Costa Rica: Órganos concursales

Equipo de Litigios & Arbitrajes Costa Rica

 

En esta nueva entrega, haremos un repaso respecto a los órganos que intervienen en el proceso concursal, distintos al deudor/concursado, los acreedores en su carácter individual y el juez. Concretamente analizaremos la figura del Interventor, el Administrador Concursal, Liquidador y la Junta de Acreedores.

 

No está demás indicar que la nueva Ley Concursal sin duda alguna innova al eliminar la figura del Curador e incorpora tres figuras a los procesos concursales que de seguido procedemos a detallar.

 

A. INTERVENTOR.

 

El interventor será requerido en un proceso concursal, cuando se determine que el concursado podrá mantenerse ejerciendo actos de administración de los activos, contratos y demás obligaciones. Veremos más adelante que la figura del interventor es excluyente de la figura del Administrador Concursal; en ese sentido, debemos advertir que en un proceso concursal no puede existir un interventor y un administrador simultáneamente, debe nombrarse o uno u otro.

 

La nueva norma establece que el Interventor al igual que Administrador Concursal, deben ser profesionales universitarios en administración de empresas, contaduría o cualquier otra profesión afín a la actividad del concursado, con más de 5 años de experiencia. También puede ejercer como interventor o administrador concursal los abogados con al menos el título de bachillerato en algunas de las profesiones antes mencionadas. Esta disposición marca una diferencia significativa respecto a la anterior figura del Curador, cargo de normalmente era ejercido por un abogado que no debía (necesariamente) ser especialista en temas financieros, contables o de administración de empresas. Sin detrimento de lo anterior, tomando en consideración que el Interventor o Administrador podrían no ser abogados, la norma permite que se hagan asistir por un profesional en derecho o cualquier otra especialidad, para el fiel cumplimiento oportuno de sus obligaciones.

 

En línea con lo indicado en el párrafo anterior, la Ley Concursal establece que tanto el interventor como el administrador concursal deben aprobar los cursos de acreditación que sean impartidos en la Escuela Judicial o en las entidades universitarias con programas autorizados, lo cual demuestra la relevancia que otorga la nueva norma a la preparación de las personas que sean nombradas en estos órganos.

 

En términos generales, el interventor tiene la función de autorizar o manifestar su conformidad con los actos que realice el concursado o los representantes de la empresa concursada, especialmente cuando se trate actos que exceden la actividad normal del concursado o tengan por objeto la disposición de bienes inmuebles, muebles indispensables para la ejecución de la actividad del concursado o pongan en riesgo el activo concursal. La celebración de actos sin la autorización o conformidad del interventor puede provocar la anulabilidad de dichos actos. Asimismo, las diferencias entre el interventor y el concursado deberán ser resueltas por el juez a cargo del proceso concursal.

 

Es importante advertir que tanto el interventor como el administrador concursal, deben participar en los órganos colegiados de la persona jurídica concursada y deberán ser convocados siguiendo las mismas formalidades establecidas para los demás participantes. De no seguirse con esta formalidad, el órgano colegiado no podrá sesionar, y de hacerlo, los acuerdo que se adopten podrán ser anulados por medio de un incidente que deberá ser presentado y resuelto en el mismo proceso concursal.

 

También, el interventor (al igual que el administrador concursal) puede ejercer acciones judiciales en caso de que el concursado o sus representantes no las formulen en tiempo. Esto también incluye la posibilidad de ejercer el derecho de enervar el proceso de desahucio, enervar el vencimiento anticipado de las obligaciones del concursado y solicitar la resolución de contratos pendientes de ejecución después de la apertura del proceso concursal.

 

Asimismo, el interventor como el administrador concursal tienen la obligación de preparar un informe inicial, en el que se deberá analizar los datos, información y documentación que haya sido suministrada por el concursado, resumen de las principales decisiones y actuaciones de la administración concursal, valoración técnica y detallada de las propuestas concursales presentadas y su criterio razonado sobre la situación patrimonial del concurso. De igual forma, el interventor y administrador concursal están facultades para plantear soluciones a la crisis del concursado.

 

Finalmente, podrá recomendar que el concursado o sus representantes sean separados total o parcialmente en la administración de los bienes, para que en su lugar se nombre un administrador concursal. La norma también permite que, si existe un interventor nombrado, éste pueda continuar fungiendo como administrador concursal.

