Se aprueba la “Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19”, decreto del Congreso de la República número 12-2020

Este Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de la República y aprobado en un solo debate, aún se encuentra en su fase final de sanción y publicación. Tiene como propósito crear las medidas iniciales sanitarias, económicas, financieras y sociales necesarias para atender la crisis derivada de las medidas adoptadas para contener y mitigar los efectos del Coronavirus COVID-19 dentro del territorio nacional. Dentro de las medidas que contempla esta ley, se encuentran las siguientes:

Control de acaparamiento de medicamentos, servicios, insumos alimenticios o de limpieza:

Será el Ministerio de Economía (MINECO), a través de la DIACO, quien velará por la disponibilidad y estabilidad de los precios. Las gobernaciones departamentales y las municipalidades deberán apoyar con este objetivo de control.

Monitoreo de precios de la canasta básica:

El MINECO fijará el pliego de precios promedio al quince de marzo de dos mil veinte para cada uno de los 34 productos que integran la Canasta Básica Alimenticia (CBA) en sus diferentes formas de presentación. Además, referirá el listado de centros de distribución donde se pueden encontrar los productos, en cuyos establecimientos publicará el listado de precios promedio referido. Se sancionará a quienes incurran en actos de especulación de precios y acaparamiento de los productos.

Sistema de difusión de información:

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) será el encargado de dotar la más amplia información sobre los procedimientos de prevención y sobre los cuidados durante la pandemia y debe asegurarse que la misma no sea especulativa o confusa para la población. El IGSS y las autoridades de las entidades del sector salud privado deben divulgar las medidas de prevención dictadas por el Gobierno de la República. Todos los medios de comunicación deben transmitir estos mensajes en forma gratuita, constantemente y en los horarios de mayor audiencia.

Personal del Estado:

Se facilitará la contratación de personal técnico y profesional que se requiera para atender los diferentes servicios durante el tiempo que se encuentre en vigencia el Estado de Calamidad y sus posibles prórrogas.

Municipalidades:

Prestarán la colaboración que el MSPAS les requiera y facilitarán las instalaciones que sean necesarias permitiendo la habilitación para dichos fines.

Abastecimiento:

Las autoridades correspondientes tienen la obligación de velar porque se provea a los hospitales y centros de salud de toda la República los insumos necesarios para atender la emergencia sanitaria. Se podrá autorizar la redistribución de equipo e insumos médicos entre los diferentes hospitales según las necesidades de la emergencia.

Colaboración de la ciudadanía:

Las personas que residan en áreas cercanas donde guarden cuarentena preventiva o de áreas hospitalarias, tienen la obligación de colaborar con las autoridades sanitarias y de seguridad pública, a fin de preservar las relaciones armoniosas de respeto y solidaridad dentro de su comunidad.

Cumplimiento de pagos por colegiaturas:

Durante la vigencia del Estado de Calamidad Pública y sus posibles prórrogas, se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos administrativos o intereses generados por atrasos en pago de cuotas correspondientes a centros educativos o de universidades. Los estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente ciclo educativo. Estos beneficios son aplicables a quienes se encuentren al día en el pago de sus cuotas a la fecha que entre en vigencia este Decreto. En los diferentes niveles educativos y las universidades, las cuotas que se dejen de pagar durante los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, se distribuirán proporcionalmente en los meses restantes del año.

Alimentación Escolar:

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas Públicas velarán porque no se suspendan los aportes económicos para uso de alimentación escolar.

Ampliación del Presupuesto General de Ingresos del Estado:

Se aprueba la ampliación del Presupuesto General de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 por un monto de tres mil seiscientos sesenta y siete millones quinientos mil quetzales (Q. 3,667,500,000).

Ampliación del Presupuesto General de Egresos del Estado:

Se aprueba la ampliación del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 por un monto de tres mil seiscientos sesenta y siete millones quinientos mil quetzales (Q.3,667,500,000) con la finalidad de ampliar el presupuesto de las instituciones en los montos que esta Ley indica.

