Medidas de bioseguridad y vacuna contra COVID-19 en Honduras, ¿Obligatorias o no?

Escrito por:

Susan Perdomo

 

En la actualidad, el COVID-19 continúa siendo una amenaza mundial, encontrándose aún catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una “pandemia”, categorización que sitúa al COVID-19 dentro del grupo de enfermedades que a lo largo de la historia han afectado en gran escala la salud de la humanidad, tales como la peste negra, la viruela, la llamada gripe española de 1918 y el brote de influenza A (HN101) de 2009. Estas otras enfermedades se han logrado controlar y, en algunos casos, erradicar con los avances científicos.

 

La posibilidad de disminuir los casos o erradicar el COVID-19 a través de las medidas de bioseguridad establecidas (uso de mascarilla, distanciamiento, lavado frecuente de manos, entre otros), y la opción de aplicación de vacunas creadas por reconocidos laboratorios, nos coloca en la necesidad de conocer las obligaciones legales que surgen al respecto.

 

En primer término, debemos tener presente el supremo derecho que otorga la Constitución de la Republica de Honduras, cuando indica taxativamente “Se reconoce el derecho a la protección de la salud (…)[1], sin embargo, el mismo precepto legal, establece un deber igualmente supremo, cuando señala que “(…) es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad[2]”.

 

Con el fin primordial de disminuir el contagio del COVID-19 para salvaguardar el derecho a la vida, las autoridades han decretado, a través de varias regulaciones, la obligatoriedad del uso de la mascarilla y el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, y por tanto son de obligatorio cumplimiento como ciudadanos, residentes, empleadores y/o trabajadores.

 

En consonancia con lo anterior, encontramos en nuestro Código del Trabajo que los trabajadores en el desempeño de sus funciones tienen la obligación de “acatar las medidas preventivas y de higiene que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para su seguridad y protección personal ”[3]; de igual forma, la norma precitada regula que “la negativa manifiesta y reiterada del trabajador a adoptar medidas preventivas o a seguir los procedimientos  indicados para evitar  accidentes o enfermedades[4]”, la cual faculta al empleador, previo los procesos legales establecidos, a imponer sanciones disciplinarias y/o, en el segundo caso despedir al trabajador con justa causa, y consecuentemente exonerarse el patrono del pago de prestaciones.  Por otra parte, el empleador también deviene obligado a cumplir con las medidas de seguridad e higiene en el trabajo que se encuentren prescritas en las leyes, pues su incumplimiento faculta al trabajador para dar por terminado con justa causa su contrato de trabajo[5]. Todo lo anterior es aplicable, sin perjuicio de que existan regulaciones internas dentro de las empresas o convenios entre patrono-empleado que conlleven procedimientos previos o sanciones menores en el caso de los empleados.

 

En consecuencia, el incumplimiento de la normativa antes referida acarrea en la actualidad sanciones disciplinarias para los empleados y hasta el cierre temporal de los establecimientos de las empresas[6]; es por ello que deben cumplirse las normas decretadas para protegerse del COVID-19.

 

En relación con la obligatoriedad sobre la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, la OMS ha reiterado que cada país debe determinar sus propias regulaciones, por ello consideran que es de vital importancia trabajar en informar a las personas sobre las implicaciones y beneficios de las vacunas, y que ellas decidan por sí mismas.  En la actualidad, países como Israel, aun y cuando no han establecido la obligatoriedad de vacunarse, ha creado el llamado “pasaporte verde”, que permite a los vacunados ingresar a áreas actualmente restringidas, como ser teatros, gimnasios, etcétera, y muy probablemente otros países opten por implementarlo como requisito para ingresar a su territorio, tal como ocurre en la actualidad con la vacuna de la fiebre amarilla en Sudamérica.

 

En Honduras, a través de la Ley de Vacunas -emitida el 18 de mayo del año 2014- se estableció que todo habitante de la Republica debe someterse a la inmunización de  las enfermedades prevenibles por vacunas que determine la Secretaria de Estado en el despacho de la Salud  (SESAL) [7], excepto en el caso de contraindicaciones medicas[8];  adicionalmente  impone a los empleadores la obligación de solicitar a sus trabajadores  el carnet de vacunación que establece la SESAL , y a la vez responsabilizan al patrono del cumplimiento de la vacunación [9], por lo que , en caso de aplicarse la vacuna en el centro de trabajo, es conveniente que el trabajador suscriba un consentimiento informado para protección del patrono.

 

El 07 de diciembre del 2020 se aprobó La  Ley de Vacuna Gratuita para todos contra el COVID-19 y en su última reforma[10] llama a la SESAL a incorporar  la referida vacuna en el Esquema Nacional de Vacunación a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI),  sin embargo, la SESAL ha señalado taxativamente en el  proyecto denominado “Respuesta a Emergencia Honduras COVID-19”, que “ (…) aunque nadie está obligado a vacunarse, existen beneficios significativos en su aplicación (…)” y en consonancia con la OMS, que invita a que las personas decidan por si mismas sobre la aplicación o no de la vacuna,  actualmente las autoridades han optado por considerar en la práctica que la misma sea opcional, aunado a la escasa y limitada opción para la población de obtenerla.

 

Por todo lo anterior, tanto trabajadores como empleadores, y la población en general – deben continuar cumpliendo con las normas legales vigentes que contribuyen a la no propagación del COVID-19. Al respecto recordemos, tal como indicó Tedros Ghebreyesus, Director de la OMS  “(…) ninguno de nosotros estará a salvo hasta que todos lo estemos. Las soluciones están en nuestras manos”.

 

[1] Constitución de la Republica de Honduras, Capitulo VII. Artículo 145. “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad.”

[2] Decreto 58-2020 Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas y Aplicación Protocolos de Bioseguridad

[3] Código del Trabajo art. 97 numeral 9 Obligaciones de los Trabajadores

[4] Código del Trabajo art 112 literal l Causas justas que facultan al patrono para dar por terminado Contrato de Trabajo

[5] Código del Trabajo art 114 k)  Causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el Contrato de Trabajo

[6] Decreto 58-2020 Ley de uso de mascarillas y aplicación Protocolos de Bioseguridad art  9 y 10

[7] Art 2. Decreto 288-2013 Ley de Vacunas de la Republica de Honduras

[8] At 21 Decreto 288-2013 Ley de Vacunas de la Republica de Honduras

[9] Art 19 Decreto 288-2013 Ley de vacunas de la Republica de Honduras: Todo empleador debe solicitar al trabajador, el carnet de vacunación que establezca la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud como requisito previo a la incorporación o contratación de trabajo. Los empleadores son responsables del cumplimiento de la vacunación del trabajador

[10]  Decreto 162-2020  Ley de Vacuna Gratuita para todos contra COVID-19  y sus reformas en decretos 193-2020 y 08-2021,

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