La Ley General del Sistema Portuario Nacional (Decreto 20-2026), publicada el 2 de septiembre de 2026 y vigente desde el 2 de octubre de 2026, tiene como objetivo principal modernizar la gobernanza y la infraestructura portuaria del país. Sin embargo, su alcance trasciende el sector portuario, al introducir reformas a la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89), la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 68-86), la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto 26-97) y la Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala (Decreto 126-97).
Estas modificaciones tienen implicaciones no solo para los operadores portuarios, sino también para empresas industriales, inmobiliarias y logísticas, así como para desarrolladores de infraestructura, particularmente en materia de evaluación ambiental, inspecciones, áreas protegidas y autorizaciones sectoriales.
I- Reformas a la Ley de Áreas Protegidas
Se incorporan criterios para conciliar la conservación con el desarrollo social, económico y tecnológico. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), como autoridad de áreas protegidas, deberá realizar las adaptaciones que permitan el aprovechamiento sostenible para infraestructuras, actividades económicas o proyectos declarados de utilidad o interés público mediante decreto o acuerdo gubernativo. Los planes maestros aprobados por el CONAP deberán contemplar zonas de manejo especial, evaluación ambiental estratégica coordinada con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), compatibilidad con planes nacionales de infraestructura y medidas de prevención, mitigación y restauración equivalentes al impacto generado. Estos planes se revisarán cada cinco años y podrán revisarse de forma anticipada a solicitud de parte, incluso para identificar infraestructura declarada de interés nacional o utilidad pública. En todo caso, la declaratoria de interés público no sustituye los permisos ni la evaluación ambiental aplicables.
II- Reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente
Se incorporan principios de coordinación, objetividad, prevención, proporcionalidad y debido proceso. En ese sentido, la celeridad y la coordinación interinstitucional no podrán comprometer la objetividad, la prevención ni la proporcionalidad en la evaluación técnica del impacto ambiental.
En las inspecciones que realice la autoridad ambiental, el inspector deberá exhibir una designación escrita, motivada, numerada y fechada; levantar acta con los hechos y la evidencia; y entregar al inspeccionado copia íntegra del acta y de la evidencia, así como notificarle los resultados de cualquier verificación científica. Además, se establece un plazo no menor de diez días hábiles, contado desde la notificación del acta, para presentar descargos. La resolución deberá estar motivada e indicar los recursos procedentes. Los inspectores responderán administrativa, civil y penalmente por actos arbitrarios o irregularidades. Asimismo, se reforma el artículo 19, literal c), de esa ley para permitir el aprovechamiento sostenible en áreas protegidas de proyectos declarados de utilidad e interés público.
III- Reformas a la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación
Se modifica el umbral general de antigüedad de determinados bienes culturales tangibles de 50 a 150 años, siempre que sean conservables técnica y económicamente, y se ajusta el procedimiento de declaratoria, sin excluir la protección de bienes más recientes en los supuestos previstos en la ley.
IV- Reformas a la Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala
Se adiciona el artículo 27 Quater, que incorpora el Usufructo Oneroso Portuario (USOP) como modalidad especial de aprovechamiento de las áreas de reserva territorial del Estado administradas por la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET). El USOP se perfecciona exclusivamente mediante un Contrato de Administración Portuaria y queda exceptuado de las prohibiciones de los artículos 4 y 8 de esa ley. La cesión de estas áreas requiere la acreditación del cesionario y la aprobación previa de la Autoridad Portuaria Nacional.
V- Plazos y acciones para las empresas
La ley establece los siguientes plazos, contados a partir de su entrada en vigencia: seis meses para las adecuaciones institucionales del MARN, el CONAP, el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) y la OCRET; doce meses para emitir el reglamento de infraestructura portuaria y marítima en áreas protegidas; veinticuatro meses para reglamentar las reformas ambientales; y treinta y seis meses para revisar los planes maestros de áreas protegidas costeras y marinas, proceso que deberá incluir participación pública y consulta a comunidades locales y sectores productivos.
En este contexto, es recomendable que las empresas verifiquen la ubicación y las autorizaciones de sus proyectos, actualicen sus protocolos de inspección y den seguimiento a la reglamentación, así como que evalúen su participación en los procesos de revisión de planes maestros que puedan afectar sus operaciones.
