CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA Y RECONOCIMIENTO LOCAL EN EL SALVADOR

Hoy, 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, día en el cual se recuerda la relevancia de este líquido esencial. Dicha celebración tiene por objetivo concientizar a las personas e instituciones a nivel mundial, sobre la crisis que actualmente sufre el agua y la necesidad de buscar medidas correctas para su manejo y gestión. Todo esto, en la búsqueda de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 6 de la ONU: Agua y saneamiento para todos antes de 2030.

 

Este importante día se celebra desde 1992, año en el que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro. Ese mismo año se adoptó la resolución y fue el 22 de marzo de 1993 el primer año en que se celebró.

 

Al ser esta una iniciativa mundial, El Salvador se ha sumado a la causa del cuido y buena gestión del agua, desde los años ochentas, cuando se impulsaron iniciativas de reforma al ordenamiento jurídico salvadoreño en la materia, sin embargo, en el contexto del conflicto armado, este proceso no tuvo continuidad y es hasta el periodo identificado como postguerra que se retoma nuevamente la iniciativa. Por otro lado, a finales de los  años setenta, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyó la elaboración del PLAMADARH o “Plan Maestro de Desarrollo Aprovechamiento de los Recursos Hídricos,” el cual se concluyó en 1982. En materia legal, en Diciembre de 1981, se decretó una escueta “Ley sobre Gestión Integrada de Recursos Hídricos” con apenas seis artículos y el reglamento correspondiente de Marzo de 1982, le asignó al Ministerio de Planificación la responsabilidad de preparar el Plan Nacional de Aprovechamiento Múltiple de los Recursos Hídricos, así como un proyecto de Ley General de Aguas, el cual fue presentado a finales de 1983.

 

Los problemas de escasez y contaminación del agua se magnifican por los vacíos y contradicciones institucionales. El conjunto de leyes y reglamentos relativos a la gestión de los recursos hídricos es disperso, con serios traslapes de jurisdicción y responsabilidades de aplicaciones de las instituciones públicas como ANDA, CEL, MAG, MOP, MINSAL y MARN entre otros.

 

La mayoría de las instituciones desarrollan actividades encaminadas a satisfacer usos que se contraponen y generan competencia por otros usos específicos del recurso. El marco institucional tampoco da respuesta a los crecientes conflictos entre usuarios y comunidades. En síntesis, la crisis del agua, en sus distintas manifestaciones evidencia el alcance extremadamente limitado de los esquemas de gestión prevalecientes. En este sentido, la gestión de los recursos hídricos, además de superar la fragmentación institucional de los entes que intervienen en la gestión de los múltiples usos del agua, también debe introducir las funciones estratégicas de protección para garantizar la disponibilidad del recurso.

 

Varios proyectos de Ley se ensayaron a través del tiempo y varias consultorías en las diferentes administraciones del GOES fueron contratadas y entregaron versiones propias sobre el producto final del proyecto de Ley. Existió  en efecto, gran preocupación de los actores del subsector de agua y saneamiento por la coherencia entre el marco regulatorio, en formulación y la sostenibilidad real de las iniciativas de “descentralización” y modalidades de concesión implementadas y por implementar, sobre todo si se considera la precaria información sobre criterios básicos de selección de los casos pilotos, así como los soportes financieros y técnicos para la implementación de los planes pilotos y la escasa o nula participación de los beneficiarios y/o receptores de los sistemas. La posibilidad inmediata de reforma del sector hídrico y del subsector de agua potable y saneamiento, y los intentos de descentralizar el abastecimiento del recurso presentaban riesgos si se desarrollaba de manera desordenada e inconsulta.

 

Pero al final del proceso se tiene una ley desarrollada de manera concertada, tomando en cuenta las lecciones de la reflexión y experiencia internacional, y la gravedad de los problemas relacionados con el agua en El Salvador, colocándonos frente a una gran oportunidad para avanzar hacia una verdadera gestión integrada del recurso.

 

El pasado 21 de diciembre del 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, la cual es una nueva ley general sobre el agua y es de orden público. Con 9 títulos y 179 artículos, esta nueva ley reconoce al agua como un derecho humano y estipula que el agua no puede ser privatizada, reconoce y declara que el derecho a la salud y a la vida esta intrínsecamente relacionado con tener garantizado el acceso al agua potable y al saneamiento. Otra acción sumamente relevante dentro de la ley, es la creación de una nueva autoridad nacional de los recursos hídricos: Autoridad Salvadoreña de Agua (ASA), quien estará a cargo de regular la calidad del recurso, y estipula subsectores y entidades competentes para cada una de ellos.

 

Esta ley reconoce el agua como un bien de uso público y su conservación es responsabilidad de todos. En el ejercicio del reconocimiento del agua, la ley afirma que el uso prioritario del agua es el consumo humano y doméstico, el cual tendrá prioridad sobre cualquier otro uso y, en consecuencia, se considera un fin fundamental del Estado. Además, se regula protección de aguas superficiales y subterráneas, el aprovechamiento de aguas lluvias, la creación de un Registro Nacional de Recursos Hídricos.

 

La ley regula através de el ASA el aprovechamiento que toda person, natural o júridica, pública o privada, puede darle al agua, y es la responsable de otorgarar las aprobaciones para su gestión. De no ser así, se enfrentarían al régimen sancionatorio, con multas que oscilan entre los $365 a los $3,650,000.

 

Actualmente, el principal proveedor de servicios de agua y aguas residuales es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), que sirve al 40% de la población de El Salvador. Pese a los esfuerzos y gestiones realizadas en el manejo del agua y por consecuencia, del saneamiento, El Salvador es uno de los países de Centro Amèrica con más déficit en la correcta gestión de aguas residuales.

 

El correcto uso y gestión del agua en El Salvador, se ve regido por el sistema legislativo y la correcta interpretación de las leyes, incluída la nueva normativa, forma con la garantizan el cuido de este importante y vital recurso.

 

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