Costa Rica: El instituto de la demanda improponible en el proceso ordinario civil durante sus primeros 30 meses de vigencia

Luego de dos años y medio de vigencia del Código Procesal Civil, consideramos conveniente hacer una nueva lectura del instituto de la demanda improponible, que fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico por dicha normativa procesal.

 

Parte de las innovaciones del Código Procesal Civil (entre las que podemos citar: oralidad, inmediación, concentración o improrrogabilidad de la competencia declarable de oficio) tienden a brindar mayores poderes al juez en aras de que el proceso civil sea un instrumento útil para elevar el grado de eficiencia de la administración de justicia. En ese sentido, dentro de las innovaciones procesales se creó la figura de la Demanda Improponible, como un mecanismo para desestimar una demanda en forma anticipada que desde un inicio muestra rasgos evidentes de no prosperar, confiriéndole a lo resuelto la condición de cosa juzgada material.

 

Desde una primera aproximación al nuevo texto procesal, consideramos sumamente adecuado que se introdujera el instituto de demanda improponible, toda vez que estimamos se erigía como la mejor alternativa para sancionar el abuso procesal mediante acciones judiciales dilatorias o sin un grado serio de verosimilitud, simplificando el anterior trámite de fraude procesal, el cual en todo caso era difícil de demostrar desde toda óptica, e indudablemente inoportuno, ya que no era posible hacer uso del mismo para dar una pronta terminación al proceso.

 

De igual manera, con la adopción del instituto de la demanda improponible, se permite (al menos hipotéticamente) resguardar el mejor empleo de fondos públicos en virtud de la pronta solución y terminación de procesos carentes de fundamento o dilatorios, y vela por una mejor administración de justicia pronta y cumplida, exigencia contenida en el numeral 41 constitucional.

 

De esta manera, en octubre del 2018, por primera vez se contempló en el proceso ordinario civil costarricense un instituto adicional al examen de requisitos formales de la demanda para permitir su admisión, incorporándose una figura jurídica que le permite al juez de forma oficiosa o por gestión de parte, analizar la demanda por aspectos de fondo, para determinar si existen méritos para continuar con la tramitación del proceso a través de todas sus etapas procesales (evacuación de prueba y conclusiones) hasta arribar al dictado de la sentencia; o si por el contrario, estima en virtud de la poca seriedad de la demanda que es innecesario el desarrollo de todas las etapas procesales, facultándole a dictar una sentencia desestimatoria en forma anticipada con eficacia de cosa juzgada material.

 

El antiguo Código Procesal Civil postulaba una serie de defensas que podía ejercer el demandado en forma anticipada, las cuales eran conocidas como las excepciones previas. Claramente esa norma partía entonces de un supuesto en el cual únicamente mediante la gestión del demandado se podía extinguir la acción en forma anticipada.

 

De la lectura del artículo 35.5 del Código Procesal Civil, advertimos que existen dos diferencias sustanciales del nuevo modelo adoptado por el legislador. Por una parte, el juez dejó de depender de la actividad del accionado a través de la interposición de excepciones previas (ahora llamadas excepciones procesales) para analizar anticipadamente aspectos de fondo la demanda, y se optó por un esquema que permite al juez realizar de oficio dicho análisis con plena independencia de la voluntad de la parte demandada, mitigando la efectividad dilatoria de un fraude procesal o la simple mala fe procesal.

 

Por otra parte, se estableció que la oportunidad procesal para realizar el análisis de improponibilidad no se limita al plazo de 10 días para la interposición de las excepciones previas, sino que se amplió a cualquier etapa del proceso. En cuanto a las causales, claramente se contemplaron tres de las antiguas excepciones previas, a saber: Cosa Juzgada, Transacción y Caducidad (las demás excepciones previas se mantienen como excepciones procesales, que ponen fin al proceso sin generar cosa juzgada material), y se incluyeron causales que permiten con suficiente claridad el dictado de sentencia desestimatoria en forma anticipada cuando de forma evidente se detecte que:

  1. La pretensión es contraria al ordenamiento, imposible, absurda o carente de interés.
  2. La acción se ejercite en fraude procesal o con abuso del proceso.
  3. Cuando el actor carece de legitimación activa.
  4. Cuando se acredite que el actor renunció con anterioridad al derecho.
  5. Cuando el proceso versa sobre nulidades procesales de otro proceso.
  6. Cuando falte un presupuesto material o esencial de la pretensión.

Ahora bien, luego de la experiencia inicial de treinta meses de vigencia del instituto de la demanda improponible, notamos que en la redacción del artículo 35.5 no se contempló nunca la posibilidad que la sentencia anticipada abarcara la desestimación parcial de la demanda; es decir, únicamente con respecto a ciertas pretensiones o ciertos sujetos que formen parte del proceso.

 

A pesar de dicho silencio normativo, la experiencia nos ha demostrado en reiteradas ocasiones, que nuestros Tribunales sí han acogido argumentos de demanda improponible para excluir algunas pretensiones formuladas dentro de las demandas ordinarias y que son evidentemente improcedentes.

 

Además, deviene en no menos que llamativo el efecto que ha tenido la figura de la demanda improponible para romper con la litis pasiva facultativa, acelerando la exclusión de uno o varios demandados en un proceso incoado en su contra. Según lo anterior, a través de la figura de la demanda improponible, se ha logrado excluir del proceso a codemandados contra quienes se ha acreditado una falta de presupuestos materiales de la pretensión, específicamente la Falta de Legitimación Pasiva; a modo de ejemplo: casos de gerentes y accionistas demandados sin ninguna relación con las pretensiones de la demanda.

 

Ahora bien, en aquellos casos en que se ha acogido parcialmente la demanda improponible a favor de uno o varios co demandados, hemos identificado un efecto procesal dilatorio que se produce en la tramitación del proceso (que estimamos no fue previsto por el legislador), toda vez que la sentencia anticipada al resolver con carácter de cosa juzgada material, tiene como única actividad recursiva la instancia de extraordinaria de Casación (casos de mayor cuantía), que como es bien sabido, en la práctica conlleva una demora judicial de aproximadamente 24 a 36 meses, lo que ha provocado la suspensión en la tramitación del proceso con respecto a los otros codemandados.

 

Conviene destacar desde nuestra experiencia, contrario a lo previsto por el legislador, no evidenciamos casos que se esté haciendo uso de la demanda improponible de forma oficiosa, por el contrario, nuestra experiencia demuestra que el administrador de justicia es reticente a la aplicación de la figura de demanda improponible, y su uso continúa siendo más un instrumento de defensa del demandado que una herramienta al servicio del juez.

 

Claramente la demanda improponible es de novedosa implementación en el contexto procesal costarricense, y conforme la experiencia del gremio litigante motive a profundizar en la adecuada conceptualización de las causales y los efectos procesales de su admisión parcial, se nutrirá en mayor medida el análisis que a futuro podamos realizar; sin embargo, con la experiencia preliminar de escasos treinta meses deviene en no menos que apasionante las implicaciones que en nuestra realidad procesal conlleva dicho instituto.

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