Guatemala: Respeto al Principio de Presunción de Inocencia en el Proceso Penal

Escrito por:

Astrid Dominguez

 

La atención a una citación al Ministerio Público en calidad de sindicado, o bien, asistir a una audiencia de Primera Declaración ante un Juzgado Penal, son episodios de vida por las que pocas personas quisieran pasar. El principio constitucional de presunción de inocencia, el cual establece que: “Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada” es pocas veces percibido por aquellos sujetos sobre los que pesa un señalamiento de la supuesta comisión de un hecho delictivo.

 

En definitiva, cada caso penal se compone de elementos que pueden generar una percepción de justicia distinta. En algunos casos se percibe mayor objetividad por parte del Ministerio Público que en otros. Lo cierto es que, el proceso penal, el cual tiene como principal objetivo el de la averiguación de un hecho señalado como delito o falta, genera en todos los sujetos procesales una gran presión y desgaste, que eventualmente los dispone a solventar el mismo a través de mecanismos alternos.

 

Específicamente lo que genera mayor presión procesal, en un inicio del litigio, es la contingencia de una eventual autorización de medidas cautelares, pues las mismas son impuestas por plazos que se vuelven indefinidos, afectando garantías constitucionales básicas, tales como el derecho a la propiedad privada y a la libertad de industria, comercio y trabajo. La aplicación de estas medidas, en mayor o menor grado, hace dudar a los sujetos sindicados del respeto al principio de presunción de inocencia, ya que muchas de estas medidas son otorgadas por un Juez en forma indefinida, sin que exista una verdadera justificación razonada de su procedencia, de su necesidad o de su efectividad.

 

Para evitar esta flagrante violación a la presunción de inocencia a través de medidas cautelares, es necesario requerir una rendición de cuentas personalísima a cada uno de los sujetos procesales. En el ámbito penal, es necesario que cada autoridad con expedientes a cargo se haga responsable de rendir cuentas individualmente, en cuanto a su gestión correcta, oportuna, objetiva y fundamentada. En esta misma línea, es necesario que cada sujeto que argumente en audiencias, en especial en aquellas audiencias en las cuales eventualmente se pudieran limitar derechos fundamentales básicos a cualquier sujeto, lo haga en forma consciente, preparada y convencido de su postura, conociendo el fondo de los hechos y no únicamente manifestando la instrucción, el parecer o el pensar de sus altas autoridades. Además, el principio de inmediación judicial juega igualmente un papel clave en los procesos penales, pues es el aspecto humano del litigio, la percepción de reacciones, análisis de argumentos, conocimiento de actitudes y de lenguajes que debería de influir en la resolución de cada solicitud concreta que se realice a un Juzgado.

 

Todos los sujetos procesales deben rendir cuentas en cada uno de los expedientes en los que actúan, deben tomar nota de la necesidad de una actuación ética y tener la serenidad mental y moral de mantener y fundamentar jurídicamente la postura que se tome en cada acto procesal. Únicamente de esta forma es como cada sujeto, que represente o no a alguna institución pública, se hará responsable de las resultas del proceso penal, así como del respeto al principio básico de presunción de inocencia.  

Ir arriba