Honduras: ¿Derogar el Impuesto al Activo Neto?

Escrito por:

Armando Manzanares

 

Si una persona no tiene ganancias, no debería pagar un impuesto a la ganancia. Si tiene pérdidas que puedan llevarla a una debacle económica o si, peor aún, se encuentra en bancarrota, afectada por la pandemia del Covid-19, y por los huracanes Eta y Iota, tampoco debería pagar un impuesto sobre sus ganancias. Es totalmente justo y razonable que una persona deje de pagar tributos cuando no tiene razón ni capacidad contributiva para poder pagarlos. No solamente es justo y razonable; sino que garantizado por nuestra Constitución de la República, la cual dispone: que los impuestos no serán confiscatorios; y que debe existir manifestación de riqueza para que se puedan crear tributos (artículos 109 y 351 de la Constitución de la República).  Nadie debería pagar impuestos en caso de pérdidas, ya que no existe una razón o un hecho generador que faculte la creación y el cobro del tributo en tales condiciones. Además, resulta contrario a la justicia y a la equidad, cobrarle impuestos a la ganancia, a una persona que ha sufrido pérdidas.

 

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, en un comunicado público del 19 de abril de este año, ha solicitado al Congreso Nacional la cancelación del pago del impuesto sobre el activo neto, debido a:  “Que producto de la incapacidad y la corrupción  permanente, la mala gestión en el manejo de la pandemia y los daños ocasionados por los huracanes Eta y Iota, la economía hondureña continúa experimentando una profunda crisis que ha provocado la pérdida de empleos y el cierre  de operaciones de muchas empresas.” A esta petición, también se ha sumado la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, manifestando: “Nos preocupa enormemente la reducción en las ventas que han tenido que afrontar la mayor parte de las empresas del país, en especial el sector Mipyme, ya que les afecta directamente en su liquidez. Esta situación que muchas empresas se hayan visto en la necesidad de cerrar sus operaciones, y que las pocas que continúan en funcionamiento, lo hagan con pérdidas…”.

 

El impuesto al activo neto fue creado mediante Decreto 51-2003, contenido en la Ley de Equidad Tributaria. Es de naturaleza anual, y aplicable sobre un concepto contable denominado “activo total neto”[1]. Los sujetos pasivos u obligados al pago de este impuesto son las personas jurídicas, que tengan el carácter de comerciantes. El valor a pagar por este impuesto será del uno por ciento (1%) sobre el valor del “activo total neto”. Los valores pagados en concepto de impuesto al activo neto, constituirán un crédito contra el valor del impuesto sobre la renta a pagar. De modo que, siempre, se pagará el impuesto que resulte mayor.

 

Detrás de la creación de este impuesto hay una desacertada “medida antifraude” que implica la obligación para el contribuyente de pagar tributos en concepto de ganancias, sin importar sus resultados. Decimos que la medida es desacertada, porque para combatir un supuesto fraude de algunas empresas que operaban constantemente con pérdidas, se instaura un impuesto de carácter general en el que, tomando prestada una frase bíblica: “pagan justos por pecadores”. La medida rige sobre defraudadores y honestos, sin importar su naturaleza, y lo que es peor, sabiendo que el impuesto es injusto en muchos casos. En Honduras la buena fe se presume (artículo 148 del Código Civil), pero en el caso particular del impuesto al activo neto, lo que se presume es la mala fe, ya que todos los contribuyentes sujetos al impuesto fueron considerados defraudadores.

 

Considerando que las leyes son de naturaleza general y que deben tratar con igualdad a todas las personas, sin importar su sexo, raza, o cualquier otra condición lesiva a su dignidad humana; hace algunos años interpusimos, en representación de algunos clientes, una acción de inconstitucionalidad contra el impuesto al activo neto, señalando las graves violaciones constitucionales ocasionadas por la aplicación de este impuesto:

  • Violación al principio de legalidad tributaria[2].

Según la Constitución, todo impuesto debe estar contenido en una ley decretada por el Congreso, lo que significa que todos los elementos constitutivos del impuesto deben estar contenidos en la ley. Es claro que todo impuesto debe basarse en un acto o un supuesto generador de la obligación tributaria, sin embargo, y a pesar de la orden expresa del Constituyente, el Congreso Nacional de la República no instauró un hecho generador para el impuesto al activo neto. En efecto, cuando se revisa atentamente el Capítulo II de la Ley de Equidad Tributaria se puede encontrar quien es el obligado a pagar, a quienes se eximió del pago, y la materia sobre la cual deberá pagarse el impuesto, pero no se encuentra cual es el acto o supuesto que origina el nacimiento de la obligación tributaria.

