Honduras: Reformas a la Ley de Firmas Electrónicas y Contratación por Medios en Línea

Escrito por:

Karla Andino

En el marco de la crisis provocada por el COVID -19 la contratación por medios electrónicos se vuelve cada vez más trascendente y necesaria debido a la serie de restricciones que las personas y sociedades enfrentan y que impide el curso ordinario de negocios. Si bien es cierto Honduras ya contaba con un marco legal que reconoce la contratación y la realización de actos de comercio por medios electrónicos, su uso no ha sido hasta la fecha parte de la costumbre comercial, no solo por los riesgos que la implementación de nuevas formas de contratación pueden conllevar, sino porque además en la práctica el uso de estas figuras carecía de claridad en algunos aspectos.  Con el fin de facilitar y promover el uso de tecnologías para que el comercio no se vea afectado por la crisis, el Congreso Nacional aprobó la “Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia Provocada por el COVID-19” (en adelante “Ley de Auxilio”), la cual entre otras cosas reforma la Ley de Firmas Electrónicas, así como establece medidas para la implementación de mecanismos de comercio electrónico. A continuación, se brinda un resumen de algunas de las principales disposiciones de esta Ley que pueden resultar relevantes para las operaciones por medios electrónicos, así como algunos comentarios relacionados a la implementación y posible uso de dichas medidas.

El artículo 38 de la Ley de Auxilio, inciso C) contempla que “por medios electrónicos podrán celebrarse todo tipo de actos, contratos y cualquier otro tipo de negocios jurídicos siempre que sea posible mostrar de manera fehaciente la voluntad de las partes de llevar a cabo el negocio jurídico por ese medio. El consentimiento de las partes se prueba con el intercambio de correos electrónicos, videos, grabaciones de voz, intercambio de mensajes de texto, aceptación electrónica de contratos estandarizados o mediante el envío de un autorretrato electrónico sosteniendo el documento de identidad de forma visible junto al rostro del firmante tomado a través de la aplicación correspondiente previo al envío de la solicitud o formulario respectivo”.

 

Tanto el Código Civil como el Código de Comercio, ya contemplan la posibilidad que se pueda llevar a cabo la contratación sin que las partes contratantes estén físicamente presentes en el mismo lugar. Asimismo, ya el artículo 12 de la Ley sobre Comercio Electrónico reconoce y otorga validez a los contratos que se celebren por medios electrónicos, por lo que el artículo 38 de la Ley de Auxilio, inciso C) referido, contiene disposiciones que en principio se podría considerar amplían de manera expresa y ejemplificativa los medios que partes contratantes pueden utilizar para evidenciar el consentimiento y la respectiva oferta y aceptación requeridas para la contratación entre ausentes. Sin perjuicio de la amplitud que provee dicha disposición, es importante que se tomen en consideración ciertos criterios y medidas prácticas para proveer el mayor respaldo posible a cada operación.

El uso de firmas electrónicas por ejemplo, otorga una salvaguarda jurídica adicional a la mera oferta y aceptación de un contrato vía medios electrónicos como el correo electrónico. La Ley de Firmas Electrónicas ya establece que los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel. La Ley de Auxilio en este sentido, reforma la Ley de Firmas Electrónica con el fin de promover el uso de la misma en las contrataciones vía electrónica y amplía el tipo de formas que se considerarán válidas para identificar a un signatario. La Ley de Auxilio, reforma el artículo 7 de la Ley de Firmas Electrónicas y menciona que “la administración” podrá́ otorgar la equivalencia de efectos a la firma electrónica avanzada para ciertos casos a otros tipos de firma o medios de identificación de las personas, entre otros:

I. Hibrido de tecnologías basado en la Infraestructura de Llave Publica (PKI) y Firma Biométrica o cualquier otra tecnología equivalente o substitutiva;

II. Sistemas de firma electrónica en la nube;

III. Sistemas de doble factor;

IV. Sistemas biométricos incluyendo medios fotográficos;

V. Otros que puedan ir desarrollándose según el avance de las tecnologías.

De acuerdo a esta reforma, se emitirá un reglamento de la Ley de Auxilio o un acuerdo emitido por las instituciones del Estado que determinará los casos en que bastará con la utilización de un medio de identificación confiable de los antes señalados y cuales métodos y sistemas de firma aparte de la firma electrónica avanzada. Si bien la reforma a la Ley de Firmas Electrónicas está brindando un mayor grado de validez a otros medios de identificación u otro tipo de firmas con el fin de facilitar la suscripción electrónica de documentos, entre tanto no se emita un reglamento, no hay claridad en cuanto o como se pueden utilizar estos medios y en que casos.

