EPT: Implicaciones de un fenómeno migratorio que enfrenta la incertidumbre

Escrito por Jese Jimenez

 

El estatus de protección temporal, mejor conocido por sus siglas en inglés como TPS (Temporary Protection Status), fue establecido por el congreso de los Estados Unidos de América en la década de los 1990. El TPS es un estatus migratorio temporal proporcionado a nacionales de países específicamente designados que enfrentan un conflicto armado en curso, un desastre ambiental o condiciones extraordinarias y temporales. A nivel centroamericano, uno de los primeros países en haber sido admitidos como beneficiarios del régimen TPS fue La República de El Salvador (1991), a raíz de la guerra civil entre las Fuerzas Armadas de dicho país, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que se extendió por más de 10 años. En el caso de Honduras, Honduras fue admitido por los Estados Unidos de América al TPS a partir del año de 1999 luego de que el Huracán Mitch (octubre de 1998) haya provocado pérdidas millonarias al Estado y a grandes sectores de la población hondureña, con muchos hondureños perdiendo acceso a formas esenciales de sustento como ser acceso a una vivienda, acceso a alimentos, acceso al agua potable, y acceso a la energía eléctrica. Al momento de la entrada en vigor de dicho acuerdo entre los Estados Unidos de América y Honduras, una cantidad aproximada de cien mil hondureños se vieron beneficiados por los beneficios migratorios ofrecidos por el TPS. Esta misma protección también fue otorgada a ciudadanos de nacionalidad nicaragüense, quienes igualmente se vieron afectados -aunque en menor medida – por el huracán Mitch. Actualmente, se estima que el número de hondureños que gozan de este beneficio se ha reducido en un 40%, dejando como resultado un total de aproximadamente 60 mil hondureños adscritos al régimen.

 

Debe notarse que el TPS es un estatus de protección temporal relacionado a condiciones temporales. En el caso de Honduras, si bien el país fue admitido luego del huracán Mitch, miles de migrantes hondureños continúan siendo beneficiados por el TPS. Sin embargo, se espera que a principios del año 2018 el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés USCIS) anuncie su decisión ya sea de renovar por un periodo adicional la permanencia de Honduras como país designado dentro del TPS o de concluir el acuerdo. El efecto de lo anterior en Honduras ha sido un brote de opiniones públicas por parte de empresarios y autoridades gubernamentales en el país quienes han demostrado cierta preocupación con respecto a la re-integración de los nacionales hondureños que deberán retornar al país en caso de que no se renueve la permanencia de Honduras bajo el TPS.

 

No obstante la decisión que adopte USCIS, Honduras deberá estar agradecida con el gobierno Estadounidense por las facilidades que ha procurado en favor de cientos de ciudadanos hondureños en Estados Unidos desde la admisión de Honduras al régimen. Ahora, es tiempo que las autoridades gubernamentales hondureñas empiecen a tomar acciones concretas en aras de re-incorporar a los “tepesianos” a la fuerza laboral hondureña. Necesariamente, las acciones a nivel de gobierno deberán extenderse a anticipar y preparar medidas de generación de empleo y mejoramiento de la seguridad en el país, tanto a nivel jurídica como personal.

 

Por otra parte, algunos estudios económicos realizados por ciertas instituciones hondureñas como ser el Banco Central de Honduras, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y el Fondo Monetario Internacional (entre otros) indican que históricamente, uno de los grandes impulsores de la economía hondureña ha sido el envío de remesas al país, cuya importancia se ha reafirmado año con año hasta convertirse en el principal generador de divisas al país.

 

Ante la innegable importancia que representan estas “remittances” para la sostenibilidad de la economía nacional, las autoridades hondureñas también deberán crear mecanismos adecuados que permitan mantener y continuar el aprovechamiento de estos ingresos en caso de que el acuerdo TPS no sea renovado. En consideración de lo anterior y en aras de atraer inversión al país, las autoridades correspondientes deben considerar la implementación de algún sistema de captación de estos recursos, en primera instancia, por medio de la creación de programas especiales de naturaleza fiscal que ofrezcan a los beneficiarios del acuerdo la “importación” de sus reservas al país, libres del pago de impuestos con el fin de incentivar proyectos de emprendimiento, mismos que a su vez pudieren derivar en la generación de oportunidades de empleo. Con relación a esto último, valdría la pena recalcar que nuestra legislación fiscal rige la recaudación de impuestos en base al principio de renta territorial, supuesto bajo el que teóricamente los hondureños repatriados podrían gozar de una exención en el pago de impuestos por la “importación” de los recursos generados en la nación norteamericana. Por otro lado, el poder legislativo tiene la potestad para ofrecer incentivos fiscales adicionales, llámense éstos programas, proyectos o regímenes fiscales especiales, y para ratificar los ya existentes en beneficio particular de aquellos hondureños que retornarían al país, medidas que ofrecerían certidumbre tanto a los tepesianos como a las mismas autoridades hondureñas en cuanto a la generación de empleo y la seguridad jurídica de los hondureños re-integrados como “inversionistas” a la economía del país.

 

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