El Régimen de Zonas Francas en Costa Rica para empresas de servicios es uno de los principales instrumentos de atracción de inversión extranjera del país. Se trata de un régimen especial de incentivos fiscales y aduaneros que otorga el Poder Ejecutivo a empresas que cumplen con los requisitos, condiciones y obligaciones normativas, y cuyo otorgamiento final responde a una valoración discrecional del gobierno sobre el impacto económico del proyecto en el país.
Dentro de estas condiciones, la normativa no establece requisitos generales de infraestructura mínima —salvo los controles generales— ni un metraje mínimo del área de operación. Sin embargo, sí establece y regula otras obligaciones, como el cumplimiento de una inversión mínima en activos, la ejecución de una actividad aprobada y la generación de empleo.
El criterio de COMEX sobre áreas de operación mínimas
En este contexto, el 19 de marzo de 2026, la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) emitió el oficio DAL-COR-CAE-0019-2026, en el que se analiza la viabilidad de autorizar áreas de operación de cinco metros cuadrados (5 m²) o menos para empresas de servicios bajo el Régimen de Zonas Francas.
El criterio concluye que, aunque no existe una prohibición expresa, una oficina de estas dimensiones podría resultar incompatible con obligaciones sustantivas del régimen, tales como la ejecución real de la actividad, la posibilidad de una fiscalización efectiva, el cumplimiento de los estándares de salud ocupacional y la acreditación de sustancia económica.
La realidad virtual de las empresas de servicios
No obstante, este análisis debe realizarse a la luz de la realidad actual de los negocios y apartándose de la premisa de que la operación empresarial se desarrolla principalmente en un espacio físico tradicional.
El Régimen de Zonas Francas —especialmente para las empresas de la categoría de servicios— ha evolucionado junto con el contexto global hacia modelos operativos en los que el teletrabajo, la virtualidad y los espacios de coworking son la norma y no la excepción. Las empresas operan en entornos altamente digitalizados, con equipos distribuidos, modelos híbridos y un uso intensivo de herramientas tecnológicas. El “lugar de operación” ya no es necesariamente un espacio físico, sino una combinación de infraestructura digital, talento humano y procesos.
En la práctica, las autoridades (por ejemplo, PROCOMER y Aduanas) ya han adaptado sus mecanismos de control a esta realidad, e incluyen inspecciones que no dependen exclusivamente de la presencia física continua en un espacio determinado.
En este sentido, la pregunta relevante no debería centrarse únicamente en el tamaño del área, sino en si la empresa cumple efectivamente con las obligaciones del régimen: si genera empleo, realiza una actividad sustancial, mantiene controles adecuados y produce un impacto económico en el país.
Esta situación cobra aún mayor importancia en un entorno competitivo en el que Costa Rica enfrenta mayores presiones: altos costos laborales, cargas sociales significativas y una apreciación cambiaria que encarece la operación en dólares, mientras que otros países de la región continúan fortaleciendo su capital humano y sus condiciones de inversión.
En este escenario, imponer dificultades adicionales podría restar competitividad al país, lo que impactaría directamente en la disponibilidad de empleos.
En el caso de las operaciones fuera de la GAM, en las que los beneficios buscan generar un impacto económico real en áreas específicas del país, la preocupación de COMEX resulta válida. Sin embargo, si los modelos de servicios son cada vez más virtuales, ¿debe limitarse su acceso, adaptarse la normativa o permitirse su ingreso bajo condiciones equivalentes a las aplicables fuera de la GAM?
El reto, entonces, no es definir un metraje mínimo, sino asegurar que el régimen continúe cumpliendo su finalidad: atraer inversión real, sostenible y alineada con las necesidades nacionales, en línea con la evolución de los modelos de negocio globales.