Nicaragua: La demanda contencioso- administrativa, como vía judicial en los procesos promovidos por los contribuyentes en materia fiscal

Como última instancia dentro de los procesos administrativos contemplados en nuestra legislación nacional a través del Código Tributario, los contribuyentes pueden ejercer su derecho de petición por la vía judicial a través de la Demanda de lo contencioso Administrativo, cuyo fundamento legal nace a través de la Ley 350, Ley de lo contencioso Administrativo.

 

La acción de lo contencioso-administrativo será admisible contra todos los actos, resoluciones, disposiciones generales, omisiones o simples vías de hecho de la Administración Pública que no fueran susceptibles de ulterior recurso en la vía administrativa, cuando decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, de forma tal que pusieran término a la vía administrativa o hicieran imposible continuar con su tramitación, es decir que analiza la legalidad de las actuaciones de la administración pública.

 

Para ejercer la acción contencioso-administrativa de conformidad al Art. 46 de la Ley 350, será requisito indispensable haber agotado previamente la vía administrativa en la forma establecida por la ley. Esta vía se tendrá por agotada cuando se diere cualquiera de las condiciones siguientes:

  • Cuando se hubiere hecho uso en tiempo y forma de los recursos administrativos señalados por la ley de la materia y se hubiere notificado una resolución expresa.
  • Cuando en un procedimiento administrativo no se dictare la resolución final correspondiente dentro del plazo de treinta días, se produce el Silencio Administrativo, se tendrá por aceptada la solicitud del recurrente.
  • Cuando así lo disponga expresamente la ley.

Los contribuyentes cuentan con un plazo 60 días calendario para ejercer su acción contencioso- administrativa y se contará a partir del día siguiente al de la notificación, cuando el acto impugnado con el que se agotare la vía administrativa se hubiere 18 notificado personalmente o por cédula, o a partir del día en que el interesado hubiere tenido conocimiento de dicha resolución.

 

El proceso respectivo se iniciará, cuando reciba el Tribunal de Apelaciones la demanda remitida por los Juzgados de Distrito correspondientes o con la presentación de un escrito ante la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal de Apelaciones correspondiente, la demanda deberá cumplir con los requisitos de forma del Artículo 50 de la Ley 350.

 

Emitido el auto que admita a trámite la demanda de lo contencioso administrativo, y la Sala respectiva del Tribunal dentro de tercero día, citará al demandante y a la Administración Pública para celebrar el trámite de mediación previa que señala el artículo 94 de la Ley Orgánica, del Poder Judicial de la República de Nicaragua.

 

Adicionalmente, de conformidad al Artículo 22 de la Ley 305, el ejercicio de la acción en la vía de lo contencioso-administrativo no implica la pérdida del derecho que tiene el administrado para la interposición del Recurso de Amparo de conformidad con la ley de la materia.

 

Finalmente, La resolución contenida en la sentencia será de estricto y obligatorio cumplimiento; en caso de inobservancia, se establecerán las responsabilidades civiles, penales y administrativas correspondientes a cualquiera de las partes que desacataren lo dispuesto en ella.

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