El Salvador: Consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 127 que ordenó cerrar los procedimientos tributarios referentes a los años 2014 y 2015

Escrito por:

William Escobar

 

 

Para una mejor comprensión del presente tema, se hará un desarrollo cronológico de los eventos que llevaron a la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 127, así como las consecuencias derivadas de la misma, en el sentido siguiente:

 

 

  1. Sentencia de inconstitucionalidad de las reformas del Código Tributario, y específicamente en lo que respecta a la interrupción de la caducidad de la Facultad Fiscalizadora

 

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional por vicio de forma, el Decreto Legislativo número 763, del día 31 de julio de 2014, publicado en el Diario Oficial número 142, Tomo 404 del día 31 de julio de 2014, por medio de sentencia con referencia 96-2014, del día 28 de mayo de 2018. El Decreto Legislativo que fue declarado inconstitucional establecía reformas al Código Tributario que -entre otras cosas- creaba la figura de la interrupción del plazo de la caducidad de la facultad fiscalizadora de la Administración Tributaria, hasta por un plazo de tres años, contados a partir de la notificación del Auto de Designación de Auditor Tributario.

 

Con el fin de evitar una posible situación de insolvencia del Estado salvadoreño, la Sala de lo Constitucional ordenó DIFERIR los efectos de dicha declaratoria de inconstitucionalidad hasta el día 31 de diciembre de 2018, término durante el cual, la Administración Tributaria podría seguir aplicando el Decreto Legislativo No. 763, es decir que entre otras cosas, podría continuar ejerciendo al facultad fiscalizadora hasta que la sentencia de la Sala de lo Constitucional surtiera plenos efectos.

 

 

  1. Régimen Transitorio para Regular lo Concerniente a los Procesos de Fiscalización en cualquier Etapa (Decreto Legislativo No. 127)

 

No obstante lo ordenado por la Sala de lo Constitucional en cuanto los efectos diferidos de la sentencia de inconstitucionalidad, la Asamblea Legislativa consideró que no era posible que la Administración Tributaria concluyese los procedimientos tributarios pendientes, en el tiempo fijado por la Sala de lo Constitucional.

 

Por tal razón, la Asamblea Legislativa emitió el Decreto Legislativo número 127, del día 26 de septiembre de 2018, el cual entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial número 182, Tomo número 421, del 01 de octubre de 2018, en el que  se establece el Régimen Transitorio para Regular lo Concerniente a los Procesos de Fiscalización en cualquier Etapa, por medio del cual se dejaron sin efecto los procedimientos tributarios que a esa fecha no habían concluido (por medio de la notificación de la resolución definitiva), correspondientes a los períodos tributarios y ejercicios impositivos referentes a los años 2014 y 2015, respecto de los impuestos que administran la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA), en cuanto a fiscalizaciones, etapas de audiencia y aportación de pruebas o de determinación de impuestos, disminución de saldos a favor, ajustes a remanentes de Crédito Fiscal o imposición de sanciones.

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Legislativo No. 127, la Administración Tributaria procedió a emitir resoluciones en las que se dejaron sin efecto los citados procedimientos tributarios, a excepción de los casos que se encontraban bajo investigación penal o con requerimientos por parte de la Fiscalía General de la República o del Órgano Judicial.

 

 

  1. Resolución de seguimiento de la sentencia de inconstitucionalidad con referencia 96-2014, que declara inconstitucional el Decreto Legislativo No. 127

 

El Ministro de Hacienda intervino en el proceso de inconstitucionalidad con referencia 96-2014, como amicus curiae, mediante escrito de fecha 19 de agosto de 2021, en el cual solicitó la revisión del cumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucional las reformas al Código Tributario, y en particular la interrupción de la facultad fiscalizadora.

