El Salvador: De las diligencias judiciales de declaratoria de incapacidad y nombramiento de tutor

Escrito por:

Adriana Amaya

 

La declaratoria judicial de incapacidad es el proceso que se sigue ante un juez de familia, quien al agotar el debido proceso, dicta una sentencia definitiva, en la cual determina que una persona adolece de una causal de incapacidad, es decir, que una persona que debiendo ser apta plenamente para ejercer sus derechos y obligaciones por sí misma, no lo es, volviéndose necesario llevar las diligencias donde e le declare como incapaz.

 

Las causales de incapacidad, se encuentran reguladas en el artículo 293 de nuestro Código de Familia, mismo que determina que dichas causales pueden ser:

  1. La enfermad mental crónica e incurable, aunque existan intervalos lúcidos.
  2. La sordera, salvo que el sordo pueda entender y darse a entender de manera indudable.

Independientemente del caso que se presente, la autoridad judicial siempre dirigirá su análisis valorativo a identificar las habilidades cognitivas de la persona y la capacidad que la misma tenga para comprender e interpretar la realidad que le rodea, así como la facultad de expresarse con los de su entorno, razón por la cual, la ley ha sido clara en determinar que la segunda causal, solo aplica a los sordos que no puedan darse a entender de manera indudable por ningún medio. Cabe destacar, que estas causales encuentran su asidero jurídico en el código civil, ya que el artículo 1318, establece que estas causales dan lugar a la nulidad absoluta cuando se personas con estas características concurran a celebrar cualquier tipo de contrato o negocio jurídico.

 

Por lo mencionado anteriormente es que se advierte la relevancia de este tipo de diligencias, tomando en cuenta que una persona puede ser declarada incapaz en cualquier momento, siempre que se compruebe que se encuentra en algún supuesto de la ley, en tal sentido, el código de familia reconoce la declaratoria de incapacidad tanto en menores de edad como en mayores de edad. No obstante, las consecuencias legales que se apliquen deben ser diferentes en razón de la barrera de la edad, esta diferencia se podría explicar de la siguiente manera:

 

a) La declaratoria de incapacidad de un menor de edad, puede ser solicitada por los padres que ejerzan la autoridad parental, el tutor o el Procurador General de la República, cuando se tengan indicios suficientes de que la incapacidad persistirá aún después de alcanzada la mayoría de edad. En tal caso, la autoridad parental o tutela se prorroga, de conformidad al artículo 295 del Código de Familia.

 

b) La declaratoria de incapacidad de una persona mayor de edad, por su parte, puede ser ejercida por cualquier persona con interés legítimo (sean padres, cónyuge, hijos, hermanos o familiar cercano), y ésta da lugar a que la autoridad parental se reestablezca a los padres, siempre que el mismo no haya fundado hogar, ya que si lo ha hecho, debe seguirse el proceso de nombramiento de tutor, para lo cual se debe cumplir el orden prelativo que predispone el artículo 291 del Código de familia.

 

Ahora bien, sin importar el caso que se trate, es decir si se trata de un menor o de un mayor de edad, se pueden iniciar las diligencias de jurisdicción voluntaria de declaratoria de incapacidad y acumular la pretensión de restablecimiento de la autoridad parental o el nombramiento de tutor, según corresponda al caso en particular.

 

En el caso de la declaratoria de incapacidad de una persona adulta mayor, se le da inicio a las mismas con la presentación de la solicitud correspondiente, de conformidad con las disposiciones aplicables del Código de Familia, específicamente lo regulados en los artículos 272 y siguientes. En dicha solicitud la parte interesada o solicitante debe manifestar de forma clara y concisa los hechos en los cuales basa la incapacidad de la persona, así mismo anexar como prueba diagnósticos o constancias médicas que determinan la enfermad de la cual adolece el presunto incapaz, declaración de por lo menos 2 testigos que den fe de la incapacidad y a la vez de la idoneidad del solicitante para ser nombrado como tutor, todo de conformidad con el artículo 277 del Código de familia.

 

El juez de familia al momento de admitir la solicitud, debe ordenar la realización de un estudio psicosocial a través del equipo multidisciplinario adscrito al tribunal de familia; y además, puede apoyarse de la realización de un examen pericial en el Instituto de Medicina legal (IML), como prueba para mejor proveer; también, el juez debe convocar a la realización de una audiencia de sentencia, en la cual se procederá a la recepción de prueba y conclusiones de dictámenes periciales y de los estudios psicosociales, luego procederá a emitir el fallo y dictar sentencia, ordenando a su vez la marginación de la partida de nacimiento en donde se establezca que la persona ha sido declarada incapaz y quién es el tutor nombrado para su representación legal y administración de los bienes, lo cual se hace a través del Registro del Estado Familiar de la Alcaldía donde se encuentre registrado.

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