Costa Rica: Precauciones que deben adoptarse para no poner en riesgo la posibilidad de deducir las pérdidas derivadas de las actividades económicas

Escrito por Alicia Castro

 

Por medio de la Reforma Fiscal, in contrario sensu a lo percibido por muchos, se plantearon algunos cambios beneficiosos para los contribuyentes. Entre ellos, la posibilidad de que empresas de todas las áreas puedan deducir como gasto para la determinación del impuesto de renta las pérdidas que hayan tenido en los últimos 3 periodos fiscales[1]. El año 2020 corresponde al primer periodo fiscal en el que todos los contribuyentes podrán aplicar la norma.

 

A la fecha, no había claridad de si el alcance de la norma incluye profesionales independientes. Según el artículo primero, inciso 4 del Reglamento a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en adelante RLISR), una empresa es “Es toda unidad económica dedicada a la realización de actividades o negocios de carácter lucrativo.” Si bien el RLISR no define el término “unidad económica”, en la práctica este incluye toda persona física que ejecute una actividad lucrativa. Ya que todos estos últimos son considerados contribuyentes para efectos del impuesto sobre la renta, los profesionales independientes también podrían deducir sus pérdidas.

 

La aplicación de pérdidas diferidas propicia la igualdad de condiciones para los contribuyentes, ante una situación de pérdida de capital. Como consecuencia del COVID-19, se estima que muchas empresas reportarán pérdidas al cierre de este periodo fiscal. Basta decir que en virtud de ello y de las medidas moratorias implementadas a raíz de la pandemia, el Ministerio de Hacienda proyecta una pérdida en sus ingresos de aproximadamente ₵975,000 millones. [2]

 

Antes de ahondar en el tema, es importante tener en cuenta las limitaciones que conlleva la aplicación de este beneficio. Un elemento crucial es entender cómo tienen que estar calculadas y sustentadas dichas pérdidas. La Administración Tributaria está facultada para aceptarlas o determinar dicha suma en caso de discordia (algunas veces con afán recaudatorio), situación típica tras la implementación de una nueva norma. 

 

El RLISR establece que solo las pérdidas que tengan relación con la actividad lucrativa de la empresa serán admitidas. Tanto el reglamento como el tercer párrafo del inciso g del artículo 8) de la LISR aclaran que las empresas que realicen actividades comerciales combinadas con agrícolas o industriales deberán llevar cuentas separadas de cada una para poder hacer esta deducción.

 

A pesar de lo anterior, la legislación fiscal no regula de manera clara la forma documental en que estas pérdidas deben sustentarse para poder aplicarlas como gasto deducible del impuesto sobre la renta, dentro de los plazos establecidos en la normativa.

 

La falta de claridad apuntada ha derivado cuestionamientos e incluso en el  rechazo del gasto en los procesos de fiscalización, en virtud que las Autoridades Tributarias han aducido que, al no satisfacer los parámetros formales a los que hace referencia de manera concepual el artículo 8, el gasto no resulta deducible.

 

Basados en la experiencia acumulada, con la finalidad de evitar que las Autoridades Tributarias rechacen la deducibilidad de las pérdidas que pudieran generarse a partir de los efectos económicos derivados del Covid, es conveniente documentar y registrar adecuadamente las mismas.

 

De forma general, las pérdidas deberán ser contabilizadas en los periodos fiscales en que ocurrieron. Lo anterior, pudiendo verificar y demostrar las mismas en los Balances de Comprobación y Estados Financieros auditados, así como en auxiliares y libros. Cualquier saldo no compensado en los términos establecidos no podría acumularse ni sería deducible fuera de los plazos fijados. 

 

Asimismo, al ser las pérdidas diferidas una partida temporal se deberá registrar de conformidad con el artículo 86 del Reglamento de Ley del impuesto sobre la renta (vigente a partir del 1 de julio del 2019) que establece que para obtener la “renta imponible” del periodo, se debe hacer una conciliación, restando de la utilidad neta del periodo el total de ingresos no gravables y adicionando aquellos gastos no deducibles. Tales ajustes se registrarán aplicando la Norma Internacional de Contabilidad 12 (NIC 12) relativa al impuesto sobre renta diferido. 

 

En el mismo sentido, la Dirección General de Tributación mediante la resolución No. DGT-R-029-2018, “Criterios Interpretativos sobre la aplicación de las NIIF respecto a la Normativa Tributaria” establece que, en el caso del Impuesto Diferido normado por la NIC 12, el contribuyente deberá aplicarlo en todo lo que la norma contable establezca, siempre y cuando no se oponga a ninguna norma tributaria.

 

Con base en lo anterior, en el escenario que el resultado obtenido por los contribuyentes al cierre del periodo fiscal se vea afectado por las consecuencias de la Pandemia, de cumplirse con lo antes expuesto, la pérdida podrá deducirse como gasto deducible de los siguientes periodos fiscales.

 

 


[1] Las empresas agrícolas mantienen el plazo de 5 años con el que contaban previo a la Reforma.

[2] Fuente: Datos del Ministerio de Hacienda sobre proyecciones del déficit del 2020.

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