El Salvador: ¿Existe seguridad jurídica en el tema de suspensión de los plazos administrativos y judiciales?

Escrito por:

Diego Martín, William Escobar y Carlos Pineda

 

Durante el tiempo que hemos estado en cuarentena en El Salvador, como parte de la lucha contra la pandemia por COVID-19, hemos tenido la tranquilidad de que nuestros procedimientos administrativos y procesos judiciales no se verán afectados por la imposibilidad de poder intervenir oportunamente, dentro de los plazos legales conferidos. Ahora bien, en los últimos días han ocurrido una serie de eventos, que pueden llevarnos a cuestionarnos si existe plena certeza jurídica sobre la suspensión de plazos administrativos y judiciales durante esta cuarentena, así como cuánto tiempo estarán en suspenso dichos plazos.

 

Reformas, prórrogas y procesos de inconstitucionalidad, son algunos de los aspectos que rodean el tema de la suspensión de plazos, por lo que para respondernos, si contamos con seguridad jurídica en el tema de suspensión de plazos, debemos repasar cada uno de estos sucesos y establecer la incidencia de los mismos, tal como explicamos a continuación: 

 

1. El inicio de la suspensión del plazos

 

Por medio del Decreto Legislativo número 593 del día 14 de marzo de 2020, y publicado ese mismo día en el Diario Oficial número 52, Tomo 426, se declaró Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, que en lo sucesivo denominaremos “Estado de Emergencia Nacional”.

 

En el Art. 9 del Decreto Legislativo No. 593 se suspendieron por 30 días, los plazos legales en los procesos administrativos y judiciales en cualquiera que sea la materia e instancia en la que se encuentren; a excepción de la materia penal. Sin embargo, dicha suspensión operaba únicamente respecto de quienes que se hubieran visto afectadas por las medidas extraordinarias derivadas del Estado de Emergencia.

 

Esta restricción a la suspensión de plazos, referida solo a quienes se vieran afectados por las medidas de combate contra el COVID-19, se eliminó por medio del Decreto Legislativo número 599 del 20 de marzo de 2020, publicado ese mismo día en el Diario Oficial número 58, Tomo 426. Por lo tanto, con la reforma realizada al Art. 9 del D.L. No. 593, la suspensión de plazos adquirió efectos generales para toda la población y para todas las materias, salvo excepciones puntuales.

 

2. Prórrogas a la suspensión de plazos

 

El Estado de Emergencia Nacional (Decreto Legislativo No. 593), y con ello la suspensión de plazos administrativos y judiciales, fue prorrogado en varias ocasiones, tal cual detallamos a continuación:

 

a) Hasta el 16 de abril de 2020 (D. L. No. 622, del 12 de abril de 2020, publicado ese mismo día en el D. O. No. 73, Tomo 427).

b) Hasta el día 01 de mayo de 2020 (D. L. No. 631 del 16 de abril de 2020, publicado ese mismo día en el D. O. No. 77, Tomo 427, del 16 de abril de 2020).

c) Hasta el día 16 de mayo de 2020 (D. L. No. 634 del 30 de abril de 2020, publicado ese mismo día en el D. O. No. 87, Tomo 427).

 

3. Extensión de la suspensión de plazos

 

Antes de que finalizara el plazo de vigencia el Estado de Emergencia Nacional (Decreto Legislativo No. 593), se aprobó la “Disposición transitoria para la ampliación de plazos judiciales y administrativos en el marco de la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19”, por medio del Decreto Legislativo número 644 del día 14 de mayo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 99, Tomo No. 427 de fecha 16 de mayo de 2020.

 

Esta disposición transitoria ordenaba la suspensión de los plazos en los Procedimientos Administrativos y Procesos Judiciales (salvo excepciones), por un plazo que duraba hasta el día 24 de mayo de 2020.

 

4. Nueva suspensión de plazos que aún no se encuentra vigente

 

Por medio del  D.L. No. 647 de fecha 21 de mayo de 2020, se aprobó la “Disposición transitoria para la ampliación de plazos judiciales y administrativos en el marco de la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el marco de la pandemia por COVID-19”; sin embargo, dicho decreto legislativo aún debe ser sancionado por el Presidente de la República y mandado a publicar en el Diario Oficial, como parte del proceso de formación de ley, para su posterior entrada en vigencia.

 

El Decreto Legislativo en mención autorizaría una nueva suspensión de plazos Administrativos y Judiciales (salvo excepciones), por un plazo comprendido del día 25 al 29 de mayo de 2020; sin embargo el mismo no ha entrado vigencia por no haber culminado el proceso de formación de ley.

 

Por lo tanto, en este punto –sin la vigencia de dicho decreto legislativo- deberíamos entender que la suspensión de plazos finalizó el día 24 de mayo de 2020; sin embargo, existen otros sucesos que deben ser analizados antes de arribar a una conclusión sobre este tema.

