Guatemala: 5 cláusulas contractuales que determinan el éxito del litigio

Escrito por:

Elías Arriaza

 

Es importante que todo el contrato contenga términos claros que regulen los derechos y obligaciones de las partes. Sin perjuicio de lo anterior, la experiencia permite identificar ciertas cláusulas o condiciones que de forma frecuente son el punto de inflexión para lograr un resultado favorable en el litigio.

 

  1. Sujetar el cumplimiento de obligaciones a hitos permite evitar la excepción del contrato no cumplido

Mientras el contrato se encuentre vigente, las partes deben cumplir con las obligaciones que cada cual adquirió. ¿Qué ocurre entonces cuando una de las partes incumple con su obligación? ¿la otra parte debe cumplir la propia?

 

El artículo 1432 del Código Civil dispone que ninguno de los obligados incurre en mora sino desde que alguno de ellos cumple su prestación. Es decir, para que sea viable que una de las partes reclame el incumplimiento de la otra, es necesario que la primera a su vez no se encuentre en incumplimiento.

 

Desatender lo anterior da lugar a la defensa conocida como excepción de contrato no cumplido. Dicha defensa consiste precisamente en señalar que un reclamo es improcedente en consideración a que la contraparte a su vez se encuentra en incumplimiento.

 

Dicha situación podría provocar un desbalance económico en el contrato. Ello en virtud de que, para poder reclamar el incumplimiento de la contraparte, se deberá incurrir en el costo que implica cumplir con la propia obligación, a pesar de no estar recibiendo total o parcialmente la prestación esperada a cambio.

 

Una solución para evitar ese desbalance económico sin comprometer la posibilidad de reclamar el incumplimiento de la contraparte consiste en sujetar las prestaciones a fases o hitos. De esa forma, quedará estipulado que para tener la obligación de pago o de prestar un servicio o de entregar un producto, es necesario que la otra parte haya cumplido con la prestación mínima esperada.

 

Al utilizar la estructura de fases o hitos podrá realizarse entonces el reclamo sin depender del propio cumplimiento total del contrato.

 

  1. Regular la terminación anticipada del contrato alivia las cargas de un contrato vigente durante la ventilación de la disputa

Este tema está relacionado con el anterior, pero con alcances particulares.

 

El contrato puede terminar: cuando se realiza la condición resolutoria expresa, en cuyo caso no es necesaria declaración judicial; cuando una de las partes falta al cumplimiento de su obligación (resolución implícita), para lo cual se necesita declaración judicial; o, por recisión, para lo cual es necesario el mutuo consentimiento o declaración judicial en los casos que establece la ley (artículos 1519, 1534, 1535 y 1579 del Código Civil).

 

El tiempo para obtener un fallo firme que declare la resolución o rescisión del contrato puede ser considerable, de varios años. El hecho de que se mantenga la vigencia durante ese tiempo dará cabida a distintas afectaciones a las partes, por ejemplo: costo de garantías, obligación de mantener recursos disponibles, cláusula de no competencia, obligación de no utilizar know-how o información, etc.

 

De esa cuenta, la posición estratégica para ventilar las diferencias en un proceso puede quedar comprometida por la presión del tiempo que llevará agotar el litigio.

 

En el contrato es posible anticipar una salida, acordando el procedimiento para que las partes terminen el contrato de forma unilateral, sin necesidad de esperar una declaración judicial. Usualmente ese procedimiento comprende un aviso de incumplimiento, un período de subsanación y un aviso de terminación.

 

Aun cuando la otra parte dispute la validez de la causal invocada, esa controversia podrá ventilarse sin las cargas que implica mantener vigente el contrato.

 

  1. La cláusula penal o indemnizatoria permite limitar riesgo y reclamar daños de difícil comprobación

La ley reconoce el derecho de las partes de fijar anticipadamente una cantidad en compensación de los daños y perjuicios por incumplimiento del contrato (artículo 1436 del Código Civil). En ese caso, el acreedor no está obligado a probar los daños y perjuicios. A esta cláusula se le conoce como indemnizatoria o cláusula penal.

 

El beneficio de esta cláusula es en ambas vías. Por un lado, permite colocar un techo al riesgo de un reclamo por incumplimiento, evitando demandas planteadas con mala fe procesal por montos exorbitantes cuya finalidad es forzar una negociación.

 

Por el otro, viabiliza el reclamo de daños y perjuicios cuya existencia y cuantía puede ser difícil de demostrar. Por ejemplo, daños a la reputación comercial, daños por contratación de personal, afectación a la demanda de un producto o servicio.

 

  1. Cláusula de resolución de conflictos (vía y fuero)

No existe una fórmula mágica para el contenido de esta cláusula, lo importante es tomar las elecciones de forma meditada.

 

Una de las elecciones consiste en la vía judicial o la arbitral. Se le atribuye al arbitraje como ventajas el menor tiempo para resolver la disputa y la mejor posibilidad de que el caso sea resuelto por un tribunal con la suficiente especialización y disponibilidad de agenda; en contrapartida, los costos inmediatos del arbitraje serán mayores a los de la vía judicial.

 

Otro tema que debe ser abordado es el fuero o lugar en el que se resolverá la disputa. Conforme a la ley, el juez competente será el del domicilio del deudor o el del lugar en el que se encuentre el inmueble (existe casos especiales). Según la complejidad del asunto, es posible que el juez competente según esas reglas no sea el más adecuado; de igual forma, se incrementarán los costos si ese juez se encuentra alejado del lugar en el que la parte actora o sus abogados tienen el centro de sus operaciones.

 

Respecto al arbitraje, en ocasiones las partes prefieren someterse a un centro internacional por temor a posibles sesgos por el inevitable conocimiento general de las partes en disputa o de fallos salomónicos en atención a las repercusiones que podría tener la decisión en la localidad. Sin ánimo de entrar a comentar sobre la validez de esas consideraciones, lo que resulta pertinente para los propósitos de este artículo es mencionar que al someter el arbitraje a un centro internacional deberán tomarse en cuenta los mayores costos que ello implicará, tanto por los honorarios del centro como de los asesores legales.  

 

  1. Definir personas y vías de comunicación

Es usual que durante la vida de un contrato se requieran informes, constancias de recepción de productos o servicios, aprobación de ampliaciones presupuestarias, avisos de inconformidades, etc.

 

En caso de surgir un litigio, resulta deseable evitar innecesarias discusiones sobre: las facultades suficientes de quienes emiten esas comunicaciones en nombre de las partes, o incluso, si forman parte o no de las organizaciones; constancias con firmas sin autor conocido; validez de sellos, etc.   

 

Para ello, será de utilidad definir en el contrato o en un adendum las personas autorizadas para emitir esas comunicaciones y en su caso, el canal de entrega ya sea físico o electrónico.

 

Concluyo con el siguiente pensamiento: un primer paso para un litigio exitoso es un contrato claro, completo y congruente.

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