Guatemala: Corrupción ¿existe en el ámbito privado?

Escrito por:

Astrid Dominguez

 

Hoy más que nunca, resuena en los distintos ámbitos de nuestras vidas, nuestras redes sociales y nuestros alrededores, la preocupación por vivir rodeados de actos que denominamos “actos de corrupción”. Muchas veces enfocamos esta preocupación al ámbito público, al actuar de las autoridades que tienen más presencia mediática y que creemos más influyentes en distintos ámbitos de la sociedad. Sin embargo, vale la pena preguntarnos si esta preocupación también deberíamos trasladarla al ámbito privado, a nuestras actividades cotidianas, a nuestras propias actitudes, dentro de nuestras propias empresas.

 

El término corrupción, de conformidad al Diccionario de la Real Academia Española, se define de la siguiente forma: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. En otras palabras, corrupción significa utilizar los medios o funciones al alcance para sacar provecho propio que no corresponde. En definitiva, esta definición se ha ampliado en los últimos años en el ámbito legal, así como las diferentes prácticas desleales o no éticas en las cuales la corrupción se puede manifestar. Para evidenciar la amplitud del término y para efectos del presente artículo, se describen algunas de las prácticas que pudieran encuadrar en actos de corrupción:

 

  • Alteración de registros, uso no autorizado de información
  • realización de actos arbitrarios o ilegales
  • incumplimiento de funciones
  • cometer falsedades
  • desobedecer resoluciones legales
  • revelar secretos y usurpar atribuciones
  • aceptar u ofrecer objetos de valor o beneficios para realizar, ordenar, retardar u omitir actos de su cargo
  • sustraer bienes que custodie o hacer uso de los bienes para un fin distinto al cual estuvieran destinados
  • obtención de beneficios patrimoniales, nivel de gastos o cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener derivado de su usual actuar
  • prestar el nombre o la razón social
  • influir en un funcionario o empleado público para obtener un beneficio indebido
  • defraudar patrimonio ajeno
  • gestionar comisiones para que se le adjudique un contrato de cualquier índole o beneficio
  • obstaculizar el cumplimiento de las funciones de funcionarios

 

El término corrupción entonces es por demás amplio y las actividades que la pueden llegar a configurar son diversas. La pregunta es entonces, ¿pueden realizarse este tipo de actos corruptos en el sector privado? La respuesta es: definitivamente sí, ya que a lo interno de cualquier entidad que maneje información, posea bienes, maneje secretos comerciales, tenga relaciones con el Estado o con terceros, existirán riesgos o vulnerabilidades que podrían atraer a trabajadores o personas vinculadas a la entidad para alejarse de los lineamientos éticos establecidos y pretender sacar provecho propio. Es decir, aprovecharse de la estructura de la entidad para beneficiarse en exceso, fuera de lo que corresponde. Además, sería un interesante ejercicio, establecer qué tipo de consecuencias podrían aparejar estos actos a la entidad en sí misma, ya que además de afectar en lo individual a la persona que lo comete, podría afectar igualmente la imagen y el prestigio comercial de la propia entidad.

 

Por lo tanto, es necesario que a lo interno de nuestras entidades se implementen acciones clave para evitar que estos riesgos ocurran. Estas acciones son: regular – capacitar – vigilar – denunciar – sancionar. Este ciclo, usualmente denominado en conjunto como “Programa de Cumplimiento” ayuda a mantener vivos los valores éticos dentro de las entidades y permite que la entidad se aleje de cometer prácticas corruptas, que igualmente infestan el ámbito privado. El ciclo se refiere específicamente a que debemos conocer nuestros negocios, regular aquellas actividades que consideremos con más riesgo de corrupción, informar a nuestros colaboradores qué se espera de ellos y brindarles el poder de vigilarnos mutualmente. Luego, debemos hacernos parte de una cultura en donde sabemos que todos estamos haciendo las cosas bien y que, en caso se conozca que alguien se separa de nuestros ideales, se tenga el poder y facilidad de informar a quienes puedan tomar decisiones clave y puedan sancionar adecuadamente.

 

Corresponde entonces a cada uno de nosotros velar por la ética en nuestras entidades y nos obliga a ejercer el deber ciudadano de hacer las cosas bien, el estar vigilantes y ser agentes de cambio positivos y proactivos, que construyan un mejor Estado y que permita que cada uno de nuestros colaboradores sienta y esté convencido que nuestra entidad valora y premia las conductas éticas.   

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