Guatemala: Análisis de Ley de Leasing y sus consecuencias fiscales

Por: Diego Alejos y Alejandra Fuentes-Pieruccini

 

Recientemente se aprobó el Decreto 02-2021 en el Congreso de la República, el cual contiene la Ley de Leasing. Dicha ley tiene como fin último, al igual que la Ley de Factoraje, desarrollar la economía nacional, proveyendo a los individuos nuevos métodos de obtención de fondos por medio de figuras legales simples y acorde a sus necesidades.

 

A la fecha las instituciones o personas que se han dedicado al leasing han aplicado a dicho contrato las normas existentes en nuestro ordenamiento jurídico. Esto no quiere decir que dicha aplicación sea adecuada o que las mismas logren establecer adecuadamente los derechos y obligaciones que derivan de dicho contrato para las partes involucradas. Esto es más notorio en materia fiscal puesto que cada arrendador ha tenido que depender de interpretaciones a las normativas aplicables al momento de establecer el tratamiento fiscal a dar al contrato de leasing y a los bienes objeto de este, lo cual en más de una ocasión ha llevado a discusiones con el ente regulador en materia fiscal.

 

En atención a lo anterior, y para dotar de mayor seguridad jurídica dichas transacciones, se aprobó la Ley de Leasing. Es menester señalar que dicha ley distingue entre el leasing financiero y el leasing operativo. De conformidad con dicha norma el leasing financiero es un instrumento para financiar la adquisición de bienes. Por su parte el leasing operativo es un instrumento para financiar el uso de bienes por plazos acordados por las partes, usualmente para fines industriales. Sin embargo, la ley también hace alusión a los distintos tipos de leasing financiero, definiendo los siguientes contratos de leasing financiero: Contrato de Leasing Financiero, Contrato de Leasing Financiero Habitacional o de Vivienda, Contrato de Leasing Financiero Habitacional o de Vivienda de Interés Social y el Contrato de Leasing Financiero Inmobiliario.

 

La ley establece que una persona jurídica que participa en el contrato de leasing como arrendadora deberá tener comprendido dentro de su objeto social la actividad de leasing, arrendamiento operativo, arrendamiento financiero, según sea la actividad a la que dicha entidad se dedique. En materia fiscal, esto tiene como consecuencia que las rentas generadas en virtud de dicha actividad se encuentran sujetas a la categoría de Rentas de Actividades Lucrativas, de acuerdo con la ley que regula el Impuesto Sobre la Renta en Guatemala.

 

Dentro de la regulación de la ley, se establece una amplia protección al arrendador. Esto en virtud que aclara que, aunque este no sea el propietario del bien, no será responsable ni penal ni civilmente, por cualquier daño o perjuicio que cause el arrendatario a terceros con los bienes objeto del contrato de leasing. Derivado de lo anterior se establece que al arrendador no le será aplicable el artículo 1651 del Código Civil. Esta exención de responsabilidad no aplica en los casos que el contrato se celebre sobre vehículo destinado a trasporte comercial o de pasajeros, en cuyo caso, la responsabilidad será solidaría entre las partes.  

 

Esta ley tiene carácter supletorio, al igual que la Ley de Factoraje la Ley de Leasing  por lo que las partes tienen la libertad de pactar los términos y condiciones que les resulten más convenientes. Dicho cuerpo normativo establece que no son susceptibles de pacto aquellos aspectos relacionados con el registro y los efectos fiscales de la transacción, puesto que las mismas tienen por objeto transparentar dichas transacciones para beneficio de las partes y de terceros.

 

Derivado de las diferencias de criterio generadas por la operación de Leasing con la Administración Tributaria, la ley establece una sección específica sobre el tratamiento fiscal de la operación. Esto busca generar certeza jurídica sobre las consecuencias fiscales de la operación. Dentro de las consecuencias fiscales se establece que las rentas pagadas en virtud del contrato deberán facturarse y el arrendatario podrá registrarlas como costos y gastos deducibles. Asimismo, se establece que el arrendatario registrará los bienes como arrendamiento financiero y los amortizará de acuerdo con las rentas pagadas.

 

En caso se ejerza la opción de compra, queda establecido que el impuesto que grava la venta se calculará sobre el valor residual a pagar por parte del arrendatario. Si se trata de bienes inmuebles, si ese bien ya ha sido tramitado previamente y en consecuencia se hubiera tributado Impuesto al Valor Agregado, la transmisión en virtud del ejercicio de la opción de compra estará afecta al Impuesto del Timbre. En caso de que el valor residual sea inferior al valor que tiene un bien en matrícula fiscal, se tomará como valor del bien este último solo a efecto de su registro por tal valor en el Registro de la Propiedad y en el catastro municipal que corresponda.

 

Por último, se hace alusión a otro tema novedoso en dicha ley. Esta Ley establece diferentes formas procesales de solicitar el cumplimiento de la obligación.

 

A nuestro criterio, esta ley es un gran avance en temas normativos, no solo por el contenido de esta, sino porque esta busca regular adecuadamente una figura legal que hasta la fecha se aplicaba en el país sin tener un marco regulatorio adecuado.

Ir arriba