Costa Rica: Consideraciones generales para la contratación de personal extranjero después de la pandemia

Escrito por:

Jose Andrés Gutiérrez

 

Nuestra Constitución Política es clara en indicar que los extranjeros gozarán de los mismos deberes y derechos individuales y sociales que un costarricense (Artículo 19), esto incluye por lo tanto el derecho a poder trabajar en el país. Por este motivo es importante contar con algunas consideraciones básicas al momento de realizar contrataciones de personas extranjeras, más aún teniendo en consideración algunos cambios que la pandemia del COVID-19 ha incorporado en él sistema de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

 

El primer paso, es conocer el estatus migratorio con el que cuenta la persona extranjera, para determinar si posee las capacidades legales para trabajar. El simple hecho de presentar o adjuntar a la aplicación laboral un Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros (conocido como DIMEX), no otorga necesariamente un estatus válido para poder laborar en Costa Rica, pues existen residencias temporales como la de dependiente, que si bien da un estatus de legalidad dentro del país no otorga un permiso laboral. Pasa lo mismo con la categoría migratoria de rentista que, si bien es cierto, otorga un permiso laboral para desarrollar una actividad económica independiente, no le otorgaría la posibilidad de ser una persona asalariada, o contratado por un patrono.

 

Partiendo del hecho que dicho extranjero vaya a solicitar por primera vez una residencia (y permiso de trabajo) o realizar el cambio de categoría migratoria para poder laborar, es importante validar su estatus legal dentro del país. Si la persona estará solicitando un trámite por primera vez, e ingresó como Turista, es vital conocer el tiempo de permanencia otorgado mediante el sello de entrada estampado en el pasaporte, pues es requisito tener una estadía valida para poder cambiar dicho estatus. Si bien era común antes de la pandemia que se otorgara el máximo de 90 días, como permanencia legal en el país, la realidad es ahora muy distinta y los tiempos de permanencia se han visto reducidos. Desde que se abrieron fronteras aéreas para el turismo el 01 de noviembre de 2020[1], uno de los requisitos incorporados como nuevos para el ingreso, es contar con un seguro de viaje por un plazo igual al que se estará en el país. Por este motivo, si una persona adquiere un seguro de viaje con una cobertura de tan solo 15 días, por ejemplo, es probable que su tiempo de permanencia autorizado será limitado a ese periodo, por lo que se debería pedir una prórroga de su estadía como turista.

 

De conformidad con las nuevas medidas administrativas establecidas en la Resolución DJUR-01-01-2021JM, publicadas en el Alcance N°5 a la Gaceta N°6 de fecha 11 de enero del 2021, los requisitos para poder solicitar la extensión de visa como turista de hasta 90 días, exige la presentación y ampliación del seguroEl seguro deberá cubrir al menos los gastos de alojamiento y gastos médicos que pueda generar la enfermedad del COVID-19. Este seguro podrá ser uno de los ofrecidos por alguna de las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General de Seguros en Costa Rica y debidamente registrado ante dicha autoridad, o un seguro de viaje con cobertura internacional.

 

Si la persona extranjera ya cuenta con una oferta laboral, se deberá solicitar una cita para la presentación del trámite. Dicha cita puede ser solicitada por el extranjero, o la persona que vaya a realizar el trámite migratorio. Como medida para no saturar las áreas de servicio, la DGME habilitó el centro de atención telefónica 1311 para poder agendar citas para los diversos trámites que ofrece la institución, de forma previa.  El inconveniente es que dichas citas para presentaciones están siendo otorgadas con mucha posterioridad (unos 4-5 meses de la solicitud telefónica), pues existe un número máximo de personas que pueden ingresar por día; además hay que tener en cuenta el mayor volumen de nuevas solicitudes que han ingresado, dado que no se pudieron realizar entre los meses de marzo a noviembre del 2020, por motivos del cierre de la DGME. Esta demora, entre la fecha que se solicita la cita y la de presentación, ha creado un vacío legal sobre el estatus temporal de las personas extranjeras, pues casi garantizado, va a excederse del tiempo máximo como turista.

 

 De acuerdo con la información provista por el centro de atención de llamadas de la DGME  a nuestro equipo legal, la recomendación y requisito esencial será verificar que, al momento de hacer la cita telefónica, se logre demostrar que la persona tenía un permiso de estancia legal como turista, y se verificará dicho estatus con el día de solicitud y no el del día de presentación. Esta extensión o suspensión del plazo de vencimiento, aplicará también para la validez de los documentos emitidos en el extranjero, pues se buscará que su vigencia coincida con la del momento de solicitud de la cita.

 

En los casos que una empresa vaya a transferir personal de una filial en el extranjero a nuestro país, siempre es recomendable buscar la asesoría necesaria de previo a la llegada del extranjero; pues hay una serie de documentos que se ocuparan sean emitidos en su país de origen, o el lugar de residencia donde haya vivido por los últimos años, como por ejemplo el certificado de antecedentes penales, certificados de soltería y/o matrimonio o diplomas universitarios.

 

Estos documentos siempre deberán ser legalizados en el país de emisión, o debidamente apostillados, si son países signatarios del Convenio de la Haya, lo que facilita el método de legalización de estos. El contar con la debida asesoría de previo al inicio del proceso, se facilita la reducción de los tiempos del trámite migratorio

 

Una práctica común, debido a los largos tiempos de espera en la emisión de una aprobación de residencia, es que los empleados extranjeros inicien sus labores sin contar con el estatus legalmente válido para hacerlo (pese a los riesgos que esto implica), que en esencia sería la resolución de aprobación de su estatus y debida tramitación de su DIMEX. Sin embargo, las obligaciones obrero-patronales surten efectos desde el primer día en que inicia dicha relación dentro del país. Las personas trabajadoras extranjeras deben verificar que se les apliquen sus derechos, caso contrario acudir a las instituciones competentes (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros entre otros); el hecho de estar en condición migratoria irregular no exime a la persona empleadora de todas sus obligaciones laborales. Motivo por el cual las empresas y patronos están en la obligación de cumplir con las obligaciones como sí se tratara de una nueva contratación de un nacional. El no hacer dicha inscripción puede acarrear con multas adicionales para la empresa contratante por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social.

 

Recuerden que la Ley de Migración establece como una responsabilidad del empleador, el verificar la permanencia legal de la persona trabajadora extranjera, pues la Ley indica que aquel patrono que contrate a personas extranjeras en condición irregular se expondrá a con una multa que oscilará entre dos veces y hasta doce veces el monto de un salario base[2] (Artículo 177 Ley 8764). Por lo explicado siempre es importante que usted como empresario se encuentre asesorado acerca de las contingencias legales que pueden surgir en el giro normal de su negocio. Acérquese a Consortium Legal, su firma legal de negocios, donde nuestros abogados expertos en el derecho migratorio le podrán brindar asesoría y asistencia tramitación de estos procesos

 

[1] No se permitirá el ingreso de turistas por esta vía terrestre excepto aquellos casos de qué manera expresa se indican en el decreto 42690-MGP-S, dicha medida se mantendrá vigente hasta el 01 de marzo 2021​ con posibilidad de ser revisada y analizada por el Poder Ejecutivo para su ampliación de conformidad con el comportamiento epidemiológico de la enfermedad. (Decreto N° 42824-MGP-S)

 

[2] De acuerdo con la estipulado por El Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión Nº 119-20, el monto utilizado para fijar el salario base es de ¢462.000.00

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