Generalidades de La Ley Concursal de Costa Rica

El presente es el primero de seis artículos que serán publicadas en este boletín con el objeto de analizar los aspectos más importantes y relevantes de la recién publicada Ley Concursal, que viene a sustituir las reglas de los procesos actuales contenidas en varias leyes, pero principalmente en el derogado Código Procesal Civil de 1989.

 

Como punto de partida, es menester señalar que la Ley Concursal fue publicada en el diario oficial La Gaceta el 31 de mayo del 2021 así entrará en vigencia el 1 de diciembre del 2021, es decir seis meses después de su publicación, ocurriendo que los procesos que iniciaron antes de la entrada en vigencia la nueva Ley Concursal se continuarán tramitando con la normativa anterior.

 

Entre los principales cambios que podemos encontrar con la implementación de la nueva Ley Concursal encontramos la eliminación de los procesos de administración y reorganización con intervención judicial, el convenio preventivo, el civil de Insolvencia y el proceso de quiebra; todos sustituidos por un único proceso concursal en el que se pueden identificar dos etapas: una etapa de salvamento y una etapa de liquidación. Cabe advertir que ambas fases no ocurren en forma simultánea y pueden no estar presentes en todos los procesos concursales. Por ejemplo: el deudor (también conocido en adelante como concursado) puede someterse a un proceso concursal con la finalidad de salvar la empresa, de forma que si se logra el objetivo (es decir, salvar la empresa de la situación de crisis), el proceso no deberá atravesar la etapa de liquidación; no obstante, si el concursado identifica que no hay posibilidades para salvar la empresa, podrá someterla directamente a un proceso concursal de liquidación.

 

Sin interés de agotar el tema sobre las personas físicas o jurídicas que están legitimadas para iniciar un proceso concursal (tema que desarrollaremos en un artículo posterior), sí podemos mencionar que los principales son: el deudor y los acreedores que puedan demostrar que su deudor se encuentra en una situación de insuficiencia patrimonial actual o inminente. También pueden ser sometidos a un proceso concursal, las sucesiones o los patrimonios autónomos con actividad económica propia.

 

En este nuevo cuerpo normativo, se observa en sus primeros artículos la mención expresa de los principios que servirán de pilares para la tramitación de los procesos concursales, entre los cuales llama la atención los siguientes:

a.- Principio de igualdad.  Se indica que el proceso tiene por objeto que los acreedores de una misma clase sean tratados en forma igualitaria; sin embargo, esto no obstaculiza que, en un proceso concursal de salvamento, el concursado pueda someter a consideración de sus acreedores alguna propuesta diferenciada para acreedores de una misma categoría, siempre y cuando sea en beneficio del concurso.

b.-Principio de Conservación de la empresa. Este quizás sea el principio más importante, toda vez que funciona como eje central del nuevo proceso concursal, dado que el proceso está diseñado principalmente para procurar la preservación y salvamento de las actividades económicas productivas.

c.- Principio de flexibilidad concursal. Gracias a este principio, la norma le otorga importantes poderes a los jueces para que implementen medidas que permitan que el proceso concursal alcance sus objetivos.

En este nuevo diseño del proceso concursal, el concursado tiene la posibilidad de oponerse a la solicitud que formulen sus acreedores para que se someta a un proceso concursal, lo que le permite ofrecer pruebas, interponer excepciones procesales e inclusive interponer la solicitud de demanda improponible.

 

Por otra parte, esta nueva norma tiene la bondad de haber concentrado y estructurado el orden de prelación de pago de los créditos que podrán ser sometidos a un proceso concursal, situación que previo a esta ley se encontraba dispersa en varios cuerpos normativos y no había una determinación expresa que permitiera identificar la prelación en el pago de los créditos del concursado.

 

Respecto a la tutela cautelar, se le permite al juez que de oficio pueda utilizar todas las medidas cautelares contenidas en la legislación procesal civil; sin embargo, debemos destacar que la Ley Concursal faculta al juez para modificar o eliminar las medidas cautelares que haya sido otorgadas en otros procesos judiciales y que se encuentran en contradicción con los intereses del proceso concursal. Adicionalmente, una vez admitido el proceso concursal, los embargos decretados por otra autoridad judicial, se conservarán a favor de la masa y no solo a favor de su gestionante.

 

Además, aunque no se puedan catalogar como medidas cautelares propiamente, el juez tiene la facultad de ordenar que el concursado sea desapoderado de sus bienes, para ser sustituido por un administrador que continuará con el manejo y representación de la empresa hasta el cumplimiento del plan de salvamento o se tenga que ejecutar la fase de liquidación.

 

Por último, la nueva Ley Concursal reconoce la posibilidad que las partes (acreedores y concursado) puedan negociar y llegar a acuerdos extrajudiciales, sea para el salvamento o liquidación de la empresa; no obstante, se exige que los acuerdos extrajudiciales deban ser homologados por el juez concursal.

 

Según se dijo de previo, con este primer artículo no se pretende abarcar todas las novedades que contiene la nueva Ley Concursal, dado que muchas de estas serán desarrolladas en los siguientes artículos. No obstante, sí hemos querido evidenciar y repasar las principales diferencias, para que el lector puede tener una noción más clara de los cambios que pronto serán implementados y que resultan importantes de repasar para introducir el nuevo esquema que pronto entrará en vigencia.

 

En los siguientes artículos desarrollaremos los temas que se exponen a continuación:

  • Presupuesto subjetivo y objetivo para la procedencia del proceso, así como sujetos legitimados para su instauración.
  • Órganos del proceso concursal.
  • Efectos del proceso concursal.
  • Disposiciones sobre el pasivo y activo del concursado.
  • Normas especiales: “pequeño concurso,” grupos de interés económico y concurso transfronterizo
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