Nicaragua: El Recurso de Amparo, como vía judicial en los procesos promovidos por los contribuyentes en materia fiscal

Escrito por:

Daniela Matus

Como mecanismo de garantía de derechos, el contribuyente cuenta con una alternativa judicial para hacer velar sus derechos constitucionales, a través del Recurso de Amparo. De conformidad a la Ley 983, Ley de Justicia Constitucional el Recurso de Amparo tiene por objeto la protección de los derechos y garantías contenidos en la Constitución Política.

A diferencia de la Demanda Contencioso Administrativa que está dirigido a actos que violen o puedan violar derechos contenidos en leyes que violentan el principio de legalidad, el Recurso de Amparo dirige en contra de toda disposición, acto o resolución, y en general, en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario o funcionaria, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.

Para la presentación del Recurso de Amparo, el Art. 44 de la Ley 983 establece que El Recurso de Amparo se interpone por persona agraviada de forma personal o por representante debidamente facultado para el caso.

El recurso de amparo se presenta dentro del plazo de 30 días calendario después de agotada la vía administrativa, debiendo interponerse ante la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones del domicilio del recurrente cumpliendo con los requisitos de forma establecidos en el Art. 49 de la Ley 983. Si se interpusieren varios amparos con identidad de sujetos y objetos, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenará su acumulación, a fin de mantener continencia y congruencia de la causa. La Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones conocerá como órgano receptor, de las primeras actuaciones hasta la suspensión del acto reclamado, correspondiéndole a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento ulterior hasta la resolución definitiva.

Si la Sala de lo Constitucional lo estimara a bien abrirá a pruebas para mejor proveer el amparo por el plazo de diez días, siendo admisible toda clase de pruebas y podrá practicar de oficio otras que considere convenientes. Cuando la Sala de lo Constitucional estime necesario podrá realizar audiencia oral con las partes.

El proceso judicial de Amparo finaliza con una sentencia, dicha sentencia debe ser motivada, razonada y fundada en derecho, identificando claramente si hubo o no violación de derechos y garantías constitucionales, señalando con precisión el acto o actos por los que se concede o deniega el amparo, el estado jurídico y fáctico en que quedan las cosas objeto del recurso.

La sentencia de amparo únicamente surte efecto para los sujetos que han intervenido en el recurso. La Sala de lo Constitucional dictará sentencia dentro del plazo de cuarenta y cinco días una vez notificado el auto que ordena el estudio y resolución del amparo.

Una vez dictada la sentencia concediendo el amparo, la Sala a solicitud de parte, ordenará la devolución de la garantía rendida.

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