Costa Rica: La Protección de Datos Personales en el Comercio Electrónico

Escrito por: 

Yosser González

 

El uso de medios electrónicos en los negocios (mejor conocido como comercio electrónico o e-commerce) ha traído a discusión el nivel de protección que debe brindarse a los datos personales de los usuarios que utilizan estos medios. Debido a la pandemia por Sars-Cov-2, cada vez más comerciantes se han aventurado a utilizar plataformas o medios digitales para el intercambio de sus bienes o servicios; asimismo, más consumidores han optado por utilizar estos medios para el abastecimiento o disfrute de sus necesidades diarias, tanto de alimentación, entretenimiento, recreación, salud y otras.

 

No obstante, las leyes no siempre avanzan con la misma rapidez que la realidad, por lo que frecuentemente nos vemos en la necesidad de analizar las implicaciones legales de nuestras ideas y modelos de negocio y la forma en la que estas puedan afectar o ser afectadas por la normativa vigente.

 

En este sentido es que debemos mencionar que de conformidad con el capítulo X del Decreto Ejecutivo no. 37899-MEIC “Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor no. 7472”, con especial énfasis en su artículo 263, en concordancia con la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales no. 8968 (en adelante “Ley 8968”) y su reglamento, podemos establecer una relación “comerciante-consumidor” cuando hacemos uso de medios electrónicos para adquirir u ofrecer bienes o servicios y de los datos personales del consumidor como merecedores de una tutela especial en la relación de consumo.

 

Lo anterior tiene gran relevancia ya que, bajo esta óptica, el comerciante que ofrece bienes o servicios por medios electrónicos no sólo debe cumplir con las mismas obligaciones que los comerciantes que ejercen bajo las modalidades tradicionales de comercio, sino que, además, debe cumplir con ciertas regulaciones establecidas en la legislación anteriormente citada. Por su parte, el consumidor no sólo tiene los mismos derechos ya establecidos en la Ley de Protección de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor no. 7472 y su reglamento, sino que, además, cuenta con otros derechos adicionales por el tipo de transacción en la que nos encontramos, dentro de los cuales destaca la protección de sus datos personales.

 

Para procurar el cumplimiento con la legislación nacional vigente, el comerciante primero debe analizar cuáles son los datos personales de los consumidores a los que tendría acceso, tanto de forma directa como indirecta, y establecer el fin para el que se utilizarán. Esto se debe hacer tomando en cuenta no sólo los datos a los que se tendría acceso al momento de la transacción, como lo son el nombre completo, el correo electrónico, el teléfono o el domicilio, sino también aquellos datos que desde el primer momento en el que el usuario ingresa al software o hardware pueden ser recolectados tanto por el comerciante como por los proveedor de servicios de hosting o de análisis de datos, tales como la dirección IP, el proveedor del servicio de internet, el navegador, la localización, fecha, hora y sitios que visita, así como el uso de las denominadas “cookies”.

 

Una vez realizado el análisis de los datos a los que se podría tener acceso, procede realizar un análisis legal de los tipos de datos recopilados y las consecuencias legales de su tratamiento según la Ley 8968 y su reglamento, de manera que se pueda tener un panorama claro de las implicaciones legales a las que se enfrenta el negocio y las formas de evitar o minimizar los riesgos. Hecho lo anterior, debe procederse con la redacción e implementación de Políticas de Privacidad personalizadas y acordes con el modelo del negocio, las cuales en Costa Rica se encuentran íntimamente ligadas con la obtención del Consentimiento Informado, cuyas formalidades son claramente establecidas en el artículo 5 de la Ley 8968.

 

A pesar de que a través de los años se ha experimentado un incremento en el uso de plataformas electrónicas en el comercio, la falta de confianza de los consumidores en el uso de estos medios ha sido uno de los mayores obstáculos para el surgimiento de esta modalidad en Costa Rica. Ahora, como consecuencia de la pandemia muchos negocios tuvieron que dar el salto aún sin estar preparados, por lo que en este punto nuestra invitación es reflexionar sobre las bondades que un adecuado tratamiento de datos personales puede generar en su negocio, como el incremento en la confianza por parte de los consumidores en adquirir sus bienes y servicios, lo cual a su vez, brinda renombre y prestigio al comerciante permitiéndole resaltar dentro del mercado y aumentar su competitividad, sin dejar de lado, por supuesto, el evitar sanciones por incumplimiento con la legislación vigente, las cuales pueden ser de uno a diez salarios base, es decir entre 400 mil y 4 millones de colones.

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