COVID-19 y Estado de excepción o necesidad ¿Cuáles garantías constitucionales podrían ser suspendidas?

Ante la amenaza que supone la pandemia por la enfermedad COVID-19, muchos gobiernos en el mundo han empezado a tomar medidas de cierres de fronteras y limitación de algunas garantías constitucionales como la libertad de tránsito o de reunión.

En Costa Rica, muchos se preguntan: ¿es posible que en Costa Rica se declare “toque de queda”? ¿Qué garantías fundamentales se pueden suspender? ¿por cuánto tiempo? ¿a quién le corresponde suspender las libertades públicas? Pues bien, en este breve ensayo, pretendemos dar respuesta a esas inquietudes.

¿Qué son los estados de necesidad o de excepción?

Si bien es cierto que cuando pensamos en la frase “toque de queda”, llega a nuestro pensamiento la idea de una restricción o limitación a los derechos de libre circulación o tránsito, estimamos que desde la óptica del Derecho Constitucional es más apropiado hablar de “estado o derecho de excepción o de necesidad”, pues abarca mejor el concepto como de seguido se explicará.

Nuestra Sala Constitucional ha sido clara respecto a lo que se debe entender por el “derecho de excepción” indicando que es: “el conjunto de medidas extraordinarias previstas en los textos constitucionales para que el propio ordenamiento le haga frente a una situación de emergencia que puede traer como consecuencia una crisis del Estado…”.[1]

Bajo esa inteligencia, podemos afirmar que el estado de necesidad se traduce en el Derecho que tiene el Estado -con base en el “Principio de Necesidad”- para utilizar una serie de medidas excepcionales -entre las que se encuentran la suspensión de ciertas garantías constitucionales- para atender situaciones especiales a raíz de conmoción interna, disturbios, agresión exterior de un Estado al nuestro, epidemias, hambre, desastres naturales y otras calamidades públicas, que  de otra forma no sería posible enfrentar a través de los trámites ordinarios. En ese sentido, el propio Tribunal Constitucional ha manifestado que: “la noción de estado de necesidad y urgencia únicamente acontece ante la producción hechos (sic) que no pueden solventarse mediante el ejercicio de los procedimientos administrativos ordinarios”[2].

¿Cuál es el fundamento constitucional de la suspensión de garantías constitucionales y el procedimiento para su declaratoria?

En el caso de Costa Rica -y tal y como lo ha afirmado la Sala Constitucional- la Constitución Política regula los estados de emergencia en los artículos 121 inciso 7) y 140 inciso 4) para el caso de la suspensión de derechos fundamentales, normas que además son complementadas por el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3].

Por disposición del ordinal 121 inciso 7) de la C.Pol. es que se le otorga a la Asamblea Legislativa, una de las atribuciones de mayor importancia: la potestad de suspender los derechos y garantías individuales que expresamente señala el propio texto constitucional, durante los periodos de sesiones legislativas.

Por su parte, el ordinal 140 inciso 4) de la C.Pol. autoriza al Poder Ejecutivo -durante los recesos de la Asamblea Legislativa[4]– a decretar la suspensión de derechos y garantías referidas en el inciso 7) del artículo 121, en los mismos casos y con las mismas limitaciones que allí se establecen y a dar cuenta inmediatamente a la Asamblea.

El decreto de suspensión de garantías constitucionales tiene como efecto la convocatoria automática de la Asamblea Legislativa a sesión extraordinaria para que ratifique o no el decreto de suspensión. Para confirmar la medida el órgano legislativo requiere del voto favorable de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, si no se alcanza esa cantidad de votos, se tienen por restablecidas las garantías constitucionales.

Durante el periodo de receso de la Asamblea Legislativa, la declaratoria de suspensión de garantías constitucionales implica también el otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, a efectos de que pueda enfrentar el estado de excepción o de necesidad de una forma más rápidas y adecuadas, mediante los denominados “decretos de urgencia” o “decretos irregulares con fuerza de ley”. Importa aclarar que los “Actos con valor de ley”, no son otra cosa que decretos dictados por el Poder Ejecutivo fundados en un estado de necesidad y que gozan de una potencia, resistencia y régimen de impugnación de la misma magnitud que una ley, lo que les permite derogar y reformar leyes formalmente emitidas por la Asamblea Legislativa, y que de igual forma sólo pueden ser derogados o modificados por leyes o decretos de esa misma naturaleza, o bien, podría ser atacados por razones de constitucionalidad[5]. Así mismo es importante resaltar que estos decretos de urgencia que emita el Poder Ejecutivo, bajo las condiciones ya indicadas, están sometidos a su ratificación posterior por parte de la Asamblea Legislativa.

