Guatemala: Reflexiones sobre la suspensión del acuerdo 250-2020 y su impacto en el pago del Bono 14

Escrito por:

Federico Zelada

 

El acuerdo 250-2020, establecía un procedimiento para que aquellos patronos que se vieran imposibilitados para cumplir con el pago del “Bono 14” presentasen una declaración jurada en la que hacían constar esa circunstancia, acompañando además ciertos documentos que en principio permitirían al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, evaluar la veracidad de esa información. Es importante aclarar que ese procedimiento expresamente señalaba que la presentación de la declaración jurada no eximía a los patronos del pago de la citada prestación y en el texto de esa disposición reglamentaria tampoco se hacía alusión de forma clara a algún efecto concreto de esa declaración sobre el pago del bono 14.

 

Al día de hoy, el acuerdo en cuestión fue suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad e inmediatamente comenzaron a circular en redes sociales y en medios informativos comentarios e información sobre que esa suspensión tenía como efecto imposibilitar a los patronos pactar con sus trabajadores el diferimiento del pago del Bono 14.

 

Las razones que motivaron a la Corte de Constitucionalidad a suspender la norma, no las conocemos, pero lo que sí conocemos es el contenido del acuerdo y las normas que rigen el pago de la citada prestación, lo que en alguna medida permite hacer algunas reflexiones.

 

Como primer punto, la Ley del Bono 14 prevé una salida para el caso de que algún patrono no pueda hacer frente al pago de esta prestación, en específico el artículo 7 del Decreto 42-92 establece que los patronos que se vean impedidos de hacer efectivo el pago del citado bono, podrán recurrir al sistema financiero a solicitar préstamos en condiciones preferenciales. Respecto a esta posibilidad el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, oportunamente, hizo del conocimiento público las alternativas con que contaban los patronos para hacer uso de este beneficio legal. Es decir que la Ley ya contempla una forma para poder afrontar una situación como la que actualmente vivimos y que fue activada oportunamente por las autoridades administrativas.

 

La segunda reflexión que quisiera compartir es con relación a la declaración jurada que motivó al Ministerio de Trabajo a dictar el acuerdo 250-2020. El antecedente de esta declaración jurada se encuentra en la Ley del Aguinaldo, la cual establece que en casos en que los patronos no puedan satisfacer esa prestación deberán presentar una declaración jurada al MINTRAB, quien podrá verificar la veracidad de lo declarado. La Ley del Aguinaldo no establece de forma clara si esa declaración exonera del pago del Aguinaldo, pero se extrae del texto de la norma que ese es el objeto de presentar la declaración.

 

Ahora bien el Ministerio de Trabajo al dictar el acuerdo tantas veces referido, aparentemente, no estableció el objeto de presentar la declaración jurada, por lo que se podían asumir varios supuestos, entre ellos que esa declaración fuera el habilitador para llegar a acuerdos con los trabajadores o bien que la declaración fuera un antecedente para acudir al sistema financiero a solicitar apoyo para el pago del Bono 14, la finalidad expresa no se recoge, pero podemos inferir que esa norma fue dictada para conocer la capacidad económica del patrono y la imposibilidad material de cumplir con el pago de forma inmediata. La aplicación de ese acuerdo hubiera permitido al Ministerio de Trabajo y Previsión Social desarrollar dos funciones que le son asignadas por ley, la primera que es la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones laborales y la segunda, la autorización, conforme al artículo 20 del Código de Trabajo, de condiciones especiales para el pago del Bono 14 atendiendo a las circunstancias concretas que han afectado la economía nacional. 

 

La tercera y última reflexión que me gustaría realizar es sobre si efectivamente la suspensión de la norma citada imposibilita a patronos y trabajadores acordar el diferimiento del pago del Bono 14. En ese sentido se debe recordar que el derecho laboral es un derecho realista y objetivo, porque busca resolver los problemas que de su aplicación surjan con base en hechos concretos y tangibles y con criterio social, es así como el artículo 20 del Código de Trabajo establece la posibilidad de que patronos y trabajadores puedan acordar la modificación de las condiciones del contrato de trabajo y sobre todo que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pueda en casos en que así lo justifique plenamente la situación económica de la empresa, autorizar alteraciones en las condiciones que rigen dichos contratos.  En las actuales circunstancias, conforme a los principios propios del derecho del trabajo y las facultades que asigna la ley al Ministerio de Trabajo, en nuestro criterio si un patrono se ve impedido de poder cumplir con el pago del Bono 14 perfectamente podría negociar con sus trabajadores el diferimiento de dicho pago o bien solicitar al Ministerio de Trabajo autorización para diferir el pago del mismo, pues ese tipo de medida no busca vulnerar los derechos de los trabajadores sino más bien adecuarlos a una situación temporal y extraordinaria que posibilita su cumplimiento.

 

Esas alternativas tienen además un asidero material y concreto, pues ese compromiso de pago acordado entre las partes de las relación laboral o autorizado por el Ministerio de Trabajo, seguramente serán una mejor solución, que buscar un cumplimiento coercitivo que materialmente resulta imposible, sería absurdo que una autoridad cuestione esos acuerdos o la facultad ministerial de autorizarlos en la forma establecida por la ley, sobre todo porque ese cuestionamiento no tendría un efecto concreto y material respecto al resguardo de los derechos que absurdamente se persigue, mediante la aplicación positivista de la ley laboral.

 

Es importante que el sector privado organizado y las organizaciones sindicales tomen una participación activa en la discusión constitucional que este tema ha generado y sobre todo encuentren y propongan soluciones que permitan la adaptación de las normas laborales a estas circunstancias económicas concretas que representan un reto para todos aquellos que nos relacionamos con el día a día de las relaciones laborales.

 

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