Sistema tributario guatemalteco

Escrito por:

Alfredo Rodríguez

 

Como corresponde, el sistema tributario guatemalteco tiene como punto de partida las disposiciones constitucionales. La Constitución Política de la República establece principios que tienen implicación fiscal en diversas disposiciones. Inicia con el deber ciudadano de contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley[1]Esta disposición contiene lo que se conoce como el principio de generalidad en la que todos los guatemaltecos están llamados a sufragar los gastos públicos a través del pago de los diferentes tributos. En teoría, la única excepción a dicho deber es la capacidad contributiva.  De forma tal que no estaría obligado a contribuir aquella persona que carezca de capacidad para el pago de los tributos. 

 

Desde la perspectiva del estado, se establece que corresponde al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación[2]La misma disposición se encuentra contenida en el capítulo del Régimen Financiero que establece el principio de legalidad en materia tributaria que indica[3]: corresponde con exclusividad al Congreso de la República, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo con la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación.

 

El mismo principio de legalidad contempla lo que se conoce como preferencia de ley, el que reconoce que son nulas las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo.  También establece el alcance del reglamento tributario indicando que las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concreten a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación.

 

El principio de legalidad, además de la reserva y preferencia de ley reconoce que los tributos deben adecuarse a la equidad y justicia tributaria, principio que, si bien no está desarrollado, se ha interpretado como un límite adicional a la facultad de decretar impuestos, arbitrios y contribuciones.

 

En la forma que está redactado el principio de legalidad, el mismo comprende:

  1. Reserva de ley: tributos y bases de recaudación deben estar contenidos en ley
  2. Preferencia de ley: cualquier disposición que contradiga o tergiverse lo contenido en ley es nula de pleno derecho
  3. Principio de equidad y justicia tributaria
  4. Limitación al contenido reglamentario tributario

Otro principio esencial en materia tributario es el principio de capacidad de pago[4], el cual, declara que el sistema debe ser justo y equitativa.  Para el efecto las leyes tributarias serán estructuradas conforme el principio de capacidad de pago.

 

La capacidad de pago se ha entendido como la aptitud económica del contribuyente para cumplir con el deber de contribución a los gastos públicos.  Esta aptitud es medida por reveladores de capacidad que se clasifican en directos e indirectos.  Los directos revelan una capacidad indubitable (las utilidades, por ejemplo) y los indirectos presuponen la existencia de capacidad, tal el caso de los ingresos, los activos y el consumo.  Si el contribuyente tiene ingresos, activos o si consume, se presume la aptitud económica; sin embargo, puede que en la realidad carezca de dicha aptitud (por ejemplo, que tenga más gastos que ingresos, que la adquisición de activos o consumo se haga con dinero prestado)

 

En la misma norma donde se establece el principio de capacidad de pago, se fijan dos (2) prohibiciones constitucionales.  La prohibición a los tributos confiscatorios y la prohibición a la doble o múltiple tributación. 

 

La prohibición a la doble o múltiple tributación se tipifica cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo, es gravado dos o más veces, por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o período de imposición.  Estas características de la doble o múltiple tributación están claramente señaladas en la norma constitucional.

 

Por el contrario, no hay una referencia directa a qué debe entenderse por tributo confiscatorio.  La Constitución Política de la República en otra disposición sí establece cuando una multa tiene el carácter de confiscatorio.  Al respecto se regula que se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias.  Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido.

 

En este caso vemos que el parámetro constitucional para determinar si una multa es confiscatoria es si la misma excede del valor del impuesto omitido.  En el caso del tributo confiscatorio, se ha considerado que el mismo será confiscatorio, si se sustrae una parte importante del patrimonio del contribuyente. Otros países a través de normas legales o fallos judiciales han fijado parámetros para determinar el momento en que el tributo es confiscatorio, en Guatemala no existe dicho parámetro.

En posteriores artículos continuaremos desarrollando el sistema tributario guatemalteco.

 

 


[1] Literal d), artículo 135 Constitución Política de la República (CPR)

[2] Literal c., artículo 171 CPR

[3] Artículo 239 CPR

[4] Artículo 243 CPR

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