Nicaragua: Notificaciones en los procesos administrativos, ¿Cuál es el domicilio fiscal del Contribuyente para las Administración Tributaria (DGI)?

El domicilio fiscal o tributario, es el lugar físico concreto en que una persona -física o jurídica- decide establecerse respecto con las obligaciones tributarias. Esencialmente, es información que permite a la Administración Tributaria localizar a los contribuyentes.

 

En el caso de procesos administrativos ante la Dirección General de Ingresos, la normativa aplicable: El Código Tributario de la República de Nicaragua (en adelante CTr.), establece que toda notificación de los actos administrativos se debe realizar en el lugar que el Contribuyente y/o el responsable hubiere señalado en la Administración. Por otro lado, también se encuentran los procesos de fiscalización, que cabe destacar dan lugar a eventuales procesos administrativos; estos procesos de fiscalización, también deben realizarse en el domicilio tributario, según lo contemplado en el CTr. En consecuencia, la relevancia que representa fijar correctamente el domicilio tributario, para el Contribuyente, por cuanto hace a procesos administrativos, principalmente se refiere a las notificaciones que se irán produciendo.

 

 No se debe obviar que, a partir de la notificación de un acto o resolución, los plazos –fatales- para impugnar o para cumplir lo ordenado, empiezan a computarse, y lo que podría ocurrir, es que, por la inexistente designación de un domicilio tributario, por su incorrecta designación o por su no actualización, la Administración Tributaria –en apego a la ley- notifique en otro lugar al esperado por el Contribuyente, y los plazos transcurran sin que el Contribuyente esté enterado de inmediato.

 

Nótese que, el Contribuyente debe cumplir con la ley aplicable en cuanto al domicilio fiscal. Asimismo, el artículo 22 CTr.  establece que toda persona -física o jurídica- debe fijar su domicilio en el territorio nacional, siendo lo preferente que se determine este en el lugar de su actividad comercial o productiva. No obstante, la ley ha determinado que cuando no ha sido designado alguno, se pueden presumir como domicilio, a efectos tributarios, los siguientes:

 

  1. En el lugar que hubiere indicado o registrado la persona natural y/o jurídica, al inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes de la Administración Tributaria;
  2. En el lugar que se indicare en el primer escrito o audiencia al comparecer ante la Administración Tributaria;
  3. En el lugar de su residencia habitual, el cual se presumirá cuando permanezca en ella, en forma continua o discontinua, más de seis (6) meses durante el ejercicio anual de imposición;
  4. En el lugar donde desarrolle sus actividades civiles o comerciales;
  5. En el lugar donde ocurra el hecho generador; y
  6. En el que elija la Administración Tributaria, en caso de existir más de un domicilio.

 Es importante advertir que, en el caso de Personas Jurídicas, los domicilios de los representantes o sus directivos pueden ser considerados como el domicilio fiscal.

 

Por cuanto hace a personas residentes en el extranjero, la administración tributaria de cara a determinar el domicilio fiscal, aplica el siguiente orden de prelación:

 

  1. Si tiene establecimiento en el país, se aplican los criterios previamente enumerados en las líneas que anteceden;
  2. El lugar señalado en la cédula de residencia;
  3. El lugar donde se produce el hecho generador;
  4. El que designe la administración tributaria, en caso de existir más de un domicilio tributario;

 

Finalmente, los Contribuyentes han de tomar en cuenta que de acuerdo al artículo 103 CTr., es un deber impuesto por ley, proporcionar los datos que le sean requeridos por la Administración tributaria, así como mantenerlos actualizados, siendo uno de tales datos el designar debidamente un domicilio tributario. En este mismo sentido, el CTr.  determina que si hubiere cambio de domicilio, es necesario comunicarlo a la Administración, de lo contrario, seguirá considerándose a efectos tributarios el último domicilio del que hubiere registro formal ante la Administración Tributaria.

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