 

Cabe señalar que mediante Decreto Legislativo No. 645 del 18 de mayo de 2020, se creó la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el Marco de la Pandemia por COVID-19, la cual en su Art. 24 establece una suspensión de plazos administrativos y judiciales, por un plazo de quince días, contados a partir de la vigencia del citado decreto; sin embargo, dicha vigencia se considera poco probable, ya que el Presidente de la República ha expresado públicamente su intención de vetar la referida ley transitoria.

 

5. El Órgano Ejecutivo declara un nuevo Estado de Emergencia Nacional

 

Como habíamos explicado, el Estado de Emergencia Nacional (Decreto Legislativo No. 593), finalizó el día 16 de mayo de 2020, razón por la cual el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Nacional por un plazo de 30 días, por medio del Decreto Ejecutivo número 18 de fecha 16 de mayo de 2020 y publicado en el Diario Oficial No. 99, Tomo No, 427 del 16 de mayo de 2020, se declara a partir de su publicación en el Diario Oficial.  

 

Posteriormente, dicho Decreto Ejecutivo se dejó sin efecto por el Presidente de la República, quien declaró nuevamente Estado de Emergencia Nacional, por un plazo de 15 días, por medio del Decreto Ejecutivo número 19 de fecha 19 de mayo de 2020 y publicado en el Diario Oficial No. 101, Tomo No, 427 del 19 de mayo de 2020.

 

En estos decretos ejecutivos no se hace pronunciamiento expreso sobre la suspensión de plazos administrativos y judiciales; sin embargo, su existencia ha tenido una incidencia directa en el tema, tal como veremos a continuación.

 

6. Proceso de inconstitucionalidad contra el Estado de Emergencia declarado por el Órgano Ejecutivo y reviviscencia del Decreto Legislativo 593

 

Por medio de la resolución emitida el día 18 de mayo de 2020, con referencia 63-2020, se admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 18 de fecha 16 de mayo de 2020, que declaraba por parte del Órgano Ejecutivo el Estado de Emergencia Nacional. La Sala de lo Constitucional también ordenó la suspensión provisional del referido decreto ejecutivo, mientras se tramitaba el proceso de inconstitucionalidad. Sin embargo, como mencionamos, este decreto ejecutivo fue derogado por el Presidente de la República, por medio del Decreto Ejecutivo No. 19 del 19 de mayo de 2020, que declaraba nuevamente el Estado de Emergencia Nacional.

 

Por lo anterior, dado que con la emisión del Decreto Ejecutivo No. 19 subsistían las mismas razones de inconstitucionalidad, alegadas en el proceso con referencia 63-2020, la Sala de lo Constitucional trasladó el objeto de control al conocimiento del Decreto Ejecutivo No. 19, a la vez que suspendió provisionalmente la vigencia del mismo, mientras duraba la tramitación del proceso.

 

No obstante, para evitar caer en vacíos legales que dificultaran la lucha contra la pandemia por COVID-19, la Sala de lo Constitucional ordenó provisionalmente la vigencia del Decreto Legislativo No. 593, por medio del cual la Asamblea Legislativa originalmente declaró el Estado de Emergencia Nacional.

 

Esta medida provisional durará hasta el día 29 de mayo de 2020, con la finalidad de que el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo creen una normativa que garanticen los derechos fundamentales de los habitantes ante la pandemia.

 

7. El peligro de interpretaciones discrecionales respecto de la suspensión de plazos

 

Recordemos que la suspensión de plazos con alcance general fue introducida mediante reforma del artículo 9 del D.L. No 593; sin embargo, la Sala de lo Constitucional, no fue clara en indicar si la nueva vigencia del Estado de Emergencia Nacional comprendía también cada uno de los decretos que incorporaron reformas al mismo.

 

Claramente la interpretación que más tutela la seguridad jurídica de los intervinientes en procedimientos administrativos y proceso judiciales, es aquella que propugna que la nueva vigencia del Estado de Emergencia Nacional comprende cada una de las modificaciones que se le incorporaron por medio de reformas. No obstante, no se descarta que los diferentes aplicadores de la ley puedan realizar interpretaciones diferentes, que puedan llevar al indebido vencimiento de los plazos legales.  

 

Por lo tanto, mientras el D.L. No. 647 no se sancione por el Presidente de la República y se publique en el Diario Oficial; que la Sala de lo Constitucional aclare si los alcances de la nueva vigencia del D.L. No. 593 incluye sus reformas; o bien que se cree una nueva normativa que regule adecuadamente este y otros temas relacionados con lucha contra el COVID-19, no existirá Seguridad Jurídica en el tema de la suspensión de los plazos administrativos y judiciales, por lo que deberemos estar atentos -frente a cada institución- a los comunicados oficiales o pronunciamientos específicos sobre el tema. 

 

Para cualquier consulta adicional, favor comunicarse con el Doctor Diego Martín (dmartin@consortiumlegal.com) y/o el licenciado William Escobar (wescobar@consortiumlegal.com).

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