Costa Rica: El recurso de objeción al cartel: instrumento al servicio de los administrados para garantizar y/o restablecer los principios de igualdad y libre participación en las compras públicas

Escrito por:

Juan Pablo Vargas

 

I. Introducción.

 

Dentro de los principios constitucionales referentes a la Contratación Administrativa, la igualdad y la libre participación juegan un papel trascendental toda vez que posibilita a la Administración a que cuente una gran variedad de oferentes a efectos de elegir la oferta que se satisfaga de mejor forma el fin público.

 

En efecto, sobre el principio de la libre participación concurrencia en las compras públicas, la Sala Constitucional ha indicado que el principio tiene por objeto “afianzar la posibilidad de oposición y competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa regulado en el artículo 46 de la Constitución Política[1]. De esta forma principio pretende promover y estimular el mercado competitivo, a efectos de que participen el mayor número de oferentes, para que la Administración pueda contar con esa amplia y variada gama de ofertas para que la Administración licitante pueda seleccionar a aquella que ofrezca las mejores condiciones.

 

En relación al principio de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, el Tribunal Constitucional ha sido claro en cuanto a que complementa al anterior,  y que tiene una doble finalidad dentro del procedimiento de licitación, ya que por un lado resulta ser  una garantía para los administrados en la protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes y como particulares;  y por otro lado pretende constituirse como una garantía para la administración, al presentarle una amplía nómina de ofertas para seleccionar al mejor contratista.

 

No obstante, en algunas ocasiones, al momento de establecer las cláusulas que componen el cartel, el funcionario público podría incurrir en el quebranto de tales principios, impidiendo de esa forma la libre concurrencia de los oferentes en términos de igualdad.

 

Ante ese panorama, el administrado cuenta con la posibilidad de interponer el recurso de objeción al cartel, como remedio para cambiar la voluntad de la Administración Pública y ajustar el contenido del cartel a los principios constitucionales mencionados.

 

II. ¿Quién puede interponer el recurso?

 

El artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelantes LCA), es generoso en cuanto al tema de la legitimación, pues permite interponer este recurso tanto a cualquier potencial oferente – o su representante legal- así como a cualquier entidad que -estando legalmente constituida- se encargue de velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación de la que se trate, o bien donde vaya a surtir efectos.

 

Si bien, es cierto, la legitimación es amplia, esta no es ilimitada. No se trata tampoco de una “acción popular” de ahí que es indispensables que el escrito que presente el recurrente se refiera a su legitimación, externando todas las razones por la cuales está en su derecho de interponer el recurso en mención y haciendo alusión, también, a relación entre la actividad que ejerce y el objeto de la licitación si se tratase de un potencial oferente; o bien, habría que referirse a  la posible a repercusión directa que pudiese tener la contratación sobre los intereses comunales de las personas a quienes vendría a representar la persona jurídica de la que se trate.

 

III. ¿Cuál es el plazo que se tiene para interponer el recurso?

 

En cuanto a los plazos, ya sea para el caso de una licitación pública o una licitación abreviada, el potencial oferente o la agrupación que pretenda tutelares intereses comunales, debe interponer su reclamo dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, el cual se cuenta a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. En ese sentido, debe tenerse siempre presente que para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones.

 

IV. Fundamentación del recurso.

 

El principio de informalidad que yace en las gestiones que interponen los administrados, no exime a los reclamantes de que cumplan con la fundamentación mínima que debe llevar el recurso que presenten.

 

Bajo esa inteligencia, el potencial oferente debe ser claro en cuanto a los argumentos respecto a las infracciones que le imputa al cartel, debiendo señalar expresamente las violaciones que se produjeron a los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o bien a disposiciones expresas del ordenamiento.

 

También, se exige al potencial oferente a que argumente -y de muestre- que el bien o el servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, pues no sería ni lógico ni ajustado a la legalidad, el caso de un recurso de objeción en el que se alegue <<la nulidad por la nulidad misma>> de las cláusulas del cartel, por un oferente cuyo bien o servicio no es idóneo para satisfacer las necesidades de la Administración promovente del concurso.

 

En el caso de las personas jurídicas que defienden intereses comunales, importa mencionar que solamente pueden cuestionar las cláusulas cartelarias que afectan los intereses colectivos que tutela esa agrupación en específico, de ahí que deben hacer un desarrollo adecuado no sólo de la impugnación de las cláusulas del cartel, sino también de la relación o afectación que tendrían las mismas respecto a los intereses que tutelan.

 

No se debe olvidar la máxima de “quien afirma algo, debe probarlo”, de ahí que es necesario aportar la prueba que se requiera para respaldar los argumentos que se expresen en el recurso.

 

V. ¿Ante quien se presenta el recurso de objeción al cartel?

 

En este tema el reclamante debe ser especialmente cuidadoso, pues si tratase de una licitación pública, el recurso se debe presentar ante la Contraloría General de la República; en cambio, en el caso de las licitaciones abreviadas                 se presenta ante la propia Administración licitante.

 

Huelga mencionar que, en el caso de la contratación directa, no resulta posible la interposición de un recurso de objeción al cartel, por no estar previsto dicho supuesto en la normativa que regula la materia.[2]  

 

VI. ¿Y si no objeto el cartel, puedo posteriormente hacer algún reclamo a través del recurso de revocatoria o de apelación?

 

No, la respuesta es no. Si el cartel no es impugnado por los interesados en tiempo y forma, viene a operar el instituto de la “preclusión” que -en términos generales- implica consentimiento tácito de las cláusulas del cartel de la licitación.

 

En virtud de lo mencionado en el párrafo anterior, es importante indicar que los potenciales oferentes deben estar muy alertas al momento de revisar los carteles, a efectos de verificar si existe algún quebranto a los principios fundamentales de la Contratación Administrativa, al procedimiento de contratación, o en general al ordenamiento jurídico, a efectos de tener la capacidad de reacción para impugnar correctamente tales actuaciones.

 

***

 

Les recordamos que en el área de Derecho Público de Consortium Legal Costa Rica, contamos con expertos en materia de contratación administrativa que pueden ayudarles no sólo a detectar las causales mediante las cuales podrían interponerse un recurso de objeción al cartel, sino también trabajar en la redacción e interposición del recurso, con la debida fundamentación y en los plazos establecidos por la normativa que rige en la materia.

 

[1] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 998-98.

[2] Al respecto puede consultarse -entre otras- la resolución R-DCA-0347-2017 de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República.

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