Otra manera en la que la Ley de Auxilio, pretende facilitar el uso de firmas electrónicas es mediante el reconocimiento de certificados electrónicos para firmas electrónicas avanzadas emitidos por proveedores extranjeros. Previo a esta reforma, esto era permitido sin embargo se requería que se cumplieran ciertos requisitos para que dichos certificados tuvieran validez. Ahora, este artículo permite que los certificados de firmas electrónicas emitidos por autoridades o entidades de certificación extranjeras produzcan los mismos efectos jurídicos que un certificado expedido por Autoridades Certificadoras nacionales, siempre y cuando tales certificados presenten un grado de fiabilidad en cuanto a la regularidad de los detalles de este, así como su validez y vigencia. Adicionalmente, se establece que el Instituto de la Propiedad podrá́ elaborar una lista de entidades extranjeras designadas como confiables. Si bien es cierto esto permite mayor amplitud para la utilización de certificados y proveedores extranjeros, no hay claridad en cuanto a como ni cuando se creará el listado por el Instituto de la Propiedad, ni si las entidades que formen parte de dicho listado tendrán mayor peso frente a las autoridades en caso de presentarse una controversia o litigio con dicho certificado, a diferencia de otras que no formen parte de dicho listado. Sin perjuicio de lo anterior, este artículo también establece que las partes pueden acordar la utilización de determinados tipos de firma electrónicas o certificados extranjeros y en principio pareciera otorgarle al acuerdo entre partes el reconocimiento suficiente para que el certificado extranjero tenga validez, sin requerir que el proveedor extranjero forme parte del listado de entidades que el Instituto de la Propiedad considerará como confiables.

Un tercer elemento que la Ley de Auxilio contempla para facilitar el comercio electrónico es la figura del “fedatario”, mediante la cual las entidades públicas y privadas podrán “designar a uno o más responsables de certificar las autorizaciones que correspondan para asegurar la fluidez de sus operaciones por medios electrónicos”. Sin perjuicio de esto, hasta el momento no se cuenta con claridad sobre como dichos Fedatarios deben “certificar” las autorizaciones de las operaciones a ser realizadas por medios electrónicos, lo que puede dar lugar a cuestionamientos en cuanto a la validez de éstas.

Si bien es cierto el marco legal otorga validez a las operaciones y contrataciones que se realicen por medios electrónicos, es importante que en la implementación de estas se cuenten con medidas que respalden la confiabilidad de éstas. La forma de documentar cada operación puede variar dependiendo del nivel de riesgo, complejidad y medidas disponibles, por lo que es importante determinar procesos, en la medida de lo posible, que sean adecuados para cada tipo de operación, sin perjuicio que se presenten operaciones que se deban analizar de caso a caso. De acuerdo al artículo 9 de la Ley sobre Comercio Electrónico, “el grado de confiabilidad requerido, es determinado a la luz de los fines que se generó la información y de todas las circunstancias del caso.”

Finalmente, es importante mencionar que las cortes en el país no cuentan con experiencia sobre la materia de contratación por medios electrónicos lo que hace que este tipo de operaciones conlleve el riesgo de ser objeto de controversia en procesos en los que la validación o procesamiento será más compleja y retardada a diferencia de una contratación ordinaria. Ello implicaría que existiría una fase “exploratoria” para estas operaciones en los tribunales que tiene asociado a ellos los riesgos inherentes a dicha implementación. Si bien es cierto se cuenta con las disposiciones de esta Ley de Auxilio se considera necesario asimismo que se cuente con un marco legal consolidado que cumpla con las formalidades requeridas por ley para armonizar el marco legal existente con dichas medidas.

Ir arriba