Fondos para atender el impacto económico en la población:

Se establecen los siguientes fondos y programas para contrarrestar los impactos económico-sociales en la población:

  1. Fondo de Emergencia (FEMER):

    Con el monto de unos mil quinientos millones de quetzales (Q.1,500,000,000.00) para atender los siguientes programas de emergencia: i) Programa de remodelación e infraestructura de hospitales y centros de salud, equipo hospitalario e insumos sanitarios; y, ii) Programa de apoyo alimentario y prevención del COVID-19.

  1. Fondo de Protección de Capitales:

    Administrado por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), el cual se constituye con un monto de doscientos cincuenta millones de quetzales (Q.250,000,000.00) destinado para otorgar créditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito. Éstos deberán colocarse con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco.

  1. Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES):

    Con un monto revolvente de cuatrocientos millones de quetzales (Q.400,000,000.00), se colocarán con tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco. Estos créditos se otorgarán sin restricción para las personas políticamente expuestas.

    Los solicitantes de los créditos no podrán destinar los fondos para gastos de consumo personal, superfluos o no relacionados con su actividad empresarial con los sectores afectados por la pandemia.

  1. Espera de las obligaciones crediticias:

    Las instituciones bancarias, a solicitud simple de los interesados, estarán concediendo diferimientos u otorgando espera en los créditos a los deudores que a la fecha en que entre en vigencia esta Ley no presenten mora mayor a un mes. Tales diferimientos se aplicarán a vencimientos de cuotas de tarjetas de crédito, créditos con garantía fiduciaria, prendaria o hipotecaria para la vivienda, por las cuotas de dos meses; así como los otorgados en la micro, pequeña o mediana empresa por las cuotas de tres meses. Los pagos se podrán diferir en un plazo de seis meses sin intereses moratorios, a partir que finalice la crisis de calamidad pública de COVID-19.

  1. Garantizar los servicios públicos:

    El INDE garantizará el aporte social INDE a la tarifa social a los usuarios que consuman entre 1-60 kWh/mes en Q.0.40/kWh y, para los usuarios de consumo entre 61-125 kWh/mes en Q.0.70/kWh. Este subsidio beneficiará directamente a la población en pobreza y extrema pobreza.

  1. El Organismo Ejecutivo, sus entidades y dependencias, durante la vigencia del Estado de Calamidad y sus posibles prórrogas, no atenderá peticiones de incrementos salariales, otorgamiento de prestaciones o beneficios laborales adicionales.
  2. Las municipalidades podrán utilizar para cubrir gastos de funcionamiento vigentes hasta el 29 de febrero de 2020 las cantidades necesarias de lo recaudado por el IUSI, IVA y cualquier otro recurso o ingreso que le traslade el Ministerio de Finanzas Públicas.
  3. Los contribuyentes afectos al ISO podrán diferir el pago correspondiente al segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2020 pudiendo realizar dicho pago hasta el 30 de septiembre de 2020. Quien opte por este diferimiento del ISO no podrá despedir a ningún trabajador hasta que haya terminado de pagar el mismo, salvo causa justa.
  4. Se autoriza a las Municipalidades del país para que las compras directas establecida en la Ley de Contrataciones del Estado puedan efectuarse hasta por el monto de trescientos mil quetzales (Q.300,000.00) orientadas a atender la emergencia.

Exención a donaciones a entidades no lucrativas:

Se declaran exentas de todos los impuestos de importación y del IVA derechos arancelarios sobre todas las donaciones que se reciban en favor de la CONRED y las iglesias, organizaciones y asociaciones de beneficencia debidamente autorizadas e inscritas en el Ministerio de Gobernación, mientras esté vigente el Estado de Calamidad y sus posibles prórrogas

Suspensión:

Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente Decreto.

Suspensión de plazos administrativos:

Se suspende el computo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúan aquellos cómputos de plazos constitucionales, los relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean para garantizar los derechos de los habitantes en el marco de la pandemia.

Vigencia:

Este decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

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