Guatemala: El vencimiento de las facturas y la posibilidad de utilizarlas como respaldo del crédito fiscal y de los costos y gastos deducibles

Escrito por:

Alejandra Fuentes-Pieruccini

 

La Administración Tributaria había mantenido el criterio que las facturas emitidas posterior a su plazo de vigencia, no podían ser utilizadas como respaldo para efectos de reconocer el crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado ni para respaldar los costos y gastos deducibles para efectos del cálculo de la base imponible del Impuesto Sobre la Renta.

 

Este criterio se basa en el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Previo a la reforma realizada al artículo en el año 2019, las facturas autorizadas para emitirse en papel tenían un plazo de vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de la resolución de autorización. A partir del mes de noviembre del 2019, todas las facturas que se autoricen en medios distintos al Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL), tendrán únicamente seis (6) meses de vigencia.

 

El criterio se basa en el argumento que, en virtud que las facturas se encuentran vencidas, estas no se consideran autorizadas por la Administración Tributaria y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas para respaldar el crédito fiscal ni para respaldar costos y gastos deducibles.

 

Para efectos de analizar la validez de este criterio, es necesario tomar en cuenta que el principio de legalidad en materia tributaria, contenido en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar los impuestos, así como determinar las bases de recaudación, dentro de las cuales se encuentran la base imponible y las deducciones.

 

El mismo artículo constitucional también indica que son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan normas legales reguladoras de las bases de recaudación, que las disposiciones reglamentarias no pueden modificar dichas bases y que estas se deben concretar a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo.

 

De acuerdo con lo anterior, es posible argumentar que el criterio externado por la Administración Tributaria está en contra de lo dispuesto en el artículo 239, ya que pretende modificar bases de recaudación, al negar el derecho al crédito fiscal y la deducibilidad de los costos y gastos deducibles, con base en una disposición reglamentaria y no en una ley emitida por el Congreso de la República.

 

Esto en virtud que la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley de Actualización Tributaria no establecen una consecuencia específica en el caso que se emita una factura posterior al plazo de vigencia. En todo caso, podría considerarse que, al emitir una factura posterior a la fecha de su vigencia, el emisor comete una infracción a los deberes formales y no ocasiona que se deba desconocer el derecho al crédito fiscal o a la deducibilidad de los costos y gastos incurridos por los contribuyentes.

 

Adicionalmente, debe considerarse que se tiene conocimiento de un dictamen emitido por la Intendencia de Asuntos Jurídicos de la propia Administración Tributaria, el cual contraría el criterio indicado inicialmente. En dicho dictamen se indica que no es procedente denegar la solicitud de crédito fiscal o la deducibilidad de los gastos, en el caso esté soportado por facturas vencidas, en virtud que no existe una consecuencia en la ley que establezca la pérdida del derecho al crédito fiscal o la posibilidad de aplicar los costos y gastos deducibles. De acuerdo con este criterio y lo indicado anteriormente, se considera que los ajustes formulados en virtud de lo indicado anteriormente, deben desvanecerse.

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