Guatemala: La ley de insolvencia en Guatemala, una herramienta necesaria para paliar los efectos económicos negativos del COVID-19

La actual pandemia Covid-19 afecta la economía a nivel mundial, y los países de la región centroamericana no son la excepción. En los últimos meses hemos visto como los gobiernos de los países centroamericanos han adoptado una serie de planes y programas para mitigar los efectos negativos en sus economías y, así, proteger en lo posible la economía del hogar de sus ciudadanos.

 

En Guatemala se han adoptado medidas por parte del Gobierno, así como el Congreso de la República, a través de la emisión de leyes que permiten a los ciudadanos la continuidad de los servicios básicos, así como obtener facilidades para un mayor acceso a créditos y micro-creditos, con la intención de paliar la difícil situación económica que atraviesa el país. No obstante, aún se encuentran pendientes de ser discutidas varias leyes que permitan tener ese apoyo adicional por parte del Estado, para lograr mantener a flote la económica nacional, no solo a corto y mediano plazo, sino también a largo plazo.

 

Entre esas leyes se encuentra la iniciativa de ley No. 5446, Ley de Insolvencias, que permitiría a las personas individuales y comerciantes, solventar sus obligaciones legales y contractuales cuando se vean en casos de insolvencia, manteniendo en algunos casos sus negocios y patrimonio.

 

En la actualidad las insolvencias se encuentran reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil (Decreto Ley No. 107 y sus reformas), la cual entró en vigencia el 01 de julio de 1964. Dicha disposición legal se encuentra desfasada de las necesidades actuales de la población. En esta[1] se regulan los diversos procedimientos para la declaratoria de Insolvencia y la eventual Quiebra de una persona (ya sea individual o jurídica).

 

Esta norma tiene marcada la intención de proteger al acreedor, ya que busca garantizar el pago de las obligaciones del deudor frente a estos a través de la realización del patrimonio del insolvente. Lo anterior resulta contrario a la tendencia mundial, en donde, en la gran mayoría de legislaciones, a través de los procedimientos de insolvencia, se busca mantener la actividad de los negocios, protegiendo de mejor manera la económica nacional como al empresario y también a sus acreedores.

 

El Código Procesal Civil y Mercantil vigente prevé la posibilidad para el insolvente, de buscar un acuerdo con sus acreedores y, así, solventar su situación a través de lo que se conoce como el Concurso Voluntario de Acreedores. A pesar de ello, esta opción también conlleva el riesgo de perder el control de sus negocios, así como una eventual posibilidad de que, en caso no se logre el acuerdo, verse sujeto a un proceso de ejecución colectiva, en el cual se vea totalmente desapoderado, no solo del control de sus negocios, sino también de sus bienes, a través del Concurso Necesario de Acreedores.

 

Debido a lo anterior, el proceso de insolvencias en Guatemala resulta una herramienta poco atractiva para los empresarios, tanto desde el punto de vista del deudor, que enfrenta la perdida total de sus negocios, como para los acreedores, quienes quedan sujetos a la suerte de lo que se logré rescatar para obtener el pago de sus créditos. De ahí la necesidad de que el Estado de Guatemala, por medio del Congreso de la República, brinde una herramienta esencial en estos momentos de crisis, para poder obtener soluciones viables y ágiles para deudores como acreedores, por medio de las cuales se permita al primero salir de su situación de insolvencia y, a los segundos, obtener el pago de sus acreedurías.

 

La iniciativa No. 5446 Ley de Insolvencias, en síntesis, busca desarrollar un régimen legal moderno y ágil, que tenga como eje central la reorganización de las empresas que se vean en estado de insolvencia, priorizando la continuidad de la actividad del deudor de una manera controlada para que, a través de la misma, se pueda hacer pago a los créditos de sus acreedores, y si en determinado caso, dicha opción resulte inviable, proceder a liquidarlas por medio de procesos legales ágiles y ordenados, dotados de la mayor certeza jurídica posible.

 

Lo anterior adquiere relevancia nacional, puesto que, no solo permite a las empresas afrontar casos de insolvencia y mantener sus negocios, sino también, es un indicador del Banco Mundial en el Doing Business, en cuyo estudio, Guatemala se ha visto rezagada en comparación con el resto de la región, quienes en su gran mayoría sí cuentan con una ley de insolvencias moderna y ágil.

 

Los efectos negativos del Covid-19 ya se empiezan a sentir a nivel global, por lo que se debe tener en cuenta la necesidad de que, Guatemala cuente con esta herramienta que permita a muchas personas y negocios mantener sus comercios abiertos, manteniéndose a flote las fuentes de trabajo e inversión, que permitan al insolvente sanar su situación económica, que en el caso de la pandemia fue imposible de prever, brindando certeza al acreedor que no quedará sujeto a la masa del fallido, sino todo lo contrario, obteniendo la certeza de la recuperación de sus acreedurias por parte de este siguiéndose los procedimientos legales correspondientes.

 

Cabe recordarse que de conformidad con la Ley del Organismo Judicial en su artículo 7 establece que las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo lo que la propia ley determine. Razón por la cual resulta de urgencia nacional que se decrete la Ley de Insolvencias lo antes posible, para que, todas las personas que, derivado de los efectos de la pandemia Covid-19, se vean inmersas en una situación de insolvencia, puedan proteger su patrimonio y negocios, buscando mantener los mismos frente a sus acreedores, garantizándose la continuidad del negocio para el debido pago de todas sus obligaciones legales y contractuales que tengan, protegiendo de esa manera, no solo al deudor, sino garantizando la efectiva posibilidad de recuperación de sus créditos por parte de los acreedores, así como la económica nacional, manteniendo abiertos los negocios y las fuentes de trabajo que de estos surgen.

 

[1] Libro III. Titulo V. Artículos del 347 al 400.

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