Derecho a la educación en el marco de la pandemia COVID-19

Desde el 16 de marzo del 2020, los centros educativos permanecen cerrados bajo la suspensión de actividades en el sector privado que fue dictada a través de las disposiciones presidenciales vigentes durante el estado de calamidad.

 

En las últimas normas, dictadas el 14 de mayo y publicadas al día siguiente en el Diario de Centroamérica, se estableció la suspensión de las actividades de educación en todos sus niveles. Las disposiciones presidenciales reconocieron: “El seguimiento a los procesos educativos en la modalidad de educación a distancia, educación vía internet, e-learning o similares, es responsabilidad de las autoridades superiores de cada entidad pública o privada y deberán emitir los acuerdos o resoluciones que consideren necesarios para convalidar las actividades que realicen”. Lo anterior generó duda respecto al alcance de la obligación de los Centros Educativos en las circunstancias actuales, siendo conveniente analizar qué comprende el derecho de educación y la extensión de sus obligaciones con los educandos durante el cierre de las instalaciones escolares.

 

En Guatemala, el derecho a la educación se encuentra reconocido en el artículo 74 de la Constitución Política de la República en una dualidad de derecho y obligación: “Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica dentro de en los límites de edad que fije la ley…”. El artículo 73 de la misma Constitución reconoce la existencia de los centros educativos privados siempre que éstos operen bajo la inspección del Estado.

 

A nivel internacional, la Educación se encuentra reconocida en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es de especial relevancia lo que esta última norma establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” (el resaltado es propio). En ese orden de ideas, los centros educativos privados se ven directamente vinculados a la normativa que en la materia emita el Ministerio de Educación.

 

En el marco del estado de calamidad, es necesario recordar que en el año 2014 se emitió el Acuerdo Ministerial 247-2014 que creó el Sistema de Gobernanza en la Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar. Si bien el Acuerdo creo una estructura administrativa encargada de prever situaciones como la actual, también ordenó que todos los Centros Educativos contasen con un plan de seguridad del centro, e integrar el Comité Escolar de Gestión de Riesgo (Director que preside el comité, y un mínimo de dos docentes para coordinar el cumplimiento del Plan).

 

El Acuerdo también establece que aquellos casos no contemplados serían resueltos por el Despacho Superior, lo que posibilita al Ministerio a tomar las medidas necesarias para dar respuesta a la calamidad nacional. Como parte de lo anterior, se comunicó a las Direcciones Departamentales mediante la circular 49-2020-DIGECOR, la verificación de que los centros educativos privados cuenten con una estrategia para dar continuidad al servicio educativo que cumpliese con el Currículum Nacional Base, y con un cronograma de entregas. La Circular también requiere que los Centros Educativos remitan a la Supervisión Departamental correspondiente dos documentos: a) Informe de la estrategia de educación adoptada, y b) Planificación que se implementará en el centro educativo. Esa planificación debería considerar los siguientes elementos: a) La vía por la cual se facilitará el aprendizaje, b) recursos a su alcance, y c) características de la población educativa a la que atienden. El proceso de aprendizaje debería atenderse con materiales que pueda encontrar en casa, sin recargar de trabajo al estudiante. En declaraciones posteriores, la Ministra de Educación instaba a priorizar las competencias de matemática y lenguaje sobre las demás.

 

Conforme a lo anterior, distintos Centros Educativos Privados procedieron a elaborar planes que plasmaran la realidad que ya habían asimilado en su mayoría al momento de trasladárseles la circular mencionada, esperando que con ello se pudiese convalidar los días de estudio que transcurrieron desde aquel 17 de marzo. Existe entonces, hoy en día, una polémica sobre la calidad de la educación que se brinda a los educandos y aquella que recibían en un salón de clase.

 

Por un lado, podría desconfiarse totalmente de las herramientas de educación que se emplean actualmente y optar por que la única educación que pudiese ser computada sea aquella que se presta de forma presencial, como lo establecen los Lineamientos para cubrir los ciento ochenta días efectivos de clase para las modalidades regulares de los centros educativos privados, emitidos por la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa -DIGECADE-.

