En diciembre de 2025 entró en vigor en El Salvador la Ley para la Estabilidad del Sistema Financiero y Garantías de Depósitos. Su objeto es regular la preparación y ejecución de los procesos de recuperación y resolución de entidades financieras, así como las facultades de la Superintendencia del Sistema Financiero. Todo ello persigue una finalidad clara: proteger la estabilidad del sistema financiero, la continuidad de los servicios financieros esenciales y los derechos de los depositantes de entidades en problemas, haciendo prevalecer el interés público sobre el interés privado.
I- ¿A quiénes aplica la Ley para la Estabilidad del Sistema Financiero?
Según el artículo 2 de la Ley, esta es aplicable a:
- Los bancos regulados por la Ley de Bancos u otras leyes especiales; y
- Las Sociedades de Ahorro y Crédito, conforme a la ley que las regula.
Por su parte, la Ley exceptúa de su aplicación a los bancos que no sean miembros del Instituto de Garantías de Depósitos, sin perjuicio de lo establecido en sus leyes especiales.
II- Más que una ley de crisis: un enfoque preventivo
Aunque a primera vista podría considerarse una ley enfocada principalmente en la recuperación y resolución de entidades financieras en dificultades, una lectura más amplia permite identificar que sus disposiciones incorporan elementos que responden a un objetivo más ambicioso: fortalecer la resiliencia del sistema financiero mediante mecanismos preventivos, de coordinación institucional y de gobierno corporativo.
III- ¿Qué es la resiliencia financiera?
La resiliencia puede entenderse como la capacidad de una entidad o del propio sistema financiero para anticipar, resistir, adaptarse y recuperarse de eventos adversos sin comprometer la continuidad de sus funciones esenciales. Esta noción se encuentra reflejada en la propia Ley cuando define la Estabilidad del Sistema Financiero como la característica que permite al sistema funcionar efectivamente pese a la presencia de eventos adversos, conservando la confianza del público y manteniendo el desempeño normal de la economía. Desde esta perspectiva, la Ley no se limita a regular escenarios de crisis, sino que establece un conjunto de herramientas destinadas a fortalecer la capacidad de las instituciones financieras para enfrentar situaciones de estrés antes de que estas comprometan la estabilidad del sistema.
IV- Gobierno corporativo: el eje de la resiliencia
En efecto, un sólido marco de gobierno corporativo no solo contribuye a la protección de los inversionistas y al acceso al financiamiento, sino también a la sostenibilidad y la resiliencia de las empresas e, incluso, de la economía en su conjunto.
En este sentido, uno de los aspectos relevantes de la Ley es la responsabilidad que atribuye a los órganos de administración de las entidades financieras respecto de la aprobación y la actualización de un Plan de Recuperación. De esta forma, la resiliencia deja de ser una responsabilidad del supervisor y pasa a ser un deber inherente a la gobernanza de cada institución financiera. Así, cada entidad debe elaborar, aprobar y actualizar dicho plan en función de su tamaño, su perfil de riesgo, su importancia en los sistemas de pago y su impacto en la estabilidad del sistema financiero, cumpliendo en todo momento los requerimientos mínimos establecidos en la Ley.
V- Planes de recuperación: la prevención en la práctica
Los planes de recuperación previstos en la Ley reflejan precisamente esta visión preventiva y deben incluir indicadores cuantitativos y cualitativos que se tendrán como referencia para emprender las acciones previstas. En términos de gobierno corporativo, ello implica que los órganos de administración deben comprender adecuadamente el perfil de riesgos de la entidad, supervisar su evolución y adoptar decisiones oportunas para mitigar potenciales impactos.
Adicionalmente, resulta particularmente relevante que la Ley faculte a la Superintendencia del Sistema Financiero para exigir el fortalecimiento de procesos, sistemas, mecanismos y estrategias de gobierno corporativo, gestión y control de riesgos, control interno y auditoría como medidas de recuperación. Esta disposición confirma la importancia del gobierno corporativo como una herramienta de resiliencia financiera y no únicamente como un conjunto de requisitos de organización empresarial. El fortalecimiento de las estructuras de gobierno deja de ser un objetivo aislado para convertirse en un instrumento destinado a preservar la estabilidad de las instituciones y proteger los intereses de los depositantes.
Asimismo, la Ley incorpora mecanismos orientados a garantizar la continuidad de servicios financieros esenciales y la protección de los depositantes, objetivos que reflejan una visión integral de la resiliencia financiera.
VI- Conclusión: la resiliencia como pilar de la estabilidad financiera
En conclusión, la Ley para la Estabilidad del Sistema Financiero y Garantías de Depósitos puede entenderse como una normativa que evidencia la estrecha relación entre estabilidad financiera, gestión de riesgos y gobierno corporativo. Su estructura refleja una transición desde modelos centrados exclusivamente en la supervisión prudencial hacia esquemas que reconocen la importancia de la preparación institucional, la responsabilidad de los órganos de administración y la coordinación interinstitucional como pilares fundamentales de la resiliencia financiera. La Ley no solo establece mecanismos para enfrentar crisis, sino que promueve condiciones para que las entidades financieras desarrollen capacidades internas que les permitan anticipar, resistir y superar escenarios adversos, contribuyendo así a la estabilidad y confianza en el sistema financiero en su conjunto.
En Consortium Legal acompañamos a bancos, sociedades de ahorro y crédito y demás actores del sistema financiero en la adecuación de sus estructuras de gobierno corporativo y en la preparación de sus planes de recuperación conforme a la nueva Ley. Si desea evaluar el nivel de preparación de su entidad, nuestro equipo de Banca y Finanzas en El Salvador está a su disposición.