Nicaragua: Documentos probatorios admitidos

En un Proceso Tributario Administrativo, el recurrente debe demostrar sus argumentos con un respaldo probatorio, así lo establece el artículo 89 del Código Tributario, mediante el que establece la carga de la prueba recae sobre quien pretenda hacer valer sus derechos o pretensiones, tanto para el contribuyente como para autoridad tributaria revisadora:

“Artículo 89.- En los procedimientos tributarios administrativos o jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos o pretensiones, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.”

A tales efectos, el Código Tributario en su artículo 90, expresamente señala que se pueden invocar como medios probatorios los siguientes:

 

  1. La cosa Juzgada;
  2. Los documentos, incluyendo fotocopias debidamente certificadas por Notario o por funcionarios de la Administración Tributaria, debidamente autorizados, conforme la Ley de Fotocopias;
  3. La confesión;
  4. Los dictámenes fiscales,
  5. La deposición de testigos,
  6. Las presunciones e indicios, siempre y cuando la Administración Tributaria tenga bases legales para comprobar el hecho; y,
  7. Otros medios de prueba derivados de los avances tecnológicos, que sean verificables, soportados técnicamente y que produzcan certeza de los hechos, tales como: Las grabaciones directas de voces, los videos, llamadas telefónicas, mensajes por telefonía celular, correos electrónicos y/o transacciones por redes informáticas.

En ese sentido, toda prueba debe ser recabada, obtenida y presentada en estricto apego y observancia de las disposiciones legales contenidas en las leyes de la materia y el derecho común en su caso.

En complemento a lo antes mencionado, se destaca que en el artículo 91 del mismo cuerpo normativo, se indica: “Se reputarán legítimos, salvo prueba en contrario, los actos del contribuyente realizados por si o sus funcionarios, o sus empleados, mediante la emisión de documento, siempre que dichos documentos contengan los datos e informaciones necesarias para la acertada comprensión del contenido del respectivo acto y del origen del mismo. De igual forma se reputarán legítimos, salvo prueba en contrario, los actos del contribuyente que gocen de la autenticación de la autoridad competente, así como la de los fedatarios públicos.”

Nótese que el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, señala: “Artículo 240 Distribución de la carga probatoria. Corresponde a la parte actora y la parte demandada reconviniente, la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención.”

 

En conclusión, la carga probatoria no solamente recae sobre el contribuyente sino también recae sobre la autoridad que tenga una pretensión o interés en algún hecho generador de una obligación tributaria, por lo cual, tendría que hacer valer sus derechos o pretensiones.

Además de ofrecer y aportar las pruebas, deben cumplir con los requisitos fiscales y legales, también las pruebas deben de ser lícitas, pertinentes, útiles y necesarias, que contengan razonamientos fácticos y jurídicos que conduzcan a la apreciación y valoración de las pruebas por parte de la Autoridad Tributaria quien también tiene la obligación de ceñirse a garantizar el derecho de la legítima defensa al momento de emitir la resolución. 

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