Guatemala: ¿El principio iuris tantum llegará al sector bancario?

Escrito por:

Álvaro Castellanos y Diego Alejos

 

En el año 2002 se produjo la llamada “tercera reforma monetaria y financiera” en Guatemala, que dio lugar a la emisión, entre otras importantes regulaciones, a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, (la “Ley”) (Decreto 19-2002 del Congreso), que vino a modernizar el régimen legal en esta materia vigente desde el año 1946.

 

En el año 2012 se introdujeron las primeras modificaciones a dicha Ley, mediante el decreto 26-2012, buscando fortalecer el régimen regulatorio bancario. No necesariamente podría decirse que ese momento reformativo fuese una “cuarta reforma monetaria y financiera en el país”.

 

Ahora bien, en el año 2016, el Ministerio de Economía de Guatemala, presentó al Congreso de la República, una iniciativa de reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros que busca atender algunos criterios bajo Basilea III, que como es bien sabido, es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente y que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea desarrolló en respuesta a la crisis financiera de 2007-2009.

 

El objetivo de dichas medidas es reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo de los bancos.

Quizás el paquete de reformas legislativas propuestas en 2016 y otras que pudieran seguir bajo criterios o estándares de Basilea III, sí pueden acercarse más a una “cuarta reforma monetaria y financiera” dados los alcances de supervisión y control que se buscan implementar, para evitar al grado máximo posible crisis como las anteriormente mencionadas.

 

Esta iniciativa se identifica como la No. 5157, y a pesar de los años que lleva desde que ingresó formalmente en el Organismo Legislativo, no ha entrado aún a debate parlamentario.

 

Tiene ya un dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior otorgado desde el año 2017, pero desde entonces, según las fuentes legislativas consultadas, no ha tenido mayor movimiento, lo que llama fuertemente la atención dada la importancia de los compromisos internacionales en materia regulatoria bancaria que Guatemala ha adquirido.

 

Dicho de otra forma, el Congreso de la República no pareciera, hasta ahora, estar muy interesado en apoyar un trabajo al parecer, diligente y oportuno de las autoridades del Organismo Ejecutivo para ir cumpliendo gradualmente con los estándares de Basilea III.

 

El contenido del proyecto de ley es, como era de esperarse, extenso y busca otorgar capacidades de supervisión bancaria a los reguladores (Superintendencia de Bancos y Junta Monetaria, esta última, superior a aquella), con el fin de preservar la estabilidad financiera del país, algo que inclusive tiene rango constitucional, pues la “carta magna” Guatemalteca considera dicha estabilidad como un bien jurídico que debe ser tutelado por el Estado.

 

Entre los diferentes aspectos contenidos en este amplio proyecto o iniciativa de ley, se contemplan disposiciones para el fortalecimiento de la supervisión bancaria, la inclusión de criterios macroprudenciales para la gestión de riesgos, el fortalecimiento de la red de seguridad bancaria, un novedoso régimen de financiamiento para la capitalización de bancos por parte del Banco Central de Guatemala (entre otros, mediante adquisición de acciones o de activos) y la remoción de directores, administradores o gerentes de entidades bancarias con el fin de mitigar “riesgos morales” asociados a la aplicación de cualquiera de las medidas extraordinarias contempladas en estas reformas.

 

Y por todo ello, se propone una reforma al artículo 77 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros que persigue consolidar la legalidad de los actos administrativos, partiendo de la presunción iuris tantum en cuanto a la legitimidad de que están revestidos dichos actos, lo que significa, legalmente hablando, que una vez emitidos o adoptados por autoridad competente y observando el debido proceso, los actos administrativos adquieren plenitud.

 

Por lo tanto, cualquier medida sobre suspensión de operaciones o cualquier otra medida extraordinaria como las contempladas en este paquete de reformas, se presumen “conforme a derecho” y por lo tanto, salvo proceso judicial que establezca lo contrario, se les exime a las autoridades regulatorias correspondientes, “por presunción legal de validez jurídica”, de acciones legales que se pretendan plantear contra dichas personas o las propias instituciones reguladoras.

 

En otras palabras, salvo que un juez competente, luego del debido proceso y todas las instancias, declare que una autoridad abusó de sus facultades legales, y hasta entonces, no se puede iniciar ninguna acción legal en contra de los funcionarios de los entes reguladores.

 

Al día de hoy, creemos que esta presunción de legalidad (salvo que se demuestre lo contrario posteriormente), que sería de alto riesgo en manos de otras autoridades del país, sabrá ser manejado prudencial y éticamente por los funcionarios de la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria, pues son de las instituciones más sólidas, si no, las más solidas del país.

Ir arriba