Nicaragua: Directrices generales sobre los reclamos de indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil extracontractual o contractual en Nicaragua

La experiencia adquirida a través de las interacciones humanas ordinarias o con connotación económica, ha contribuido históricamente a perfeccionar las directrices legales para salvaguardar el patrimonio de las personas y los distintos agentes de comercio, en particular a permitido cincelar el contenido y alcance del deber legal de no causar daño a otro “alterum non laedere” que se encuentra incorporado en la legislación nicaragüense. En la vida económica de una persona o en la dinámica de las relaciones comerciales de las empresas, es usual que se realicen preguntas a los abogados, tales como: ¿Qué puedo hacer cuando se me incumple un contrato? ¿Qué hacer cuando alguien me causó un deterioro en mi patrimonio?, ¿Qué hacer cuando por culpa de alguien he dejado de recibir una ganancia que era legitima a percibir? En dicho contexto, la respuesta connatural y categórica de los abogados suele ser: ¡Podemos demandar por daños y perjuicios!, dicha respuesta a priori puede ser acertada, pero ello no implica que se vaya a obtener el resultado esperado, por algunas razones que veremos en este breve artículo.

 

Adentrándonos en el tema, podemos expresar que las reclamaciones de indemnizaciones por daños y perjuicios pueden encausarse en dos grandes supuestos legales: a) Reclamos derivados de responsabilidad contractual (artículo 1860 del Código Civil), que en palabras sencillas se refiere a la inobservancia de obligaciones contractuales que en general dan lugar a la posibilidad de reclamar una indemnización por el menoscabo en el patrimonio y b) Reclamos de indemnizaciones con fundamento en responsabilidad civil extracontractual (artículo 2509 del Código Civil), que no es más que una violación al deber general de no causar daño a otro (aunque no exista contrato). El objeto de poder formular estos reclamos, es que exista una herramienta legal que permita restablecer el daño en el patrimonio de la víctima y ponerlo en la misma situación patrimonial en que se encontraría, si no se hubiera producido el acontecimiento que obliga a la indemnización.

 

En nuestra experiencia la principal causa que conduce a la falta de éxito de los reclamos de indemnizaciones por daños y perjuicios, tiene en gran medida su fundamento en que no se logre presentar a la autoridad competente todos los elementos fácticos o probatorios que se requieren para demostrar la concurrencia de los presupuestos necesarios para declarar con lugar su petición de indemnización, la ausencia de uno solo de estos presupuestos, tiene como consecuencia inmediata desestimar el reclamo formulado, es por ello la trascendencia de saber que se debe alegar y probar para no crear falsas expectativas a los clientes.

 

En nuestra legislación se encuentra incorporado el deber legal de no causar daño a otro, con el cual se pretende establecer un sistema de reglas claras que permita a las personas reclamar el resarcimiento del daño o perjuicio causado en detrimento de su patrimonio actual o expectante por otra persona, siempre que se cumpla con determinadas condiciones.

 

Respecto a los presupuestos que deben concurrir para estimar con lugar un reclamo de daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual, en Nicaragua existen más de 100 años de precedentes jurisprudenciales que son coincidentes en establecer que se deben alegar y probar los siguientes aspectos: i) Los hechos que conforman y describen el hecho generador de los daños y perjuicios (antecedentes del daño causado); ii) El autor directo del daño o perjuicio, que puede ser una persona responsable por su propio acto o por los realizados por los que les están subordinados o bajo su cuidado; iii) La culpa, dolo o negligencia del responsable; iv) La causalidad entre la acción y omisión y los supuestos daños y perjuicios y v) La cuantía de los daños o perjuicios causados. Salvo que exista una participación temprana de los asesores legales, en nuestra experiencia, al momento de diseñar y ejecutar un caso de esta naturaleza, todos estos elementos son extraordinariamente difíciles de probar, dado que no se cuentan con los elementos adecuados que soporten la concurrencia de cada uno de estos; esta debilidad se puede superar con la intervención temprana de los asesores legales durante la ejecución del proyecto y antes del nacimiento de la controversia, con el objeto de soportar en los momentos oportunos cada una de las situaciones que tendrán trascendencia en el reclamo que eventualmente podría ser presentado.

