Costa Rica: Con pies de plomo

Escrito por:

Juan Manuel Godoy

Los hombres se meten en los rápidos, pero no saben dónde van ni lo que quieren. Entonces se agitan y dan vueltas (El Principito).

 

Se emite la ley 9866 que viene a extender hasta por un año los nombramientos de aquellas juntas directivas que vencieron después del 1 de marzo de 2020 y no han podido ser renovadas por la vía ordinaria, esto es mediante asamblea del máximo órgano social según la naturaleza de la respectiva persona jurídica.

 

Indica la misma ley que dicha prórroga aplica únicamente a aquellas organizaciones que no hayan podido celebrar la asamblea respectiva para hacer los nuevos nombramientos. Gran problema. Si a un tercero le presentan una personería jurídica donde la junta directiva tiene el plazo vencido, ¿debe considerarla válida sin hacer una revisión sobre los esfuerzos realizados por tal compañía para convocar a una asamblea? Flaco favor le hace la excepción que se comenta a los fines perseguidos por la ley. 

 

El grueso de las sociedades comerciales en Costa Rica son sociedades cerradas con pocos accionistas, podrían haber hecho la convocatoria, celebrar la asamblea con cartas poder o respetando el distanciamiento social sin violar normas sanitarias.  ¿Cuál es el estándar de esfuerzo razonable para tener por prorrogado el nombramiento? ¿Cuál es la respuesta para aquellas sociedades cuyos estatutos permiten celebrar asambleas usando plataformas electrónicas? ¿Y si no tienen la norma estatutaria podrían incorporar en la agenda el punto y celebrar la asamblea?  Los riesgos de aceptar personerías con todos estos cuestionamientos no son menores pues en últimas involucra una discusión sobre la capacidad del firmante para vincular a la sociedad cuando su vencimiento está vencido.

 

Por otro lado, la ley también habilita por una única vez a las juntas directivas a tomar las decisiones económicas típicas de una asamblea ordinaria en sociedades comerciales como repartir dividendos. Sin embargo, condiciona dicha habilitación a que no se haya podido celebrar la asamblea respectiva después de hacer esfuerzos razonables.  Parece que la norma libera de responsabilidad a los directores por la decisión de repartir dividendos. ¿Pero si el accionista mayoritario no está de acuerdo con ello, podría presentar una acción de responsabilidad social contra los directores si la decisión de repartir dividendos causa daños a la sociedad? Hay situaciones que por supuesto son extremas, pero no por ello dejan de presentarse.

 

Sin duda se dejan ver buenas intenciones en la promulgación de la ley. Sin embargo, en algunos escenarios, no necesariamente excepcionales, ésta podría ser poco eficaz en la obtención de sus fines y propósitos.

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