DBO;
- Las emisiones dentro de los parámetros de la norma, junto con los requerimientos y la frecuencia de las mediciones;
- El control de sustancias agotadoras de la capa de ozono;
- Las licencias ambientales, tanto para la operación del negocio como para el almacenamiento de agroquímicos y sustancias químicas;
- La adopción de buenas prácticas en la producción;
- Los programas de comunicación y capacitación dirigidos a la organización y a las partes relacionadas;
- Las acciones para reducir la vulnerabilidad ambiental y favorecer la adaptación al cambio climático.
Estos controles buscan prevenir la contaminación de los suelos, el aire y las aguas, la tala ilegal de árboles y la propagación de enfermedades y plagas. Con ello, la empresa evita ser objeto de sanciones administrativas o penales, y las graves consecuencias que estas representarían.
V- Conclusión
En definitiva, la prevención de los delitos ambientales es un tema de trascendental importancia para las organizaciones, porque involucra riesgos que afectan directamente la sostenibilidad y la continuidad del negocio.
Si desea evaluar el nivel de cumplimiento ambiental de su organización, nuestro equipo puede acompañarle en el diseño y la implementación de un programa de prevención de delitos ambientales ajustado a su giro comercial y a la legislación de cada país de la región.