El Salvador: Sentencia de la Sala de lo Constitucional que resuelve la controversia 8-2020

Escrito por:

Diego Rivera

En fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitió resolución de las once horas con treinta y seis minutos, en donde resolvió la controversia generada entre la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República.

 

Dicha controversia fue provocada por el veto emitido por el Presidente de la República, en contra de los artículos 16 y 17 del Decreto Legislativo número 661, aprobado por la Asamblea Legislativa en fecha doce de junio de dos mil veinte, que traía aparejada una vigencia temporal hasta el siete de septiembre del presente año. Dicho Decreto Legislativo contiene la Ley especial de emergencia por la pandemia COVID-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura de la economía.

 

Como uno de los puntos medulares del mencionado Decreto Legislativo, se encuentran la declaratoria del estado de emergencia por un periodo de quince días, y a reapertura controlada de la economía, sin embargo, al ser vetado, la presidencia de la República emitió diferentes Decretos Ejecutivos que regularon dicha reapertura por etapas, mismos que fueron declarados inconstitucionales por parte de la Sala de lo Constitucional.

 

Ahora bien, como resultado de la resolución a la que se ha hecho referencia, se concluyó que el Decreto Legislativo número 661 es constitucional, en razón que la misma respeta los límites constitucionales para la declaratoria del estado de emergencia, con lo cual se faculta una reapertura gradual, ya que la misma constituye una limitación a la libertad de circulación, que como ha establecido el tribunal Constitucional, únicamente es posible ejecutarlo por medio de una ley.

 

Como consecuencia  de dicha decisión, se presentó un problema temporal, en virtud de los diferentes instrumentos que han regulado la reapertura gradual de la economía, misma que se presenta en el siguiente cuadro:

Dentro de dicho cuadro comparativo la Sala de lo Constitucional resalta dos similitudes:

 

  1. El margen temporal que existe entre cada uno de ellos.
  2. Los sectores que se permitían en cada una de las fases, ya que las diferencias que existen entre los Decretos Ejecutivos y el Decreto Legislativo son meramente periféricas y no centrales.

 

Sin embargo, con la decisión emitida, se genera un problema en cuanto a las fechas de inicio y la determinación de la fase en la que dará inicio la reapertura. Para ello, se ordenó que la Asamblea Legislativa reforme dicho proyecto de ley para adecuar las fechas de acuerdo con la situación sanitaria actual de nuestro país, por lo que se debe dar seguimiento a lo que promulgue el Órgano Legislativo.

 

A partir de ello, se ha ordenado que el resultado de la adecuación de las fechas, y la emisión de un proyecto de ley reformado debe ser sancionado por el presidente y ordenar su publicación en el Diario Oficial, proyecto que desde la perspectiva constitucional, se considera un instrumento jurídico útil y eficaz para el combate a la pandemia. Ahora bien, si el Órgano Ejecutivo no procede con la publicación aludida, dentro del plazo de ocho días después de recibir el proyecto reformado, se presumirá la sanción al mismo; y si dentro del plazo de quince días no se publica por parte del presidente de la República, será el presidente de la Asamblea Legislativa quien ordene su publicación.

 

Se destaca que la entrada en vigencia de la presente ley, no excluye la aplicación de los manuales de bio seguridad emitidos, tanto por el Ministerio de Salud como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

 

En consecuencia de todo lo relacionado, es importante señalar que el inicio de todos los sectores de la economía se encuentra supeditado a lo que decida tanto la Asamblea Legislativa, en cuanto a la reprogramación de las fechas, y a la publicación del Decreto Legislativo número 661, no siendo posible afirmar ni recomendar el inicio de todas las actividades económicas.

 

Como último punto se destaca que los puntos desarrollados son los de mayor trascendencia mediática, sin embargo, vale la pena recordar que dicha ley regula otros temas de trascendencia en la realidad sanitaria actual, tales como medidas a implementar en lugares de trabajo, medidas especiales en transporte público de pasajeros, la estabilidad laboral, protección para empleados entre otras. El tratamiento de esos elementos provoca que la ley por la que se generó la controversia, resulte un instrumento integral en el combate a la pandemia SARS Cov-2.

 

Se destaca que lo expuesto en el presente documento puede modificarse de acuerdo con las decisiones que adopten las autoridades en el cumplimiento de la sentencia.

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