La privacidad de datos en Guatemala y los derechos fundamentales que se derivan de la misma según la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad

Escrito por:

Diana De Mata

 

Contenido del derecho a la privacidad  

 

La palabra “privacidad” deriva del vocablo en latín privatus que hace referencia a todo aquello que es de interés particular, opuesto a aquello que es de interés de la colectividad, es decir, a aquello que es de interés “público” del latín publicus1. De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el término “privacidad”, en su segunda acepción, hace referencia al ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión2.

 

Tomando como base el origen etimológico de la palabra y la definición anteriormente referida, en principio, podría establecerse que la privacidad de un individuo se anulará solamente en la medida que el mismo permita que terceros accedan a su vida íntima o bien, en la medida que terceros se entrometan, arbitrariamente, en la intimidad de éste. Es importante advertir que, en esta primera conclusión o punto de vista, la “privacidad” se entiende como aquel espacio íntimo de la vida de un sujeto que se encuentra claramente definido y determinado, tanto por él mismo, como por los terceros con los que convive o se relaciona.

 

 Hoy en día, con el uso de la tecnología y de las plataformas de comunicación masiva, esta sencilla ecuación del derecho a la privacidad ha quedado superada por otra mucho más compleja en la que interactúan nuevos elementos. La “esfera privada” del individuo ha dejado de ser ese espacio personal íntimo, perfectamente definido o identificable, que interesa solamente a éste. En la actualidad, un tercero puede tener acceso o estar en contacto con la “esfera privada” o con la “intimidad” de un sujeto, ya no solamente cuando conoce ciertos sucesos o situaciones particulares de su vida personal o familiar, sino también, cuando conoce, maneja, conserva o, simplemente, cuando tiene acceso a “datos” que constituyen particularidades de éste y que, por tanto, permiten su fácil individualización o identificación dentro del conglomerado social.

 

En otras palabras, a partir del momento en que una persona decide utilizar o emplear cualquier medio o plataforma tecnológica para informarse, comunicarse o relacionarse con los demás, esta “compartiendo” automáticamente, de forma consciente o inconsciente, parte esencial de su privacidad al informar o brindar ciertos “datos personales” que permiten identificarlo plenamente dentro de la sociedad.

 

La privacidad de los datos personales

 

En ese orden de ideas, se puede establecer que la “privacidad de datos” hace referencia a la reserva o confidencialidad que se debe reconocer a todos aquellos datos que constituyen características, particularidades y circunstancias propias de un individuo y que facilitan y permiten su individualización o identificación dentro de un grupo. Y es a estos datos que se les denomina o conoce como “datos personales”. La Corte de Constitucionalidad ha definido los “datos personales” como todos aquellos datos que permiten identificar a una persona y posibilitan la determinación de una identidad, tales como un número de identificación o elementos específicos característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural, social, etcétera3.

 

El derecho a la autodeterminación informativa o derecho de protección de datos

 

La protección de los datos personales de la intromisión arbitraria de terceros se reconoce y protege hoy en día como un derecho fundamental, el “derecho a la protección de datos” o el “derecho a la autodeterminación informativa”. El reconocimiento de este derecho surgió como una necesidad, precisamente, de otorgar una protección jurídica a aquellos datos personales que, debido a la tecnología y a la transmisión de información a través de plataformas de comunicación masivas, son susceptibles de un uso inapropiado por parte de terceros, lo cual podría causar graves daños al titular de los mismos.

 

La protección de los datos personales, por tanto, supone no solo la protección indirecta del derecho a la privacidad, a la intimidad y al honor de las personas, sino también, la protección del derecho al reconocimiento de la dignidad humana, el cual constituye el origen y fundamento último de la protección y reconocimiento de todos los derechos humanos.

 

Disposiciones constitucionales relacionadas a los derechos al reconocimiento a la dignidad humana, a la privacidad, a la intimidad, al honor y al derecho a la protección de datos o autodeterminación informativa

 

La Corte de Constitucionalidad4 ha establecido que, en Guatemala, el derecho al reconocimiento de la dignidad humana se encuentra reconocido y protegido, expresamente, en los primeros cinco artículos de la Constitución Política de la República:

 

  • Artículo 1: Protección a la persona.
  • Artículo 2: Deberes del Estado.
  • Artículo 3: Derecho a la vida.
  • Artículo 4: Libertad de igualdad.
  • Artículo 5: Libertad de acción.

 

Respecto al reconocimiento y protección de los derechos a la intimidad y a la privacidad, la Corte ha señalado que los mismos se encuentran contenidos en los siguientes artículos constitucionales:

 

  • Artículo 23: Inviolabilidad de la vivienda.
  • Artículo 24: Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros.
  • Artículo 25: Registro de personas y vehículos.

 

Con relación al contenido y alcances del artículo 31 constitucional, referente al acceso a archivos y registros estatales, se puede establecer que el mismo contiene un reconocimiento “parcial” al derecho de protección de datos personales o autodeterminación informativa, toda vez que su ámbito de protección se limita solamente a los datos personales que aparecen en archivos y registros “públicos” no así a los que se encuentran contenidos en registros privados. En este artículo se establece que toda persona tiene derecho a conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización.

