Guatemala: El cierre de establecimiento y la sustitución de la sanción por multa

Escrito por: Mario Estuardo Archila

 

Recientemente fui consultado en un procedimiento de cierre temporal de un establecimiento. Si bien el cierre de establecimiento es una sanción contenida en el Código Tributario por la comisión de ciertas infracciones de índole formal, siempre había estado en el ambiente que se trataba de un procedimiento penal, pues se realiza ante un juez de paz penal.

 

En el año 2020 la Corte de Constitucionalidad dictó sentencia dentro del expediente número 1255 -2018, el 29 de abril de 2020, en virtud del cual estableció el criterio que la multa impuesta en reemplazo de la orden de cierre temporal de establecimiento comercial es una sanción administrativa y no la consecuencia de la tramitación de un proceso judicial por lo que corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria percibirla y administrarla y la misma no debe ser ingresada como fondo privativo del Organismo Judicial. Este fallo, por el momento, es el único que logramos encontrar en la investigación realizada por la firma.

 

¿Qué implica? Realmente el fallo tiene varias implicaciones importantes a tener en cuenta en el análisis de los artículos 85 y 86 del Código Tributario que contienen las infracciones, la sanción y su procedimiento de aplicación.

 

Según la Corte de Constitucionalidad (CC) el procedimiento mediante el cual se tramita la solicitud de imposición de sanción de cierre temporal de establecimiento comercial tiene por objeto específico determinar si el contribuyente ha incurrido o no en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 85 del Código Tributario, los cuales constituyen infracciones de índole administrativo tributario. Esta postura es importante, toda vez que la línea doctrinaria que los redactores de nuestro Código Tributario habían utilizado para efectos de infracciones y sanciones es que se trata de derecho penal aplicado en sede administrativa. Por ello el Código Tributaria contiene posibilidad de aplicar retroactivamente la sanción más benigna y tiene unas normas de aplicación de las sanciones bastante más detalladas que otras ramas del derecho administrativo. Ahora bien, la CC se inclina en pensar que no es una sanción penal, sino administrativa aplicada en sede penal. Por ello el procedimiento ante el juez de paz penal es para para establecer si procede o no la imposición de la sanción regulada legalmente ante la comisión de aquella conducta, la cual no puede ser calificada como delito o falta, debido a que está regulada en una norma estrictamente administrativa que conlleva una ordenanza de carácter administrativo. Este criterio no es compartido por mí, dado que el hecho de estar siendo aplicada por un juez penal inhibe el control del tribunal de lo contencioso administrativo, inhibe el conferimiento de los 10 días de audiencia que frente otras infracciones es obligatoria. El enfoque de la CC es de reducción de las garantías, pero con aplicación en sede penal y despojando las garantías que el Código Tributario habría colocado para las infracciones administrativas puramente.

 

La CC indica que la imposición de la sanción se realizará por medio de un procedimiento sui generis, en el que, en lugar de que la propia dependencia administrativa dirima el asunto, tal labor se encomienda a un órgano jurisdiccional, debido a la afectación que dicha sanción puede provocar a determinados derechos fundamentales, pero el procedimiento, como garantía, es bastante deficiente y, considero, causa fraude al control jurisdiccional que los tribunal de lo Contencioso Administrativo están constitucionalmente llamados a ejercer.

 

