I- Introducción
En las próximas semanas se espera que el Congreso de la República continúe con la discusión de la iniciativa denominada “Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo” (Iniciativa 6593). La propuesta plantea cambios relevantes al régimen actual de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Guatemala, incluyendo nuevas obligaciones para distintos sectores, mayores mecanismos de transparencia y la ampliación de sujetos obligados, entre ellos las fintechs y determinados profesionales independientes, como los notarios.
El presente artículo aborda el contexto normativo de la iniciativa, su estructura general y algunos de los principales cambios relacionados con sujetos obligados, beneficiario final, obligaciones de cumplimiento y medidas cautelares.
II- Contexto Normativo
Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) constituyen los principales estándares internacionales en materia de prevención y combate del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LD/FT/FPADM). Estas recomendaciones establecen medidas relacionadas con enfoque basado en riesgo, debida diligencia, beneficiario final, conservación de información, reporte de operaciones sospechosas y programas de cumplimiento.
A este marco se suman con instrumentos como la Convención de Viena de 1988, la Convención de Palermo de 2000 y la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999.
Guatemala forma parte de estos esfuerzos internacionales y ha impulsado reformas orientadas a fortalecer su sistema de prevención y supervisión. La Iniciativa 6593 surge precisamente dentro de este proceso de actualización normativa y alineación con estándares internacionales.
Actualmente, el marco vigente se integra principalmente por la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y normativa emitida por la Intendencia de Verificación Especial (IVE). La iniciativa busca consolidar y ampliar este régimen bajo una regulación integral.
III- Estructura de la Nueva Ley
La iniciativa propone una estructura normativa más amplia que el régimen vigente, incorporando disposiciones sobre sujetos obligados, supervisión basada en riesgo, debida diligencia, beneficiario final, transparencia corporativa, conservación de información, reporte de operaciones sospechosas, cooperación interinstitucional, medidas cautelares y sanciones.
IV- Aspectos de interés
- Enfoque Basado en Riesgo
La iniciativa incorpora expresamente el enfoque basado en riesgo como eje del sistema de prevención, fortaleciendo las medidas de debida diligencia, conocimiento del cliente, monitoreo de operaciones y supervisión. Además, desarrolla disposiciones relacionadas con conservación de información, nuevas tecnologías y mecanismos de cooperación interinstitucional.
- Nuevos sujetos obligados (fintechs y notarios, entre otros)
La propuesta amplía significativamente el catálogo de sujetos obligados, incorporando proveedores de servicios de activos virtuales, determinadas fintechs, proveedores de servicios societarios o fiduciarios y otros actores vinculados a actividades consideradas de mayor riesgo.
De igual forma, incluye expresamente a profesionales y actividades no financieras designadas, tales como servicios jurídicos, notariales y corporativos cuando participen en actividades relacionadas con administración de activos, constitución de sociedades, manejo de fondos o transacciones inmobiliarias.
- Beneficiario final
La iniciativa fortalece las obligaciones relacionadas con identificación y transparencia del beneficiario final, incorporando mecanismos orientados a identificar a las personas individuales que poseen, controlan o se benefician de estructuras jurídicas y sociedades.
También contempla registros especializados relacionados con accionistas, tenencia accionaria y estructuras corporativas, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad y transparencia corporativa.
- Obligaciones de las personas obligadas
La propuesta incorpora obligaciones más robustas para sujetos obligados, incluyendo debida diligencia, monitoreo de operaciones, conservación de registros, programas de cumplimiento, evaluación de riesgos y reportes ante la IVE.
Adicionalmente, establece la obligación de contar con manuales y controles internos bajo un enfoque basado en riesgo, incluyendo políticas de debida diligencia, monitoreo, capacitación y mecanismos de reporte.
En el caso de los profesionales independientes, los abogados, notarios y otros prestadores de servicios profesionales podrían quedar sujetos a obligaciones específicas cuando participen en actividades consideradas de riesgo.
- Aspectos institucionales
La iniciativa fortalece las facultades de supervisión, coordinación e intercambio de información entre autoridades competentes, particularmente respecto de la IVE y otras entidades vinculadas al sistema de prevención de LD/FT/FPADM.
- Sanciones y delitos
La propuesta incorpora disposiciones sobre medidas cautelares, así como sobre la inmovilización y el aseguramiento de bienes vinculados a investigaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Adicionalmente, desarrolla un régimen más amplio de infracciones, sanciones y mecanismos de cooperación e intercambio de información orientados a fortalecer la investigación y recuperación de activos.
V- Próximos Pasos
En las próximas semanas será importante dar seguimiento al avance legislativo de la Iniciativa 6593 y a las posibles modificaciones al texto, particularmente respecto de nuevas obligaciones, mecanismos de transparencia y medidas de cumplimiento aplicables a distintos sectores económicos y profesionales. En ese contexto, las entidades y personas que podrían verse alcanzadas por la propuesta convendrían en evaluar desde ahora sus estructuras de cumplimiento, sus procesos de debida diligencia y sus mecanismos de identificación de beneficiarios finales bajo un enfoque basado en riesgo.
Considerando el alcance y complejidad de la iniciativa, resulta recomendable analizar oportunamente sus implicaciones regulatorias, operativas y de cumplimiento conforme avance el proceso legislativo.
En caso de requerir información adicional o de querer discutir aspectos específicos de la propuesta, puede contactarnos a: adominguez@consortiumlegal.com.