 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es importante advertir que el derecho al honor y el derecho a la protección de datos o a la autodeterminación informativa también forman parte del catálogo de derechos fundamentales reconocidos en nuestro texto constitucional, por vía de los artículos 44 y 46, referentes a los derechos inherentes a la persona humana y a la preeminencia del Derecho Internacional, respectivamente, los cuales viabilizan la existencia del “bloque de constitucionalidad”5, en virtud del cual, todos aquellos derechos que no se encuentran expresamente contenidos en el texto constitucional pero sí en pactos o tratados en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala, se consideran parte de nuestro ordenamiento jurídico constitucional y, por ende, constituyen  un parámetro constitucional que debe ser observado y respetado.

 

Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala que contienen el reconocimiento de los derechos a la intimidad, a la privacidad y al honor, así como el reconocimiento del derecho a la protección de datos o autodeterminación informativa son los siguientes:

 

  • Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
  • Artículo 11.1, 11.2 y 11.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  • Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
  • Artículo 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

 

Contenido del derecho a la autodeterminación Informativa o derecho de protección de datos

 

El ejercicio del derecho de protección de datos posibilita al individuo el control sobre sus datos personales y, por tanto, le permite comprobar, en todo momento, no solo que sus datos estén correctos y actualizados (en cualquier base de datos pública o privada), sino, además, que su utilización sea conforme a las autorizaciones que otorgó y para la finalidad previamente acordada.

 

Según lo considerado por la Corte de Constitucionalidad6, la plena eficacia del derecho a la autodeterminación informativa o protección de datos permite al individuo gozar, a su vez, de los siguientes derechos:

 

a) Derecho a actualizar sus datos;

b) Derecho a rectificar sus datos por información errónea, incompleta o inexacta;

c) Derecho a reservar (confidencialidad) cierta información que sobre ella se obtenga, y que aun cuando ésta pueda ser legalmente requerida, se mantenga en grado de confidencialidad para terceras personas ajenas a la situación que motivó el requerimiento; y,

d) Derecho a excluir de circulación informativa, abierta o restringida, información que pueda considerarse en extremo sensible para el interesado o que sea producto de noticias o datos que sólo a este último conciernan (para ser admitida se deben tomar en cuenta los parámetros de trascendencia social o interés social legítimo respecto a dichos datos).

 

En ese orden de ideas, en toda comercialización de datos personales se debe garantizar a la persona titular de los mismos los derechos de actualización, rectificación, confidencialidad y exclusión como una forma de resguardar, no solamente su derecho de autodeterminación informativa, sino, indirectamente, los derechos fundamentales a su intimidad personal, privacidad y honor.

 

¿Existen límites al derecho a la autodeterminación informativa o derecho de protección de datos?

      

La Corte de Constitucionalidad ya ha establecido en su jurisprudencia que, como todo derecho, el derecho a la autodeterminación informativa no es absoluto. Este derecho deberá ceder ante las acciones que persigan garantizar los valores y fines supremos del Estado (la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona) en el entendido que estos valores constituyen un interés colectivo o general, cuyo cumplimiento o realización supera la relevancia que tiene para la sociedad mantener ciertos datos personales en reserva (el caso de una investigación delictiva, por ejemplo). En estos casos, son las siguientes autoridades estatales las que pueden requerir datos personales sin vulnerar el derecho a la autodeterminación informativa7:

 

  • Ministerio Público
  • Autoridades policiales
  • Autoridades judiciales
  • Tribunal Supremo Electoral
  • Superintendencia de Administración Tributaria

 

Es importante establecer que, para que el requerimiento de datos personales sea legítimo y justificado, debe realizarse solamente por autoridades de carácter estatal y los datos personales que éstas recaben deben ser utilizados únicamente para el ejercicio de las funciones propias de cada órgano público que se trate. El Registro Nacional de las Personas (RENAP) es la institución del Estado encargada de determinar qué instituciones podrían precisar obtener este tipo de datos en cada caso concreto.

 

      

Datos personales que no se encuentran protegidos por el derecho a la autodeterminación informativa o derecho de protección de datos  

 

Los siguientes datos personales no se consideran protegidos por el derecho de protección de datos por considerarse “información pública” en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 literal j) de la Ley del Registro Nacional de las Personas:

 

  • El nombre y los apellidos de la persona;
  • El número de identificación;
  • Las fechas de nacimiento;
  • La fecha de defunción;
  • Sexo;
  • Vecindad;
  • Ocupación;
  • Profesión u oficio;
  • Nacionalidad; y,
  • Estado civil.

 

Respecto a la exclusión de estos datos personales del derecho a la protección de datos, la Corte de Constitucionalidad ha establecido8 que los mismos constituyen información que cualquier persona utiliza para identificarse públicamente en sus relaciones sociales, laborales, profesionales y de otra índole. Y que, incluso, figuran en el Documento Personal de Identificación, ya que son los datos que comúnmente permiten la identificación de la persona para el desarrollo de los actos civiles, administrativos, legales y, en general, para todos aquellos actos en los que es requisito identificarse. En ese sentido, estos datos personales no constituyen información que pueda atentar contra la intimidad o el honor del individuo, por ser datos que se utilizan comúnmente para efectos de identificación y conocimiento público. Por tanto, facilitar estos datos a personas extrañas al titular de los mismos, sin su conocimiento ni consentimiento, no entraña vulneración a sus derechos.

