¿Qué pasará con la vacuna contra el COVID-19? La relación entre la propiedad intelectual y la salud pública

Escrito por:

Stephanie Arévalo

 

Tras la declaración realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la pandemia mundial, ha iniciado una carrera por encontrar la vacuna en contra del nuevo coronavirus (COVID-19). Esto ha despertado una serie de dudas, varias de ellas en el área de propiedad intelectual con grandes repercusiones: ¿es posible patentar la vacuna contra el COVID-19? y si es así, ¿quedaría a criterio de su creador que llegue a todas las personas? Esto genera una discusión legal sobre los intereses de varias personas y entidades de ser los primeros en conseguir la patente de la vacuna; sin embargo, lograrlo conlleva una serie de elementos que hacen de este tema algo complejo.

 

La función de una patente es otorgar a su titular la exclusividad de explotar comercialmente una invención por un tiempo determinado. Esto incluye la posibilidad de que una farmacéutica incluso una persona individual pueda ser la dueña de una vacuna. En el contexto de una pandemia de salud, es entendible que varias personas se cuestionen cómo un laboratorio podrá ser el exclusivo dueño de algo que necesita el mundo entero y el único que produzca para todos los países la vacuna sin que se genere escasez. Sin duda alguna, pareciese existir una lucha entre la salud pública y los derechos a la propiedad intelectual de los creadores de la vacuna. 

 

La discusión ha existido desde los inicios de la propiedad intelectual, pues el derecho del inventor tiene la naturaleza de propiedad privada, por ende es inviolable. Autores como Hegel o Locke comprenden a la propiedad privada como una ruptura o separación entre uno mismo y los otros, lo que previene que existan grupos autoritarios que eliminen la individualidad y la autonomía propia (W. Guan. P.28). Desde esa perspectiva, es claro que la propiedad intelectual simboliza uno de los derechos individuales más emblemáticos y su existencia garantiza la protección a la propiedad privada. En nuestro caso, la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 39 afirma que el Estado garantiza el derecho a la propiedad privada y debe crear las condiciones que faciliten al propietario al uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos.

 

Por ello, se le reconoce esa naturaleza de propiedad privada al derecho que goza un inventor sobre su creación, no obstante cuenta con limitaciones válidas. Entre ellas está la protección a la salud pública contenida en los artículos 94 y 95 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues se exige que todas las personas e instituciones velen por su conservación y restablecimiento. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce a la salud como un derecho fundamental. Por ello, es posible que en nuestro país se busquen alternativas para que una patente no impida que la población pueda tener acceso a la salud. No obstante, la presente situación es un asunto global, por lo que debemos analizarlo en un ámbito internacional.

 

Actualmente, la gran mayoría de los países se encuentran suscritos al Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyas normas fueron incorporadas en nuestra Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República. El tratado contiene excepciones que los Estados parte deben adoptar en tema de patentes. Una de ellas es que los Estados pueden utilizar la patente de otra persona, un tercero, siempre bajo ciertos parámetros o condiciones. Esto empieza a disipar la preocupación de que el creador de la vacuna contra el COVID-19 pudiera impedir que Guatemala u otro país tenga acceso a la vacuna, por ejemplo.

 

Usualmente, cuando una persona utiliza la patente de otra se realiza una licencia contractual, las cuales son licencias voluntarias. Sin embargo, existen las licencias obligatorias, es decir, casos en donde el inventor no puede sino debe otorgar la licencia. La doctrina reconoce como motivos para esto: evitar monopolios, rectificar abusos cometidos por el titular de la patente, interés público, uso del gobierno o exportación de productos farmacéuticos (Spennemann and Reichmann. 188). En el ADPIC, así como en la Ley de Propiedad Industrial, se dice explícitamente que los Estados miembros podrán hacerlo en caso de una emergencia nacional o de extrema urgencia.

