En 1989, Honduras ratificó el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, mejor conocido como el Convenio CIADI. Con ello, nuestro país se incorporó a una comunidad internacional de naciones que entendieron que la atracción de inversión extranjera requería algo más que incentivos fiscales o estabilidad macroeconómica: requería confianza.
I- El CIADI: un foro neutral para la inversión
El CIADI nació bajo los auspicios del Banco Mundial con el propósito de crear un foro neutral, especializado y confiable para resolver disputas entre inversionistas y Estados. La lógica era sencilla. Quien decide invertir millones de dólares en una jurisdicción extranjera necesita saber que, si surge una controversia con el Estado receptor, contará con un mecanismo independiente para hacer valer sus derechos. A su vez, los Estados también se benefician de un sistema que permite resolver diferencias mediante reglas jurídicas y no mediante presiones políticas o diplomáticas.
Durante muchos años, la participación de Honduras en el sistema CIADI pasó prácticamente inadvertida. El país no era un protagonista relevante dentro del arbitraje internacional de inversiones. Los reclamos eran escasos y, en términos generales, la comunidad inversionista percibía a Honduras como una jurisdicción que, con sus fortalezas y debilidades, respetaba razonablemente los compromisos asumidos frente a los inversionistas extranjeros.
II- Una cultura arbitral construida en Honduras
Paralelamente, Honduras fue construyendo una importante cultura arbitral interna. La aprobación de la Ley de Conciliación y Arbitraje en el año 2000 representó una de las reformas jurídicas más exitosas de las últimas décadas. Gracias a ella, cientos de controversias comerciales dejaron de depender exclusivamente de los tribunales ordinarios para ser resueltas por árbitros especializados, mediante procedimientos más ágiles, eficientes y técnicamente sofisticados.
Lo que inicialmente fue visto con cierto escepticismo por parte de algunos sectores jurídicos terminó convirtiéndose en una realidad incuestionable. Hoy resulta difícil imaginar sectores como la construcción, la banca, la energía, las telecomunicaciones o los grandes proyectos de infraestructura sin la existencia de mecanismos arbitrales.
La experiencia hondureña demuestra que el arbitraje no debilita las instituciones. Por el contrario, las fortalece. Genera confianza, promueve el cumplimiento de las obligaciones contractuales y reduce la incertidumbre jurídica que inevitablemente afecta la actividad económica.
III- El giro de la última década
Sin embargo, la realidad comenzó a cambiar durante la última década. Honduras empezó a experimentar un aumento sostenido en el número y la complejidad de las reclamaciones internacionales. Algunas tuvieron su origen en conflictos regulatorios; otras en controversias derivadas de contratos estatales; y otras más en decisiones administrativas y judiciales que inversionistas extranjeros consideraron incompatibles con los estándares de protección establecidos en tratados internacionales.
La situación alcanzó niveles particularmente sensibles a partir de los conflictos derivados de la derogación del régimen de las ZEDE, de las controversias relacionadas con proyectos energéticos y de diversas reclamaciones en las que se alega la utilización indebida de instituciones estatales, en especial el Poder Judicial, para afectar derechos de inversionistas protegidos por tratados internacionales.
IV- El caso Próspera y la salida del CIADI
Dentro de este escenario destaca el reclamo promovido por los desarrolladores de Próspera, cuya cuantía anunciada generó una enorme preocupación nacional, no solamente por el monto involucrado, sino por el mensaje que transmitía a la comunidad financiera internacional respecto de la seguridad jurídica en Honduras.
Frente a esta realidad, el Gobierno de la República, en ese momento, optó por una estrategia que ya había sido observada en otras jurisdicciones latinoamericanas. En lugar de fortalecer los mecanismos institucionales de resolución de controversias y atender las causas estructurales que estaban generando los reclamos, decidió denunciar el Convenio CIADI y abandonar el principal foro internacional de arbitraje de inversiones.
La premisa parecía sencilla: si Honduras abandonaba el CIADI, disminuirían los reclamos internacionales. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra exactamente lo contrario.
V- Salir del CIADI no reduce los reclamos
La denuncia del Convenio no elimina los tratados internacionales de inversión, no extingue los derechos ya adquiridos por los inversionistas y tampoco impide que controversias futuras sean sometidas a otros mecanismos arbitrales internacionales. Lo único que realmente produce es un mensaje de incertidumbre que suele ser interpretado negativamente por los mercados y por los inversionistas potenciales.
La historia reciente de Bolivia, Ecuador y Venezuela demuestra que abandonar el sistema CIADI no elimina la responsabilidad internacional del Estado ni evita que continúen presentándose reclamaciones multimillonarias. Lo que sí genera es una percepción de hostilidad hacia la inversión que termina aumentando el costo financiero y reputacional de los países que adoptan ese tipo de decisiones.
Hoy, cuando Honduras necesita más inversión privada, mayor crecimiento económico, mejor infraestructura y más generación de empleo, resulta válido preguntarse si el retiro del CIADI realmente contribuyó a alcanzar esos objetivos o si, por el contrario, profundizó la percepción de riesgo jurídico que enfrenta el país.
VI- El retorno al CIADI: una apuesta por la seguridad jurídica
Por esta razón, el retorno de Honduras al CIADI no debe entenderse como una renuncia a la soberanía nacional. Tampoco como una subordinación a intereses extranjeros. Debe verse como una manifestación de confianza en el Estado de Derecho, en la capacidad de nuestras instituciones para actuar conforme a la ley y en la voluntad del país de cumplir los compromisos internacionales que libremente ha decidido asumir.
Después de más de dos décadas de experiencia con la Ley de Conciliación y Arbitraje, los hondureños hemos comprobado que el arbitraje no es una amenaza. Es una herramienta de desarrollo. Y si hemos aceptado esa realidad en el ámbito comercial interno, resulta difícil justificar que rechacemos los mismos principios cuando se trata de proteger la inversión internacional que tanto necesita nuestra economía.
El debate sobre el retorno al CIADI no es un debate sobre ideologías. Es un debate sobre confianza, seguridad jurídica y desarrollo. Y en ese debate, la experiencia acumulada por Honduras durante los últimos treinta años parece ofrecer una respuesta cada vez más clara.