Nicaragua: La Legalidad de la acusación penal derivada de reparos municipales

 

En Nicaragua, recientemente, algunas Municipalidades como órgano de Administración Pública han entablado una serie de acusaciones penales a diversos contribuyentes. Tales acusaciones son empleadas como mecanismo o gestión que presiona y que supuestamente asegura el pago frente a los cobros de los ajustes o reparos municipales, que la misma autoridad estima que adeuda determinado contribuyente, tras imponérsele a estos un reparo como resultado de la finalización de una auditoría de impuestos municipales. Estas acusaciones penales derivan principalmente de procesos de auditorías en el pago anuales o mensuales de Impuestos municipales, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) e Impuesto Municipales sobre Ingresos (IMI).

 

Concluida una auditoría municipal, mediante la cual se determinó el reparo o ajuste en los impuestos municipales, el Contribuyente cuenta con el derecho de impugnación en vía administrativa a través de los Recursos de Revisión y Apelación. Ello como muestra del cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso y tutela judicial efectiva, las cuales son reconocidas -y deben cumplirse- en el Estado de Nicaragua.

 

Las mencionadas garantías se vulneran abiertamente, cuando una autoridad de Administración Pública (como es el caso de las Municipalidades), sin garantizar ni conceder al Contribuyente la oportunidad de recurrir en contra del reparo, procede a acusar a personas naturales, representantes legales y/o a los socios (en el caso de persona jurídica) como medida de coerción para el pago. La violación constitucional, radica en que, debe acatarse todo el proceso administrativo fijado por ley, y en tales casos no se hace; además, a un juez penal, por la naturaleza del proceso penal, únicamente le es competente pronunciarse sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado en atención a leyes penales, no correspondiéndole así emitir juicios sobre la existencia o no existencia de determinada(s) obligación(es) tributaria(s) de un determinado Contribuyente, ni exigir el pago de las mismas.

 

Complementariamente, la normativa aplicable en el ámbito tributario municipal, el Plan de Arbitrios del Municipio de Managua (Decreto Ejecutivo No. 10-91), establece expresamente que por lo que hace al cobro de las cantidades que se imponen al Contribuyente a través de un reparo municipal, deben ser cobradas por la vía civil en un proceso de ejecución, siguiendo las reglas del Código Procesal Civil de Nicaragua.

 

Por ello es evidente la ilegalidad de una acusación penal en cuanto a un reparo municipal, y su procedencia es cuestionable, si aún el Contribuyente no ha tenido la oportunidad de agotar la vía administrativa tributaria en la cual se discute en torno al cumplimiento o no de las obligaciones tributarias municipales, y si tampoco se ha acatado la remisión al Proceso Civil como mecanismo para exigir el cumplimiento de las obligaciones de pago de una deuda tributaria.

 

Nótese que la normativa municipal lo que remite a un proceso civil, es el cobro ejecutivo, una vez haya quedado firme la resolución que determina la obligación tributaria municipal. Solamente si el contribuyente, se rehúsa a cumplir y su actuar se subsume en algún supuesto de hecho contemplado en el tipo penal correspondiente, que en el caso de Nicaragua sería considerado como delito de “Defraudación tributaria” de acuerdo al Código Penal de la República de Nicaragua, entonces procedería contemplar el ámbito penal.

 

De lo que se concluye, atendiendo a las leyes y normas aplicables, que será válido considerar que el proceso penal puede quedar configurado, sólo en aquellos casos en que  la Municipalidad obtenga una resolución que se considere firme, después que el contribuyente haga ejercicio de su derecho de interponer los recursos administrativos que le asisten, y que agotada la vía administrativa, también haya podido hacer ejercicio del derecho de recurrir en la vía Judicial correspondiente a través del Recurso de Amparo y/o Demanda Contencioso Administrativa.

 

De ocurrir de otra forma, frente a la abierta violación de los derechos y garantías constitucionales de los Contribuyentes, producto de la violación al debido proceso de la norma municipal, el Contribuyente quedaría en total indefensión ante las pretensiones arbitrarias de las autoridades municipales, cuyo objetivo es meramente recaudatorio.

Ir arriba