Costa Rica: En la “suiza centroamericana” no hay reloj suizo

Escrito por:

Alberto Laclé Montoya


Esta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo, ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quien derriba”. Don Quijote de la Mancha.


Ya no será necesario correr en medio de la pandemia para presentar la declaración de beneficiarios finales para el año 2020. Hoy se ha publicado una reforma a la resolución conjunta de alcance general para el registro de transparencia y beneficiarios finales modificando, entre otros, los siguientes aspectos:


  • el cambio de fecha para las declaraciones ordinarias, el cual correspondía a el mes de septiembre de cada año, y posteriormente con la reforma es modificado a abril de cada año y;
  • Se establece que para los obligados que presentaron la declaración del periodo 2019, no tendrán que presentar la declaración del periodo 2020 durante el mes de septiembre como originalmente correspondía, ya que el sistema de forma automática y por esta única vez, tendrán la declaración del periodo anterior válida para este año pandémico.

Es importante reiterar que los obligados pendientes de suministrar la declaración del periodo anterior, no les aplicará lo anteriormente mencionado y por el contrario deberán realizar el cumplimiento cuando antes sin perjuicio de las multas que ya pudieren haberse causado. 

Adicionalmente y en virtud de que aún se encuentra en desarrollo la funcionalidad por el Banco Central de Costa Rica, se establece que los obligados que deban presentar una declaración extraordinaria o realizar correcciones se les traslada el plazo hasta abril de 2021. De igual forma opera el plazo para las personas jurídicas que se les asigne un número de cedula en el Registro Nacional, por inscripción o asignación, durante todo el 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021.


Por último, somos conscientes y testigos que la administración tributaria ha iniciado el cobro de las multas para los obligados morosos del periodo 2019, dichas multas van aproximadamente desde los US$ 3,000 hasta los US$70,000, dependiendo de los ingresos brutos de la persona jurídica. De igual forma y del otro lado del puente, hemos presenciado impugnaciones por temas de vicios procedimentales, las cuales aún se encuentran a la espera de ser resultas. En todo caso con la difícil situación económica y social, recomendamos no exponerse a situaciones que podrán generar costos mucho más elevados a los del cumplimiento. 

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