 

Esto con la finalidad de que la referida Sala ordenara a la Asamblea Legislativa que derogara el Decreto Legislativo No. 127 y emitiera la normativa que -de modo transitorio- devolviera a la Administración Tributaria las competencias que habían sido conferidas mediante las reformas al Código Tributario (interrupción de la facultad fiscalizadora) y así poder continuar con la facultad fiscalizadora, por el plazo que había otorgado la sentencia con referencia 96-2014.

 

Al respecto, la Sala de lo Constitucional señaló que la ejecución de las sentencias de inconstitucionalidad no quedan al arbitrio o disposición de otras autoridades; en consecuencia la actuación de la Asamblea Legislativa alteró las consecuencias temporales de la sentencia, pues en lugar de finalizar los efectos del Decreto Legislativo N° 763, el 31 de diciembre de 2018, concluyó sus efectos el 01 de octubre de 2018, con la emisión del Decreto Legislativo No. 127, en decir novena y dos (92) días antes de lo resuelto en la sentencia de inconstitucionalidad.

 

Por lo anterior, la Sala de lo Constitucional resolvió declarar inconstitucional el referido Decreto Legislativo No. 127, en tanto incidió de manera negativa sobre los efectos temporales de la sentencia de inconstitucionalidad con referencia 96-2014. En particular la Sala de lo Constitucional aclaró que los efectos de la inconstitucionalidad del referido Decreto Legislativo No. 127, eran los siguientes:

 

a) Que el Decreto Legislativo 763, se podrá aplicar por el tiempo que fue inconstitucionalmente sustraído de su vigencia (noventa y dos días); en consecuencia, la Administración Tributaria podrá reanudar los procedimientos de determinación oficiosa suspendidos, en virtud del Decreto Legislativo No. 127, y tramitarlos hasta su finalización, sin que el plazo de novena y dos (92) días sea un impedimento para su culminación.

 

b) Asimismo, podrá iniciar procesos nuevos que tengan por objeto enjuiciar acciones, omisiones o estados de cosas previos al 1 de octubre de 2018, es decir, mientras la facultad fiscalizadora aún no había finalizado por los efectos de la sentencia con referencia 96-2014; pero dicho inicio deberá en el plazo de los noventa y dos (92) días siguientes, pues ese era el tiempo que le restaba de vigencia al Decreto Legislativo N° 763.

 

c) Para aquellos contribuyentes que no hayan continuado cumpliendo con las obligaciones que derivaban del Decreto Legislativo No. 763, tendrán que cumplirlas dentro de los noventa y dos (92) días siguientes, sobre asuntos limitados al lapso entre el 1 de octubre y 31 de diciembre de 2018, el cual deberá publicitarse por la Administración Tributaria.

 

Por lo tanto, se considera que las consecuencias derivadas de la referida declaración de inconstitucional del Decreto Legislativo No. 127, son las siguientes:

 

  1. Con la resolución de seguimiento de la sentencia de inconstitucionalidad con referencia 96-2014, se declaró inconstitucional el Decreto Legislativo No. 127, que contiene el Régimen Transitorio para Regular lo Concerniente a los Procesos de Fiscalización en cualquier Etapa, que en su momento dejó sin efecto los procedimientos tributarios de determinación oficiosa de impuestos, correspondiente a los períodos tributarios y ejercicios impositivos referentes a los años 2014 y 2015.

 

  1. De conformidad a las aclaraciones de la Sala de lo Constitucional, la Administración Tributaria puede reanudar los procedimientos de determinación oficiosa de tributos para los años 2014 y 2015, dentro del plazo de los noventa y dos (92) días que dejó sin efecto del Decreto Legislativo No. 127, sin que sea necesario que la liquidación de impuestos culmine y sea notificada dentro del referido plazo. De igual manera, la Administración Tributaria también podrá iniciar nuevas fiscalizaciones para los referidos años 2014 y 2015, dentro del referido plazo de noventa y dos (92) días.

Para cualquier consulta adicional, favor comunicarse con el Doctor Diego Martín (dmartin@consortiumlegal.com) y/o el licenciado William Escobar (wescobar@consortiumlegal.com). 

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