Costa Rica: Disposiciones sobre el pasivo y activo del concursado

Área de Litigios & Arbitrajes

 

En la entrega anterior de esta serie de artículos sobre la Ley Concursal, nos referimos a los efectos del proceso concursal. En esta quinta entrega, procederemos a referirnos a las disposiciones sobre el pasivo y el activo del concursado y finalmente en el siguiente y último artículo, abordaremos las normas especiales que se introducen en la Ley Concursal, tales como pequeños concursos, grupo de interés económico y concurso transfronterizo.

 

Activo Concursal

 

El activo concursal se compone de todos los bienes y derechos del patrimonio del concursado, a excepción de los inembargables que existan al momento de la apertura o que ingresen al patrimonio durante la tramitación del proceso.

 

Para la constatación del activo se deberá llevar a cabo un inventario y un avalúo, los cuales se pondrán en conocimiento de todos los intervinientes del proceso. Una vez aprobado el inventario, para realizar cualquier inclusión o exclusión de activos, es necesario seguir un procedimiento incidental.

 

Por regla general, la conservación y administración del activo la mantiene el concursado, salvo que el Juzgado disponga lo contrario, en cuyo caso las tareas indicadas recaerán sobre el auxiliar concursal respectivo (administrador, interventor o liquidador).

 

Por último, cabe resaltar que la ley prevé la venta anticipada de los activos en supuestos restringidos, como por ejemplo: i. por la posibilidad de pérdida, disminución o deterioro del activo, ii. cuando se demuestre por motivos especiales que es útil o recomendable su enajenación, y iii. también cuando sea necesaria para cubrir los gastos de la administración o pagar créditos alimentarios o laborales exigibles.

 

Pasivo concursal.

 

La ley divide el pasivo en dos categorías generales: créditos a cargo de masa y créditos concursales.

 

Créditos a cargo de la masa

 

Consisten en: i. gastos del proceso (excluyendo patrocinio letrado de concursado o acreedores), ii. gastos para conservación, administración y liquidación del activo, iii. créditos posteriores del concurso, iv. gastos funerarios de la persona física y sus familiares, v. gastos de asistencia médica indispensables del concursado y sus familiares, y vi. los que la ley califique como créditos a cargo de la masa. Todos los gastos anteriores no se excluyen entre sí para efectos de su debido pago.

 

En caso de que el concursado no tenga liquidez para asumir los gastos, se podrá dar la enajenación anticipada de activos, siendo que primero se dispondrán de los bienes que no se encuentren especialmente afectados.

 

Asimismo, la ley establece supuestos en los que acreedores privilegiados, alimentarios y laborales deberán contribuir con el pago de los créditos de la masa. En el caso de los privilegiados deberán soportar los gastos i y ii antes señalados, en lo que les beneficie, y los alimentarios y laborales les corresponderá contribuir cuando haya insuficiencia de bienes.

 

Créditos concursales: 

 

En la ley, los créditos concursales se dividen en el siguiente orden de prelación:

 

  1. Con privilegio especial (Hipotecas, Prendas, Fideicomisos de Garantía, Garantías Mobiliarias, Derecho de Retención y Bienes Gananciales).
  2. Con privilegio general (Alimentarios, Laborales e Indemnizaciones por daños a la salud o la vida no cubiertas por seguros).
  3. Comunes (todos los demás).
  4. Subordinados (los que así indique voluntariamente el acreedor y los de las personas especialmente relacionadas con el concursado).

Con respecto a los distintos tipos de créditos concursales y el pago de sus acreencias, una innovación que introduce la ley es el establecimiento de una reserva del 10% de lo obtenido en la enajenación de bienes que garantizan créditos con privilegio especial, lo anterior en caso de que no existan otros bienes para pagar a los créditos alimentarios, laborales e indemnizaciones por daños a la salud o vida.

 

Cada acreedor deberá legalizar sus créditos dentro del plazo concedido para hacer valer sus derechos, salvo que i. su crédito conste en la lista suministrada por el concursado, ii. estén reconocidos en sentencia o iii. no requieran ser cobrados en el concurso. Continuando con las legalizaciones, la ley de forma novedosa permite que la legalización de un derecho litigioso y la legalización de fiadores, avalistas y coobligados del concursado por las sumas que podrían eventualmente cobrar al concursado como coobligados que paguen sumas de dinero a los acreedores.

 

Cumplido el plazo para las legalizaciones, el interventor o administrador concursal elaborará un informe inicial sobre los pasivos que serán puesto en conocimiento a los intervinientes del proceso, quienes podrán solicitar adiciones, pedir inclusiones de créditos legalizados y no tomados en cuenta en el informe, impugnar los créditos admitidos en el informe y objetar el rechazo de créditos.