 

En cuanto a la responsabilidad civil contractual, deben alegarse y probarse los siguientes elementos adicionales: i) La existencia de un contrato o relación contractual; ii) Que el promotor de la petición haya cumplido con las obligaciones que la relación contractual le impone; iii) Que el demandado haya incumplido con las obligaciones que eran de su cargo; iv) La mora en el cumplimiento de las obligaciones y v) Que los daños sean consecuencia directa del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractualmente pactadas.

 

Con lo anterior, podemos expresar que en Nicaragua y en general en las distintas jurisdicciones, elaborar una demanda que tiene por objeto reclamar una indemnización de daños o perjuicios, representa uno de los trabajos legales más complejos de diseñar y ejecutar, que puede resultar especialmente complejo con ocasión de: i) Falta de claridad de los antecedentes que originaron el daño o perjuicio, lo cual ocurre usualmente porque existen distintos actores que manejan distintos niveles de comunicación con las contrapartes; ii) Imposibilidad de describir los hechos generadores de los daños y perjuicios causados, por inexistencia de mecanismos de comprobación de los incumplimientos; iii) Ausencia de pruebas que soporten las posiciones del cliente y iv) Ausencia de las destrezas legales para diseñar y ejecutar una reclamación de daños y perjuicios que impediría obtener una resolución favorable.

 

Con relación a los aspectos previamente reseñados, estos pueden ser modulados para fortalecer la posición de nuestros clientes, con la implementación de algunos elementos prácticos que pueden servir para simplificar las soluciones a controversias de esta naturaleza, tales como: i) Establecer como una práctica involucrar a los asesores legales antes del nacimiento de la controversia. Esto tiene por objeto brindar una asesoría inmediata durante la ejecución de los proyectos respecto a la forma de soportar los antecedentes, términos en que se deben redactar las comunicaciones sobre incumplimientos y en general la preparación de los distintos elementos probatorios que servirán de fundamento en el contexto de una reclamación judicial o arbitral por daños y perjuicios; ii) Designar un administrador de contratos que tenga como función principal velar por el cumplimiento de los hitos contractuales propios y de la contraparte y que en general sirva de memoria histórica de los antecedentes del proyecto; iii) Centralizar las comunicaciones para facilitar el manejo de la información y evitar de esa forma que se filtren mensajes contradictorios o que debiliten la posición del cliente; iv) Procurar el trabajo coordinado entre las áreas de negocios y legal con el objeto de fortalecer la posición del cliente frente a cualquier controversia. En nuestra experiencia, este es un elemento valiosísimo que ha contribuido de manera extraordinaria a la fórmula del éxito en la solución de controversia de nuestros clientes; v) Contratar los servicios de especialistas con experiencia comprobada en la cuantificación de daños y perjuicios y vi) Establecer clausulas penales que cuantifiquen los daños y perjuicios ante un evento de incumplimiento. Este tipo de controversias tienen un sinnúmero de variables que podrían modificar las recomendaciones legales a ser implementadas y que no pueden ser abordadas en su totalidad en el presente artículo.

 

Finalmente, por las razones previamente expresadas, ha quedado de manifiesto que la asesoría de estos conflictos resulta extraordinariamente compleja y exige determinadas destrezas legales; a pesar de ello, en el equipo del departamento de Litigios & Arbitrajes de Consortium Legal Nicaragua, consideramos que el arte de una adecuada asesoría legal para este tipo de casos, descansa en la belleza que significa articular soluciones legales sencillas para dar respuesta a situaciones de crisis complejas. Lo anterior, únicamente puede lograrse con asesores legales que intervengan de forma temprana para el adecuado manejo de la controversia, con lo cual nos ponemos a vuestra disposición para trabajar de la mano en estructurar una solución adecuada y satisfactoria que pueda dar respuesta a las distintas controversias que puedan enfrentar en la cotidianeidad de su vida económica, de cara a incrementar las posibilidades de éxito de obtención de una resolución favorable a los intereses de ustedes como nuestros clientes.

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