 

B. ADMINISTRADOR CONCURSAL.

 

Según se indicó de previo, el administrador concursal será nombrado cuando se decida que el concursado debe ser separado total o parcialmente de la administración de los activos o cuando el concursado admita que la solución de la empresa radica en la entrega total o parcial de su patrimonio. También se requerirá del nombramiento de un administrador concursal, cuando el concursado no se haya apersonado al proceso, se haya opuesto al concurso en forma injustificada, no colabore con los deberes que establece la norma concursal, actúe dentro del proceso con abuso procesal, mala fe o en contra de los fines concursales, la mayor parte de los bienes concursales sean productivos y cuando el concursado haya cesado su actividad empresarial o existan elementos suficientes que evidencien una inadecuada gestión del patrimonio.

 

Los requisitos para ser administrador concursal son los mismos que establece la ley para el interventor. Además, el administrador comparte también muchas de las facultades que tiene el interventor, especialmente cuando la separación del concursado y sus representantes sea parcial.

No obstante, son facultades propias del administrador concursal la administración de los activos concursales, asimismo, podrá ser autorizado por el juez concursal para realizar actos de disposición del patrimonio concursal, representar al concurso y asumir el ejercicio de los derechos políticos que corresponden al concursado en otras entidades.

 

C. LIQUIDADOR. 

 

En el caso que se llegara a determinar que la solución del proceso concursal es la liquidación de los activos concursales, de inmediato se procederá al nombramiento de un liquidador. La norma dispone que el administrador concursal o el interventor (según sea el caso) asumirá el cargo de liquidador, y consecuentemente, estará a cargo de la liquidación de activo concursal.

En este artículo no entraremos en detalles sobre la forma cómo se debe realizar la liquidación del activo concursal, toda vez que ese tema será tratado en un artículo posterior.

Sí es importante mencionar que tanto los administradores concursales, interventores o liquidadores, serán nombrados de una lista que confeccione la Corte Suprema de Justicia. Pueden ser recusados, removidos y pueden ser encontrados responsables, civil y penalmente, de acuerdo con la labor que realicen.

 

D. JUNTA DE ACREEDORES.

 

La Junta de Acreedores será convocada y presidida por el juez concursal, para efectos de ajustar, revisar, discutir, modificar o rechazar las propuestas por el concursado o cualquier otra persona o ente con facultades para hacerlo. A la Junta de Acreedores deberán concurrir los acreedores con derecho a voto y también podrá acudir los que acreedores sin derecho a voto; no obstante, es importante advertir que la Junta se celebrará con cualquier número de acreedores que se presente.

 

Respecto a los acreedores con derecho a voto, son aquellos acreedores comunes admitidos dentro del proceso. También tendrán derecho a voto los acreedores con privilegio especial, respecto de las propuestas que puedan afectar su crédito, lo mismo que los acreedores con privilegio general, cuando se encuentren inhabilitados para ejercer sus derechos fuera del concurso.

 

Los acreedores sin derecho a voto son los aquellos que entran en la categoría de “personas especialmente relacionadas” con el concursado (tales como familiares o socios de la empresa concursada). También los que legalizaron su crédito en forma tardía o su crédito fue rechazado; los acreedores cuyo crédito esté fundado en créditos litigiosos o sujetos a condición suspensiva y los acreedores con créditos subordinados.

 

Sin intensiones de profundizar en el tema de las votaciones en la Junta de Acreedores (tema que será abordado en un artículo posterior), sí debemos citar que las votaciones se pueden realizar por mayoría simple de acreedores con derecho a voto que asistan a la junta o por mayoría de capital, modalidad que admite que el voto de cada acreedor sea proporcional al monto de su acreencia.

 

Cabe mencionar que los acuerdos que se adopten en la Junta de Acreedores deberán ser homologados por el juez, detallando los votos emitidos por cada acreedor. Si por el contrario, en la Junta de Acreedores se imprueban todas las soluciones propuestas, se procederá con la liquidación del activo concursal, de acuerdo con las pautas establecidas en la Ley Concursal, tema que también será analizado en un artículo posterior.

 

Con este breve repaso sobre los órganos concursales, quedan pendientes para futuras entregas los siguientes temas:

 

  • Efectos del proceso concursal.
  • Disposiciones sobre el pasivo y activo del concursado.
  • Normas especiales: “pequeño concurso,” grupos de interés económico y concurso transfronterizo.

Departamento de Litigios & Arbitrajes. Puede contactarnos a través de los siguientes correos electrónicos:

 

Andrés Martínez, amartinez@consortiumlegal.com

Jose Pablo Valverde, jvalverde@consortiumlegal.com

Gerald Hoffman, ghoffman@consortiumlegal.com

Josué Barahona, jbarahona@consortiumlegal.com

 

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