 

Con relación a la dirección de residencia y el número telefónico, la Corte ha considerado que sí se trata de datos personales y, por lo tanto, los mismos sí se encuentran protegidos por el derecho de protección de datos, lo cual supone, necesariamente, que su divulgación sin autorización del titular se considera una vulneración a este derecho.

 

La inexistencia de una Ley de protección de datos en Guatemala

 

Hasta la fecha, no existe dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco un cuerpo normativo que regule, específicamente, el tema de protección de datos personales. La Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto número 57-2008 del Congreso de la República, contiene y establece ciertos parámetros importantes relacionados con el tema (datos personales, habeas data, información confidencial, el tratamiento y acceso a los datos personales, entre otros) pero lo hace, esencialmente, desde la perspectiva del manejo de datos personales por parte de registros públicos o estatales (registros controlados por entidades que manejan recursos o bienes del Estado o llevan a cabo funciones públicas). Esto supone la existencia de un “vacío legal” en Guatemala en cuanto a regulación sobre el manejo de datos personales por parte de sujetos privados y, por tanto, en cuanto al derecho de protección de datos o derecho a la autodeterminación informativa en todas sus facetas, manifestaciones y alcances.

 

No obstante lo anterior, es importante advertir que la Corte de Constitucionalidad ha establecido que mientras persista esta ausencia normativa, toda comercialización de datos personales que se lleve a cabo en el país, deberá cumplir con los siguientes requisitos para ser válida y legitima según los parámetros de protección de derechos fundamentales9:

 

a) En la obtención de los datos:

  • Conforme una finalidad plenamente definida.
  • De forma legítima.
  • De manera voluntaria por parte de aquél cuyos datos vayan a ser objeto de comercialización.

b) En la utilización de los datos:

  • Con consentimiento de la persona interesada.
  • Con un propósito compatible con aquel para el que se obtuvieron.

c) En el registro de los datos:

  • Implementación de controles adecuados que permitan la determinación de la veracidad y actualización de los mismos.
  • Derecho a rectificación en caso de una errónea o indebida actualización.
  • Derecho a exclusión de la información o datos que el titular considere sensibles o cuya divulgación pueda derivar en daños a su intimidad, honor o privacidad.   

 

Conclusión

 

El nivel de exposición que tienen los individuos hoy en día por el uso de la tecnología no tiene precedentes. La esfera de la privacidad individual se ha hecho cada vez más pequeña, cediendo espacio para los espectadores. Ya sea por necesidad, vanidad, orgullo, ego o simple entretención, lo que antes era de interés particular ahora se ha convertido de interés de la colectividad.

 

Los datos personales ya no son “personales” en cuanto a su conocimiento, posesión y utilización, ya sea porque así lo ha decidido voluntariamente el titular de éstos (lo cual no supone necesariamente que lo haya decidido de forma consciente) o por la decisión abusiva, arbitraria e ilegítima de un tercero, aprovechándose de la publicidad de los datos y, es precisamente en estos escenarios, que el derecho de protección de datos entra en juego para salvaguardar los derechos a la intimidad, a la privacidad y al honor del individuo.

 

Conocer, poseer o utilizar datos personales de terceros, en cualquier circunstancia y contexto, nunca será un privilegio, pero sí una gran responsabilidad que, de no ser concebida en su justa dimensión y manejada de la forma correcta y prudente que amerita, podría ocasionar graves daños y perjuicios, no solo para el titular de los datos personales, sino también para el tercero poseedor de los mismos. Hoy, más que nunca, los Estados deben advertir la grave necesidad de incluir dentro de sus ordenamientos jurídicos un cuerpo normativo que regule el derecho de protección de datos, no solo para proteger la privacidad e intimidad de los individuos, sino para salvaguardar algo aún más importante:  la dignidad misma, como fundamento último de la esencia y naturaleza del ser humano.

 

 

 

1 SORIANO, Pablo, “La Mediación Figurativa como Historia del Habitar, Público y Privado”, Volumen II, Nobuko, Buenos Aires, 2005, p.401.

2 Diccionario de la Real Academia Española, disponible en: https://dle.rae.es/privacidad Consultado el 5 de mayo de 2020.

3 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad dictada dentro del expediente número 1356-2006 el 11 de octubre de 2006.

4 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad dictada dentro del expediente número 1356-2006 el 11 de octubre de 2006.

5 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad dictada dentro del expediente número 1822-2011 el 17 de julio de 2012.

6 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad dictada dentro del expediente número 1356-2006 el 11 de octubre de 2006.

7 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad dictada dentro del expediente número 1201-2006 el 27 de septiembre de 2007.

8 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad dictada dentro del expediente número 1201-2006 el 27 de septiembre de 2007.

9 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad dictada dentro del expediente número 1356-2006 el 11 de octubre de 2006.

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