El Salvador: ¿Suspensión o limitación de derechos?

Escrito por:

Josué Valencia

 

En nuestro país, existen situaciones que puede provocar estados excepcionales al orden constitucional, como lo son el Estado de Emergencia y el Régimen de Excepción; este último, es un instituto que le permite al Órgano Ejecutivo afrontar una emergencia que puede verse representada por acontecimientos anormales y temporales, tales como: invasión, rebelión o una epidemia. Inc. 15-96.

 

El restablecimiento de la normalidad se logra a través de un Régimen de excepción previsto en el Art. 29 Cn., que puede implicar la suspensión y/o limitación a derechos fundamentales. Pero, acaso ¿es lo mismo limitar derechos que suspenderlos?

 

Para un sector de la doctrina, sí es lo mismo, incluso la misma Sala de lo Constitucional, en su resolución a la Inconstitucionalidad Ref.: 18-96, determina que, para eventos de crisis, la figura a aplicar es la de la Suspensión de garantías constitucionales o, dicho de otra manera, la limitación de derechos fundamentales.

 

Para otro sector de la comunidad jurídica, entre la suspensión y limitación de derechos constitucionales existen similitudes, mas no igualdad entre las figuras, tal es así que la misma Constitución, a lo largo de su texto desarrolla diferentes conceptos: Art. 246: Regular derechos, Art. 25 y 105 inc. 2 Limitar derechos, Art. 29 y 74 Suspender y Art. 75 perder derechos; por lo que pareciera que el constituyente hizo una distinción entre los efectos de Limitación y Suspensión.

 

Para el caso de la Limitación, le presupone una ley formal que afecte derechos, y que sustrae solo una parte de su contenido, es de decir que, de todas las formas de manifestación que puede poseer un derecho, solo una de estas está limitada; por lo que, bajo esta figura, el ejercicio del derecho es la regla y la limitación es la excepción.  Por ejemplo, en el derecho de libertad de tránsito, podemos decir que cada uno puede desplazarse a cualquier lugar, menos a los lugares que cuyo ingreso esté prohibido. Visto esto, podemos decir que la limitación opera para la normalidad.

 

Por su parte, la Suspensión de un derecho fundamental prevé 2 formas: a) Individual; y b) Colectiva; la primera solo se encuentra desarrollada para la regulación de derechos de la ciudadanía en el Art. 74 Cn.: Se suspenden por auto de prisión formal, enajenación, interdicción y por negarse a desempeñar sin justa causa un cargo elección popular.

 

En cuanto a la Suspensión general o colectiva, es importante establecer que esta suspensión se decreta por medio de un Régimen de Excepción, el cual solo puede afectar derechos específicos tales como: la libertad de entrar y salir del país, permanecer en un mismo domicilio y el derecho de asociación, entre otros Art. 29 Cn.

 

Es a través de acuerdos de Acuerdos de Consejo de Ministros y primordialmente por Decretos de la Asamblea Legislativa, que pueden suspenderse los derechos de las personas que se encuentran dentro del territorio que dicha suspensión. La naturaleza de la suspensión es la excepcionalidad, y opera a la inversa de la limitación, puesto que alude al conjunto de manifestaciones de los derechos y no solo a una de estas.

 

Como se mencionó anteriormente, el régimen de excepción opera como regla general en la suspensión, siendo la autoridad competente, la que concede permiso para ejercitar un derecho suspendido, tal como la libertad de tránsito, donde solo puedes salir de tu residencia en los casos establecidos en la norma, como, por ejemplo: transitar y desplazarte dentro de tu municipio para la compra de bienes de primera necesidad.

 

La misma institución de la suspensión, posee subclasificaciones debido al quorum necesario para la decisión, es así como existen casos que requieren Mayoría calificada, es decir 56 votos y en otros casos hasta 63 votos. No así para la limitación, en donde con mayoría simple (43 votos) puede decretarse la normativa que rija a la misma.

 

En conclusión, existen similitudes y diferencias entre la suspensión y limitación de derechos o garantías constitucionales, pero lo más importante es que independientemente de su naturaleza, las autoridades se rijan por la constitucionalidad y legalidad de sus actuaciones, cuyo análisis debe contener un debate de proporcionalidad e idoneidad suficiente que sustente la afectación en nuestros derechos.

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