La postura del tribunal constitucional es que el Código Tributario no califica o asimila el procedimiento aludido a un proceso penal, incluso, la decisión que emite es denominada simplemente “resolución” no así sentencia, en congruencia con las características y elementos específicos que lo identifican. Como dicen, el papel aguanta con todo, pero una resolución de fondo, emitida por un juez es una sentencia o un auto, no así una simple “resolución” como se pretende hacer ver. Debemos entender que el término “resolución” es un genérico que abarca providencias, resoluciones administrativas, autos, sentencias y otros actos decisorios de los órganos administrativos o judiciales. En materia administrativa, si es una “resolución” debería proceder, entonces, el contencioso administrativo, pues es mandato constitucional. Pero al ser órgano jurisdiccional, deberíamos tener las posibilidades de recurrirlas. La consecuencia sobreviniente por su consumación no reviste la naturaleza de una pena propiamente dicha. Las formalidades que habrán de cumplirse en este tipo de casos, deben responder a su naturaleza propia – sancionadora tributaria-, razón por la cual no resultan aplicables las figuras, impugnaciones e instituciones propias del derecho procesal penal a efecto de convalidar u objetar la decisión asumida, en lo que razonó la CC. Lo que deja un gran vacío interpretativo sobre cuáles son los medios para garantizar las 2 instancias que en todo proceso judicial debe darse al ciudadano tal como lo ha reconocido el art. 8º, inc. 2º, numeral h del Pacto de San José de Costa Rica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que esta garantía procesal se ha de extender a pleitos de naturaleza fiscal, administrativa, civil y laboral, por lo que es un camino arduo armonizar el Pacto de San José con la interpretación de la CC.

 

Aparentemente, la CC indica que la sustanciación, resolución e impugnación de los temas de esta materia deberán desarrollarse con fundamento en lo regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial, de conformidad con lo que preceptúan los Artículos 4º y 168 del Código Tributario.

 

El juego de facultades de la Administración Tributaria y el alcance de un juzgado de paz penal parece ser el centro del análisis de la CC. Indicó en el fallo que SAT está facultada para imponer las sanciones que, por la comisión de infracciones formales, corresponda a los contribuyentes, siempre que no constituyan delito o falta regulados en la legislación ordinaria. Entre tales infracciones se encuentran las reguladas en el artículo 85 del Código Tributario, a las que les corresponderá la imposición de las sanciones previstas en el artículo 86 de ese cuerpo legal, tal como el cierre temporal de un establecimiento comercial, sanción que puede ser reemplazada por multa, lo cual significa que, al ser un reemplazo, esta multa tiene la misma finalidad que aquella sanción administrativa impuesta, lo que debería ser coherentemente interpretado con el Artículo 187 de la Ley del Organismo Judicial que regula: “Todas las multas o conmutas que provengan de la administración de justicia ingresarán a la Tesorería del Organismo Judicial, por ser fondos privativos de este Organismo”. A partir de esto se concluye que las multas impuestas dentro de los distintos procesos judiciales constituyen fondos privativos del Organismo Judicial por derivar de la administración de justicia, pero que no pueden considerarse procesos judiciales, aquellos procedimientos que, por su naturaleza, son puramente administrativos, pero que por disposición del legislador ordinario y en resguardo de los derechos de los administrados, su tramitación ha sido encomendada a un órgano jurisdiccional, tal es el caso de la solicitud de imposición de sanción de cierre temporal de establecimiento comercial.

 

El argumento lo cierra la CC indicando que si bien, quien resuelve el caso es un juez que administra justicia, tal decisión no fue emitida por la comisión de una falta o delito contemplado en el Código Penal, sino por la comisión de una infracción tributaria, a la cual de conformidad con el Código Tributario se le impuso una sanción administrativa -multa- en reemplazo del cierre temporal del establecimiento comercial, por lo que al constituir la multa impuesta una pura sanción administrativa y no la consecuencia de la tramitación de un proceso judicial, corresponde a la autoridad tributaria percibirla y administrarla, por lo que no debe ser ingresada como fondo privativo del Organismo Judicial.

 

Esta sentencia de la CC no llena, a mi juicio, todos los vacíos y pareciera que simplemente busca permitir que la multa sea cobrada por la Administración Tributaria, sin verdaderamente haber hecho un análisis de las implicaciones y complicaciones que su razonamiento está colocando en todos los procedimientos sancionadores que se siguen aplicando en sede administrativa y terminan, eventualmente, en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

Ir arriba