¿Cuáles son las garantías constitucionales que pueden ser restringidas y por cuánto tiempo?

El artículo 121 inciso 7, de nuestra C.Pol., es la norma que permite, en el escenario de un estado de excepción la suspensión de las siguientes garantías individuales:

  1. Libertad de tránsito (art. 22 Pol.), es decir, “…la libertad de movimiento y la posibilidad de trasladarse y permanecer en cualquier punto del país”[6].
  2. Libertad de domicilio (art. 23 Pol.) esto es, “… la prohibición para que cualquier persona pueda penetrar en un domicilio sin el consentimiento de aquel que lo ocupa legítimamente”[7].
  3. Derecho a la inviolabilidad de los documentos y comunicaciones orales de los habitantes de la República (art. 24 C.Pol.) que se refiere a la protección de la privacidad del contenido de la comunicación entre un emisor y un receptor, impidiéndole a un tercero el interceptar o enterarse del contenido de lo comunicado.
  4. Libertad de reunión (art. 26 C.Pol.) entendido como aquel derecho que tienen las personas para reunirse, pacíficamente y sin armas, ya sea en sitios públicos o privados -sin requerir autorización previa de las autoridades en estos últimos-.
  5. Principio o Derecho de la Autonomía de la Voluntad (art. 28 C.Pol.) el principio de la autonomía de la voluntad, posibilita a las personas a hacer todo aquellos que no esté expresamente prohibido por la ley, que no sea contrario a la moral o al orden público, y que no dañe a terceros. Es una norma constitucional que pretende establecer un justo equilibrio entre los derechos individuales y los intereses de la comunidad.
  6. Libertad de pensamiento, de expresión y de información (art. 29 C.Pol), norma que faculta a los ciudadanos la posibilidad de externar su pensamiento a terceros sin que exista ningún tipo de censura por parte de los poderes públicos. Respecto de este derecho, la Sala Constitucional ha considerado que no implica un ejercicio ilimitado, y que en el caso de los medios de comunicación masiva no se pueden prestar para propagar falsedades, difamar o promover desórdenes y escándalos.[8]
  7. Libertad de acceso a los departamentos administrativos con propósitos de obtener información sobre asuntos de interés público (art. 30 C.Pol.), refiere al interés de la comunidad de obtener  de los órganos o entes públicos, información de naturaleza pública, como puede ser el conocer de la actividad del funcionario público, así como su buen o mal desempeño en el ejercicio del cargo y las informaciones que siendo de interés público se hallen en tales oficinas o departamentos administrativos[9].
  8. Derecho a no ser detenido sin indicio comprobado de haber cometido algún delito y sin mandato (art. 37 C.Pol.), la norma contempla el derecho a la libertad de las personas y establece presupuestos que deben ser observados por el Poder Público para que las detenciones se reputen como válidas.

Sólo los derechos y libertades anteriormente indicadas son susceptibles a suspensión. Tal cesación de eficacia normativa puede ser declarada para una o varias de esas garantías y podría tener aplicación para todo el país, o solamente para cierta parte del territorio nacional.

De acuerdo con el texto constitucional la suspensión puede decretarse por un máximo de treinta días y no está prevista la posibilidad de prorrogar ese plazo.

[1] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución N° 4778-11

[2] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución N°2001-1369

[3] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución N° 8675-05

[4] El artículo 116 de la Constitución Política dispone que las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa duran seis meses, y que aquellas están divididas en dos períodos: del primero de mayo al treinta y uno de julio, y del primero de setiembre al treinta de noviembre; de ahí que los periodos no contemplados son de receso, siendo posible la convocatoria a sesiones extraordinarias.

[5] Ortiz Ortiz, Eduardo. “Tesis de Derecho Administrativo. Tomo I”. (2002) Editorial Stradtmann S. A. (Segunda Edición). San José (Costa Rica). P.231-233

[6] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución N° 103-98

[7] Hernández Valle, Rubén. “Constitución Política de la República de Costa Rica, comentada y con citas jurisprudenciales”. (2015). Editorial Juricentro (3ª. Edición). San José (Costa Rica). P.97

[8] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resoluciones N° 8867-02 y 1475-96.

[9] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resoluciones N° 6240-93

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