El Congreso Nacional discute actualmente el Proyecto de Ley Marco para la Regulación de la Cadena de Comercialización de Hidrocarburos, Biocombustibles y sus Mezclas, una iniciativa que busca establecer un régimen integral de control, supervisión y vigilancia para las actividades relacionadas con dicha cadena en el país.
De aprobarse, la Ley tendría un impacto directo sobre importadores, terminales de almacenamiento, distribuidores mayoristas, revendedores, estaciones de servicio, plantas envasadoras de GLP, empresas con instalaciones de consumo propio, transportistas y proveedores de servicios conexos a la cadena de comercialización. La autoridad responsable de la regulación, supervisión y aplicación de la ley sería la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB), adscrita a la Secretaría de Energía. El proyecto también contempla la derogación del decreto que creó la Comisión Administradora del Petróleo (CAP), por lo que la DGHB asumiría las funciones regulatorias y de supervisión actualmente ejercidas por dicha entidad.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la creación de un sistema obligatorio de registros, permisos y licencias. Los permisos estarían destinados a actividades específicas o temporales, tales como construcción, ampliaciones, importaciones temporales, exportaciones, reexportaciones, cierres temporales de operaciones y, en determinados casos previstos por la ley, actividades de comercialización que requieran autorización expresa de la autoridad competente. La vigencia de los permisos variaría según su naturaleza y las disposiciones específicas previstas en la ley y su reglamento. Por su parte, las licencias permitirían la operación permanente de las distintas modalidades de negocio reguladas y tendrían una duración de entre tres y siete años, sujetas a renovación.
Para obtener los permisos y licencias, los solicitantes deberían acreditar requisitos legales, fiscales, municipales, técnicos y de seguridad. El reglamento desarrollaría requisitos específicos para cada modalidad de operación.
El proyecto también establece obligaciones para los Agentes Operadores en la cadena de comercialización, incluyendo el suministro de información a la DGHB, el mantenimiento de estándares de calidad y seguridad, la trazabilidad de los productos comercializados, la contratación exclusiva de proveedores autorizados y la obtención previa de permisos para modificaciones o ampliaciones de instalaciones. Asimismo, se prohíben determinadas actividades, como la comercialización de combustibles desde instalaciones autorizadas únicamente para consumo privado y la operación de estaciones de servicio móviles o mini gasolineras portátiles destinadas a la venta al público.
En materia sancionatoria, la DGHB tendría amplias facultades de inspección, fiscalización e imposición de sanciones. Las infracciones se clasificarían en leves, menos graves y graves, tomando en consideración factores como el riesgo generado, la reincidencia, la afectación al abastecimiento, a la seguridad industrial, al medio ambiente y a la protección del consumidor. Las sanciones podrían incluir multas, suspensión o cancelación de autorizaciones, sin perjuicio de eventuales responsabilidades civiles o penales.
La iniciativa representa uno de los cambios regulatorios más importantes para el mercado hondureño de hidrocarburos en los últimos años y, de ser aprobada, requerirá que los participantes del sector revisen sus estructuras operativas, esquemas de cumplimiento y procesos de autorización para adecuarse al nuevo marco legal.