 

El documento mencionado dispone que para cubrir los ciento ochenta días efectivos de clase establecidos por el Ministerio de Educación, el director del centro educativo debe, ante cualquier causa de fuerza mayor en la que haya necesidad de suspender clases (incendio, epidemia, entre otros), coordinar y organizar el calendario, aunque amplíe el tiempo del ciclo antes planificado, para cumplir con las clases presenciales solicitadas en el reglamento para la autorización y funcionamiento de centros educativos privados.

 

La palabra “presencia” conforme el Diccionario de la Real Academia Española, significa: Asistencia personal, o estado de la persona que se halla delante de otra u otras o en el mismo sitio que ellas.En ese orden de ideas, la norma citada no permitiría convalidar los días de educación a distancia desde el 17 de marzo del presente año como días efectivos de clase, debiendo los directores ampliar el ciclo escolar para compensar los casi dos meses alejados de las instalaciones del centro escolar. Ese mismo criterio es el que insta a un pronto regreso de los estudiantes a las aulas tradicionales.

 

Lo anterior se sustenta también en que la educación que se realiza en video llamadas y distintos portales y aplicaciones que permiten visualizar al maestro o escuchar una lección previamente grabada no son necesariamente e-learning o educación virtual. Los medios de aprendizaje tecnológico han aumentado a nivel que existen normas internacionales, como el caso de la UNE 66181-2012 en España, que asientan los parámetros de calidad que debe cumplir un sistema basado en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). A ese extremo, se ha llegado a diferenciar y estudiar metodologías distintas como la Autoformación y la Teleformación, que en su contenido distan de los planes que como último recurso presentan los Centros Educativos Privados en Guatemala para continuar operando.

 

Por otro lado, en lo que sugiere ser un criterio más apegado a la realidad evolutiva de la educación, debe entenderse que los tribunales de justicia, las instituciones públicas y privadas deben estimar el interés superior del niño como una consideración primordial para el ejercicio de sus atribuciones, pues en la medida que se reconoce que los niños tienen derechos, estos deben respetarse y hacerse efectivos; es decir, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen (Criterio expuesto por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 4390-2015). Ese interés superior del niño debe entenderse en el sentido amplio de los convenios internacionales que abarcan a todo menor de edad y no solo a aquellos menores de trece años. A su vez, el principio citado comprende que los educandos de los niveles de educación inicial, preprimaria, primaria y básica tienen que gozar de una serie de derechos que comprenden la vida, salud, seguridad y educación; principales derechos en pugna al examinar el cierre de centros educativos con atención a una pandemia.

 

Conforme a lo anterior, es importante considerar la forma en que podría garantizarse la no afectación de los derechos citados, siendo un principal factor de riesgo el regreso de los estudiantes a las aulas en donde el contagio sería difícil de contener.

 

Por otro lado, la educación podría con mayor facilidad migrar a un modelo de aprendizaje a distancia, permitiendo que la vida, salud y seguridad de los educandos sea resguardada sin perjudicar su proceso de aprendizaje. Lo anterior permite afirmar que las autoridades educativas, en atención al interés superior del niño, deben convalidar los días de educación que fueran efectivamente prestados a distancia aun alejándose de aquellos lineamientos que requerían la presencia de los estudiantes en el aula, y promover que continúen los procesos de educación a distancia, pues sería esa la decisión que resguardaría el bienestar del principal sujeto de protección.

 

Como último punto, a manera de recordar los fines de la educación, es necesario considerar las observaciones generales adoptadas por el Comité de los Derechos del Niño, respecto al artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “El objetivo [de la educación] es habilitar al niño, desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje y otras capacidades, para construir su dignidad humana, autoestima y confianza en sí mismo. En este contexto, la educación es más que una escolarización oficial y engloba un amplio espectro de experiencias vitales y procesos de aprendizaje que permiten al niño, niña y adolescente, ya sea de manera individual o colectiva, desarrollar su personalidad, dotes y aptitudes y llevar una vida plena y satisfactoria en el seno de la sociedad”.

 

Referencias bibliográficas

  • Comité de los Derechos del Niño. Observaciones generales respecto a la Convención de los Derechos del Niño. CRC/GC/2001/1, Abril de 2001.
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
  • Constitución Política de la República de Guatemala
  • Corte de Constitucionalidad expediente 4390-2015
  • Acuerdo 247-2014 del Ministerio de Educación de Guatemala
  • Acuerdo Gubernativo 52-2015 del 4 de febrero del 2015
  • Asociación Española de Normalización y Certificación. UNE 66181-2012.
Ir arriba