 

Gracias a la declaración de la OMS es claro que esta pandemia es una emergencia a nivel mundial, lo cual debería permitir a los Estados miembros a disponer sobre la patente de la vacuna. En papel, pareciese ser sencillo; no obstante, la práctica es mucho más compleja, ya que se busca un equilibrio entre los intereses de la población y los derechos del propietario de la patente. Involucra una serie de condiciones a cumplir, tanto en el ADPIC como en la Ley de Propiedad Industrial. El primero establece que el país debe dar una remuneración adecuada al titular y que el uso de la patente estará sujeto a revisión judicial o independiente por una autoridad distinta del mismo miembro, conforme a los incisos “h” e “i” de su artículo 31. En el segundo, se establece que la remuneración debe tomar en cuenta el promedio de regalías que se haya establecido en contratos de licencia celebrados entre terceras partes que formen parte del mismo sector y que la licencia obligatoria no podrá concederse con carácter exclusivo, no podrá ser objeto de cesión, ni de sublicencias. También, para garantizar los derechos del titular para evitar abusos por parte del Estado (en especial que se utilice la patente para otras cosas), se le brinda acceso a la revocatoria como un recurso efectivo ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

 

En el 2001 se realizó la Declaración de Doha con relación al ADPIC por parte de los países miembros de la OMC, en la cual se confirmó que el Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC para proteger la salud pública y en particular de promover el acceso a los medicamentos para todos. Lo anterior se ve reflejado en el artículo 31 bis del ADPIC, mediante el cual se faculta a quienes se vieron beneficios con la licencia obligatoria a exportar esos productos farmacéuticos para países que no tienen la capacidad de producción en el sector de farmacéuticos. De conformidad con ello, sí existe una alternativa legal para que la medicina logre estar en la mayoría de los países, incluyendo el nuestro.

 

Ahora bien, en esta situación sin precedentes en la que nos encontramos, se esperaría que los titulares de las patentes de forma voluntaria otorguen licencias a varias farmacéuticas que pueda fabricarse y distribuirse la vacuna en todas las regiones. No obstante, depender de la voluntad de los titulares de la patente, genera cierta incertidumbre. Afortunadamente, contamos con las herramientas legales, como la licencia obligatoria, que brinda mayor tranquilidad.

 

Por tanto, la respuesta a la pregunta inicial sobre si ¿es posible patentar la vacuna contra el COVID-19? Es sí, sí es factible patentar dicha vacuna. Sin embargo, en aras de proteger la salud pública y el bien común se instituyó la figura legal de las licencias obligatorias, las cuales permiten a los Estados poder utilizar la patente otorgándole al titular una remuneración justa, en virtud del tiempo invertido y la inversión realizada en dicho proyecto. Por último, para garantizar el acceso de todos los países a dicha vacuna, se ha establecido en cuerpos legales internacionales la obligación que tienen los Estados de exportar la vacuna a todas las naciones que lo necesiten. Se puede concluir que entre la salud pública y el derecho a la propiedad intelectual existe una cooperación necesaria, la cual permite el reconocimiento a las invenciones y al mismo tiempo la protección a la salud pública. Afirmando que ambos son esenciales en esta carrera por encontrar la vacuna.

 

 Bibliografía

  • Ley de la propiedad industrial, Decreto No. 57-2000 dado por el Congreso de la República de Guatemala.
  • Constitución Política de la República de Guatemala, Asamblea Nacional Constituyente, 1985. 
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en 10 de diciembre de 1948. 
  • Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Organización Mundial del Comercio.
  • Wenwei, Guan, Intellectual Property Theory and Practice, Springer, Hong Kong, 2014.
  • Owais H. Shakikh, Access to Medicine versus Test Data Exclusivity, Springer, Alemania, 2016.
  • Ping Xiong, An international law perspective on the protection of human rights in the TRIPS agreements, Martinus Njhoff Plushiers, 2012.
  • Standing committee on the law of patents, draft reference document on the exception regarding compulsory licensing, Ginebra, 2019.
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