 

  • Violación al principio Constitucional de Igualdad[3].

Todos somos iguales ante la ley. La discriminación de cualquier tipo se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 5 de la Ley de Equidad Tributaria dispone que el impuesto se aplicará sobre el activo total neto de las personas jurídicas que tengan el carácter de comerciantes según el Código de Comercio. Para el Código de Comercio, tienen la situación jurídica de comerciantes tanto las personas naturales como las jurídicas (artículo 2 del Código de Comercio), por lo tanto, son sujetos de los mismos derechos y obligaciones. Al haberse creado un impuesto que únicamente grava a las personas jurídicas, es evidente la discriminación que sufren las personas naturales que conforman, son socios o accionistas de las personas jurídicas comerciantes, ya que son sujetos pasivos del impuesto al activo neto, por la única razón de haberse constituido en una sociedad mercantil.  Tal discriminación no tiene sustento legal ni constitucional, por lo que el impuesto al activo neto es evidentemente inconstitucional.

 

  • Violación a los principios de proporcionalidad y capacidad contributiva[4].

Se debe pagar los tributos con base en la capacidad contributiva del sujeto obligado, y en la debida proporción a esa capacidad. El Congreso Nacional de la República, al emitir la Ley de Equidad Tributaria, dispuso en su artículo 15: “Los valores pagados en concepto de impuesto al activo neto, correspondientes al respectivo año, constituirán un crédito contra el valor del Impuesto Sobre la Renta a pagar./ Si en el año imponible a que corresponde el pago, la persona jurídica ha enterado en concepto de impuesto sobre la renta una cantidad igual o superior al impuesto a pagar en concepto de activo total neto, se entenderá cumplida la obligación derivada de este último. En el caso de que la suma pagada por Impuesto Sobre la Renta fuere menor a la que debe enterarse por el impuesto al activo neto, su diferencia será el impuesto a pagar en concepto de activo total neto.”

En esta norma resultan evidente varias cosas:

  1. Que el impuesto al activo neto constituye un crédito contra el pago del impuesto sobre la renta;
  2. Que el obligado a pagar impuesto sobre la renta, cuando por este concepto ha enterado una cantidad superior o igual al impuesto al activo neto, no se encuentra obligado a pagar dicho impuesto;
  3. Que el obligado a pagar el impuesto al activo neto, cuando no tiene obligación de pagar el impuesto sobre la renta, por no haber tenido pérdidas, se encuentra obligado a pagar el impuesto al activo neto.

En este sentido, el crédito no hace más que reconocer que el impuesto al activo neto es una cédula del impuesto sobre la renta, en la que se paga sin ninguna conexión con la capacidad contributiva del sujeto, y en el caso de pérdidas, en total desproporción con otros contribuyentes con idéntica capacidad contributiva, especialmente, con aquellos no sujetos al impuesto al activo neto.  

 

  • Violación al principio de no confiscatoriedad[5].

Los impuestos no serán confiscatorios[6]. En la situación actual, en la que una gran cantidad de contribuyentes tendrán pérdidas, se demuestra la inconstitucionalidad del impuesto al activo neto por confiscatorio, pues en el caso que una empresa tuviera pérdidas, y a la vez activo total neto, todavía estaría en la obligación de pagar el impuesto. No habiendo ganancias, sino más bien pérdidas, y tomando en consideración que la mayor parte de los activos, se encuentran dañados, no están en operación o se adeudan a los acreedores, el contribuyente se encontrará en la obligación de pagar el impuesto al activo neto, para lo cual solamente tendrá dos alternativas: endeudarse más o reducir sustancialmente su patrimonio.

 

No puede dejar de mencionarse que, a pesar de nuestro análisis, la Ley de Equidad Tributaria admite la posibilidad de pérdidas ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor.  La ley exige que las pérdidas sean certificadas por una empresa auditora, debidamente colegiada. En todo caso, las pérdidas que no se deban a caso fortuito o fuerza mayor certificadas por empresas privadas auditoras, no serán reconocidas ni aceptadas para los efectos del impuesto al activo neto. Por otra parte, a pesar de que la Ley de Equidad Tributaria parece señalar que se trata de una simple notificación, la práctica y la interacción con otras leyes[7], ha determinado que las pérdidas deben ser verificadas por el Servicio de Administración de Rentas, por lo que deberán seguir un procedimiento que puede prolongarse.

