COVID-19 y el Sistema financiero: Medidas adoptadas por el Gobierno de Costa Rica y reguladores

Escrito por:
Socio, Randall Barquero
rbarquero@consortiumlegal.com
Consortium Legal – Costa Rica

Esta semana el Gobierno de la República, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), aprobaron varias medidas y disposiciones de carácter monetario y financiero, con el propósito de mitigar el impacto económico sufrido por nuestro país por la pandemia del COVID-19.

  • El BCCR aprobó una reducción de las siguientes tasas a partir del 17 de marzo del 2020: (i) Tasa de Política Monetaria en 100 puntos base, para ubicarla en 1,25% anual, (ii) tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo a 0,01% anual; (iii) tasa de interés bruta de la Facilidad Permanente de Crédito a 2,00% y (iv) tasa de la Facilidad Permanente de Depósito del Mercado Integrado de Liquidez a 0,01%.
  • El CONASSIF amplió al 30 de junio de 2021, la posibilidad de renegociar hasta 2 veces las condiciones pactadas de los créditos, sin que estos sean considerados una operación especial y por lo tanto esos ajustes no incidirán negativamente en la calificación crediticia de los deudores del sistema financiero. La medida incluye los créditos mayores a 100 millones de colones (aproximadamente US$176,400), los cuales anteriormente no calificaban para ello. Adicionalmente, las operaciones menores a ese monto que a la fecha hayan tenido ya 2 readecuaciones en los últimos 24 meses, podrán readecuar su operación por una vez más durante el periodo que finaliza el 30 de junio de 2021, sin calificar como operación especial.
  • La SUGEF ajustó el mínimo de acumulación de estimaciones contracíclicas para ubicarlo en un 0% con el fin de que las entidades financieras puedan colocar en créditos, los montos que hubieran destinado a esas estimaciones.
  • El Gobierno de la República giró una directriz en la que instruyea los bancos comerciales propiedad del Estado a tomar las medidas necesarias para readecuar los créditos de los deudores afectados, incluyendo la disminución en las tasas de interés, extensión del plazo, prórroga en el pago del principal y/o de los intereses, y aceptar pagos extraordinarios al principal sin penalidad. Asimismo, en dicha directriz se insta a todas las demás entidades financieras que operan en el país para aplicar medidas en el mismo sentido.

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