 

Los efectos del informe inicial son sumamente relevantes, ya que se consideran créditos concursales sólo aquellos admitidos en el informe que no hayan sido objetados, así como los reconocidos por sentencia en firme.  Siendo este informe uno de los momentos más relevantes para los derechos de los acreedores del concursado.

 

Finalmente, la ley prevé el escenario de acreedores tardíos, es decir, aquellos que presentaron la legalización de crédito fuera de plazo, deberán seguir la vía incidental en la cual se discutirá sobre la admisión o no de su acreencia. En caso de admisión, tomarán el proceso en el estado en que se encuentre.

 

Acuerdos concursales

 

Una vez que se ha conformado el activo y se ha definido el pasivo del concursado, se procederá con el conocimiento y votación de las propuestas de solución que hayan sido formuladas por el concursado, o en caso de omisión de éste, formuladas por los acreedores y/o terceros.

 

Con la finalidad de decidir y votar acerca de las propuestas de solución, se convocará a una Junta de Acreedores, en la cual se tomarán las decisiones siguiendo las reglas de votación establecidas en el artículo 40.7 y siguientes de la ley.

 

En adición al procedimiento anterior, la ley da la posibilidad de que el concursado y sus acreedores puedan suscribir acuerdos extrajudiciales. Las personas que suscriban el convenio podrán pactar el contenido lícito que estimen conveniente, siempre y cuando no afecten a los demás acreedores. Este tipo de acuerdos deberán ser presentados ante el juez concursal para su homologación.

Tanto los acuerdos judiciales como extrajudiciales se ejecutarán a partir de la firmeza de su homologación. La ley dispone la obligación de presentar informes trimestrales acerca del estado de cumplimiento de los acuerdos. En caso de cumplimiento íntegro del acuerdo, se podrá solicitar la conclusión el concurso.

 

Liquidación y pago

 

La ley incluye una fase liquidatoria en que se enajenarán los activos del concursado con el objetivo de cancelar el pasivo del concurso.  Esta fase procederá cuando:

 

  • Sea la propuesta del mismo deudor concursado.
  • La Junta de Acreedores rechace todas las propuestas para superar la crisis.
  • El acuerdo de la Junta de Acreedores sea la liquidación del patrimonio.
  • El Tribunal deniegue la homologación de todos los acuerdos judiciales.
  • Por incumplimiento de un acuerdo judicial o extrajudicial.
  • La Junta de Acreedores modifique el acuerdo para optar por la liquidación.
  • Sea legal o materialmente imposible la ejecución del acuerdo homologado, siempre que no sea posible su modificación.
  • Lo solicite el ente regulador o fiscalizador del concursado según ley especial.

La etapa de liquidación inmediatamente genera el desapoderamiento del concursado, suspendiéndose todas las facultades de administración y representación, se produce el vencimiento anticipado de los créditos anteriores a la declaración judicial de concurso, así como la resolución anticipada de contratos anteriores a la declaración judicial de concurso que tengan prestaciones pendientes de cumplimiento, y en caso de que el concursado sea una persona jurídica, se ordena su disolución.

 

Como se mencionó al inicio de este apartado, en la fase de liquidación se procurará la enajenación de los activos, Al respecto cabe resaltar que la ley define una prelación de liquidación, estableciendo que de ser posible se seguirá el siguiente orden de enajenación:

 

1) La empresa o las unidades productivas en marcha.

2) La empresa como un todo, cuando no haya continuado su actividad.

3) Las unidades productivas independientes, en caso de no haberse podido enajenar la empresa como un todo.

4) Grupos de bienes.

5) Los bienes singularmente considerados.

 

La ley define el proceso de enajenación que aplica en cada supuesto, así como las reglas que deben seguirse en caso, sea una licitación, subasta pública o venta directa.

 

Con el producto que se obtengan de la liquidación se procederá con el pago de los créditos, cancelando primero los créditos a cargo de la masa, y posteriormente los créditos concursales.

 

Conclusión del concurso:

 

Finalmente, después de haber desarrollado las disposiciones sobre al activo y pasivo concursal, conviene señalar los motivos que (según la ley) permitirán dar por concluido un proceso concursal, los cuales son: 

 

  • Cumplimiento íntegro del acuerdo homologado.
  • Culminación de la liquidación y pago a los acreedores.
  • Inexistencia de activo concursal.
  • Por acuerdo extrajudicial unánime con todos los acreedores sin oposición en el trámite de homologación.
  • Por el pago total de acreedores.
  • Por la extinción de todas las obligaciones del concurso.

De esta manera, con la presente entrega hemos abarcado el marco general de la nueva legislación concursal, esperamos que todas las entregan le hayan permitido al lector tener un mejor entendimiento de la Ley Concursal. En la próxima y última entrega nos enfocaremos en disposiciones especiales contenidas en la ley.

 

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