 

Hemos condensado los argumentos anteriores para propósitos de este artículo. En nuestra acción de inconstitucionalidad, se presentaron con mayor explicación y sobre todo acompañados de las pruebas correspondientes. Lamentablemente, nuestra acción de inconstitucionalidad fue resuelta sin lugar por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante su sentencia del 24 de mayo de 2005. En aquel tiempo, la Corte Suprema no tuvo la visión ni el alcance para declarar la inconstitucionalidad y hacer inexequible la aplicación del impuesto al activo neto. En su sentencia, la Sala de lo Constitucional, no estableció ninguna motivación, no desarrolló ningún principio constitucional, ni exteriorizó ningún argumento que pudiera ser evaluado. En uno de sus parcos “Considerandos” nada más señala: “Se aprecia que el recurrente no llenó los requisitos que hacen viable la procedencia del recurso, dado que si bien cita los artículos que cree inconstitucionales, no demuestra en su explicación la incongruencia de dichas normas con la Constitución de la República.”. Por lo anterior, se desconocen las razones por las que la inconstitucionalidad fue denegada. Evidentemente, quizás no era el momento oportuno para que los señores magistrados evaluaran apropiadamente una acción de inconstitucionalidad, contra un impuesto que había sido implementado como “medida antifraude”. Debe tomarse en consideración que, en aquellos años, el Gobierno había manifestado que el impuesto al activo neto era una necesidad y eran muy pocas las empresas que resultaban afectadas por el impuesto.

 

Últimamente nos ha ido muy mal como país, hemos sufrido una desaceleración económica posiblemente peor que la que sufrimos con la crisis política del 2009. Sin embargo, en lo relacionado con la posible derogación del impuesto al activo neto, parece que ahora las estrellas se han alineado: Según el Fondo Monetario Internacional[8], América Latina ha tenido una contracción del crecimiento económico de -7.0% para el año 2020. El caso hondureño es lamentable, ya que sumado a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19, el fatídico año anterior nos trajo además dos huracanes. Las pérdidas que han sufrido las grandes empresas, el sector turismo y, especialmente, las micro, pequeñas y medianas empresas han sido enormes y devastadoras. Es ahora cuando se verá con total claridad la injusticia y el efecto adverso del impuesto al activo neto.

 

El Congreso debe escuchar a las Cámaras y proceder a derogar este impuesto, ya que su cobro será desfavorable para muchos contribuyentes. A nuestro juicio la derogación es lo más apropiado, sin embargo, si no es posible, debe pensarse en alternativas viables que les permitan a las empresas un respiro en materia tributaria, teniendo en cuenta las pérdidas que han sufrido. Una alternativa viable, es que se cumpla con lo señalado en la Ley de Equidad Tributaria, y se acepte que las pérdidas certificadas por compañías auditoras, sean simplemente notificadas, aplicándolas en los sistemas del Servicio de Administración de Rentas de forma automática, así el contribuyente no tendrá que esperar por una verificación y resolución de aprobación. Las medidas de alivio tributario, deben ser instituidas como prioridad, si se piensa que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, prevén un crecimiento para el área centroamericana del 5.6% en el año 2021 y un 4.1% en el 2022. Las medidas de alivio, con toda seguridad facilitarán y ayudarán a que se produzca la ansiada recuperación económica lo más pronto posible.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de abril de 2021

 


[1] El activo total neto consiste en el valor de los activos que figuran en el balance general del contribuyente, menos:

  • las reservas de cuentas por cobrar.
  • las depreciaciones acumuladas permitidas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
  • las reevaluaciones de activos mientras no se disponga de las mismas.
  • los valores correspondientes a expansiones de inversión registradas como proyectos en proceso o activos fijos que no estén en operación.
  • También se deducirá el saldo de obligaciones con instituciones financieras directamente relacionadas con el financiamiento de activos fijos que estén en operación.

[2] Artículo 109 de la Constitución de la República que dice: “Los impuestos no serán confiscatorios./ Nadie está obligado al pago de impuestos y demás tributos que no hayan sido legalmente decretados por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias./ Ninguna autoridad aplicará disposiciones en contravención a este precepto sin incurrir en la responsabilidad que determina la Ley.”

[3] Artículo 60 de la Constitución de la República: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos./ Todos los hondureños, son iguales ante la ley./ Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza y cualquier otra lesiva a la dignidad humana./ La ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto.”

[4] Artículo 351. El sistema tributario se regirá́ por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente.

[5] Ver nota 2.

[6] La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 17, establece: “1) Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente; 2) Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.”; La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 21, reconoce que: “1) Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social; 2) Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley; 3) (…)”; y La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por el artículo 23 dispone: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.”

[7] Ver Decreto 96-2012

[8] Fondo Monetario Internacional; base de datos de Perspectivas de la economía mundial; y cálculos del personal técnico del FMI; 2021.

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